El Estado se ordena la ventanilla minera: nace el RIM y se acopla al RIGI

Los hechos y el análisis están separados por diseño: los primeros solo citan fuentes primarias y fueron auditados afirmación por afirmación. Al pie, la objeción de nuestra abogada del diablo, íntegra.

Los hechos

1. La Secretaría de Minería dictó la Resolución 68/2026 (RESOL-2026-68-APN-SM#MEC), firmada el 18/08/2026 por el secretario Luis Enrique Lucero y publicada el 19/08/2026. Rige desde su publicación y se aplica a los trámites en curso, salvo las declaraciones juradas ya presentadas, que se resuelven con la norma vigente al momento de presentarse.
2. La Ley 24.196, de 1993, instituye el Régimen de Inversiones para la Actividad Minera, obliga a los interesados a inscribirse en un registro y designa autoridad de aplicación a la Secretaría de Minería.
3. El antecedente inmediato es el Decreto 482/2026 (22/06/2026, publicado el 23/06), que sustituyó íntegramente el Anexo del Decreto 2686/1993 y otorgó 60 días corridos para dictar las normas complementarias. La resolución se publicó dentro de ese plazo.
4. El artículo 1° sustituye el anexo de la Resolución 30/2018. El artículo 2° aprueba el sistema Registro de Inversiones Mineras (RIM), en el que los beneficiarios se identifican por CUIT. El artículo 3° obliga a los prestadores de servicios mineros a constituir domicilio legal electrónico.
5. El artículo 4° deja sin efecto el artículo 4° de la Resolución 30/2018 y cuatro resoluciones anteriores: 191/1996, 6/2019, 118/2020 y 195/2021. Los considerandos de la propia norma hablan de “propiciar la derogación” de esas cuatro.
6. Registro de imprecisión en el texto oficial: la resolución fecha la Resolución 195/2021 de dos maneras distintas — los considerandos dicen 29 de junio de 2021 y el artículo 4° dice 28 de junio. El aviso original está fechado el 29/06/2021.
7. Todo trámite se realiza por la plataforma Trámites a Distancia con la CUIT del beneficiario. Las declaraciones juradas de los artículos 8, 12, 13, 18, 23 y 25 de la ley se presentan por cada proyecto minero y por ejercicio fiscal.
8. El artículo 3°, inciso a.2 del anexo unifica varios títulos bajo un único proyecto minero cuando se verifican al menos dos de tres condiciones: proximidad geográfica y continuidad geológica; infraestructura compartida de manera sustancial; plan de desarrollo centralizado con presupuesto consolidado, cronograma integrado y misma gerencia operativa. (Un requisito distinto, del inciso a.4, exige que los yacimientos proveedores aporten al menos el 50% en peso de los insumos cuando la solicitud involucra exclusivamente actividades de beneficio.)
9. El artículo 14 del anexo fija en 60% el mínimo de facturación proveniente de servicios mineros que un prestador debe acreditar para conservar su inscripción, con declaración jurada anual hasta el 31 de marzo y certificación contable. El incumplimiento deriva en intimación por única vez a 10 días hábiles, suspensión del beneficio por un año calendario, prórroga por un segundo año y baja transcurridos dos años consecutivos. Ese porcentaje, la fecha de vencimiento y el esquema de suspensión provienen del Decreto 482/2026: la resolución los instrumenta, no los crea.
10. El artículo 6° del anexo enumera 19 actividades que habilitan inscribirse como prestador de servicios mineros, y define servicio minero como tarea intangible que beneficia en forma directa a quien realiza actividad minera, sin transferencia de propiedad ni cesión de control del activo.
11. El RIGI fue creado por el artículo 164 de la Ley 27.742 (2024) para vehículos titulares de un único proyecto (VPU). Las Sucursales Dedicadas deben inscribirse en el Registro Público, obtener CUIT propia y tributar de forma independiente de la persona jurídica a la que pertenecen.
12. Los artículos 8 a 10 del anexo instrumentan el empalme con el RIGI: un VPU constituido como sucursal dedicada puede inscribirse en el RIM presentando la constancia de CUIT especial RIGI y la identificación del proyecto aprobado; las personas jurídicas preexistentes ya inscriptas pueden solicitar una “adecuación registral”.
13. El artículo 10 establece que, aprobada la inscripción o la adecuación, los beneficios del régimen minero quedan limitados a lo dispuesto en el artículo 208 de la Ley 27.742, y que los beneficios del RIGI “tendrán carácter prioritario y prevalecerán sobre los beneficios equivalentes contemplados en la ley 24.196”. El artículo 208 impide acumular incentivos de la misma naturaleza provenientes de regímenes preexistentes; los de distinta naturaleza sí pueden combinarse.
14. El artículo 18 instrumenta el seguro ambiental obligatorio por dos vías alternativas: acompañar la póliza vigente para todo el período declarado —si no cubre el período completo, “se tendrá por incumplida la obligación” y corresponde iniciar sumario— o informar los datos de una previsión especial cuyo monto deducido no puede superar el 5% de los costos operativos del ejercicio. Los proyectos en etapa de prospección, exploración o factibilidad sin resultado impositivo positivo pueden acumular y deducir en el primer ejercicio con resultado positivo.

El análisis

Vayamos de a poco, porque acá hay tres cosas distintas metidas en la misma bolsa.

Uno: qué es un régimen promocional minero. La ley 24.196 no es un impuesto ni un permiso: es una promesa fiscal. El Estado le dice a quien invierte en minería que va a pagar menos —estabilidad fiscal, deducciones, tratamientos especiales— a cambio de que invierta acá y no en Chile o Perú. Como esa promesa vale plata, hay que saber a quién se le aplica. De ahí el registro: es la lista de quiénes tienen derecho al beneficio. La Resolución 68/2026 no crea el régimen; reordena la puerta de entrada.

Dos: lo que la medida hace bien, y no es poco. Unificar todo en un sistema único con identificación por CUIT, obligar al domicilio electrónico y canalizar los trámites por una plataforma digital es reducir costos de transacción, en el sentido preciso de Coase (La naturaleza de la empresa, 1937): cada expediente en papel, cada ventanilla, cada norma zombi que nadie sabe si rige, es un costo de usar el sistema legal que se paga aunque no produzca nada. Derogar de una cuatro resoluciones acumuladas entre 1996 y 2021 es limpieza sanitaria. Mises describió en Burocracia (1944) la tendencia del aparato administrativo a multiplicar reglas porque no enfrenta la prueba de pérdidas y ganancias; acá, por una vez, se restó en vez de sumar. Corresponde decirlo sin condicionar el elogio.

Con una salvedad de prolijidad: la propia resolución fecha una norma que deroga de dos maneras distintas, 28 y 29 de junio de 2021. Es menor y no invalida nada, pero un texto que deroga por fecha exacta debería saber la fecha exacta.

Tres: el problema que el registro no puede resolver. El anexo define cuándo varios títulos son “un único proyecto minero” y enumera 19 actividades que califican como “servicio minero”. Suenan técnicos. Son fiscales. Ahí un funcionario decide, con criterios verbales, quién entra al beneficio y quién no.

Hayek explicó en El uso del conocimiento en la sociedad (1945) por qué esto es estructuralmente difícil: el conocimiento de las circunstancias particulares de tiempo y lugar —si dos yacimientos son realmente una operación o dos— está disperso entre quienes operan, no concentrado en la Secretaría. Cualquier criterio general va a ser demasiado grueso para unos y demasiado fino para otros. Y donde hay una definición administrativa que reparte plata aparece lo que Tullock describió en Los costos de bienestar de aranceles, monopolios y robo (1967): recursos reales gastados en conseguir la calificación en vez de en producir. Estudios, consultorías, lobby. Stigler, en La teoría de la regulación económica (1971), agrega el paso siguiente: los mejor organizados para influir sobre la definición son los que más ganan con ella.

El umbral del 60% de facturación es el caso de manual. Toda línea dura crea un incentivo a pararse justo del lado conveniente: quien esté en 55% no mejora su servicio, reordena su facturación. Aclaración necesaria, porque el crédito y la culpa van donde corresponden: ese 60% ya venía del Decreto 482/2026. La resolución instrumenta, no inventa. Criticar la línea es criticar el decreto.

Dónde austríacos y Chicago se separan. Simons, en Un programa positivo para el laissez faire (1934), aceptaría el diagnóstico y propondría arreglarlo con reglas claras y parejas. La objeción austríaca es más honda: ninguna regla administrativa puede sustituir el cálculo que solo el mercado produce (Mises, El cálculo económico en la comunidad socialista, 1920). Nos quedamos con la segunda, aunque reconocemos que la primera es la que gobierna.

Y acá el punto de fondo. Tenemos dos regímenes promocionales superpuestos. El anexo tiene que aclarar que los beneficios del RIGI “prevalecen” sobre los equivalentes de la ley minera y remitir al artículo 208 para impedir la acumulación. Que haga falta una regla de prioridad entre dos privilegios lo dice todo: no hay política de incentivos, hay capas geológicas de excepciones. Smith describió eso en el Libro IV de La riqueza de las naciones: el mercantilismo no es una teoría, es la sedimentación de privilegios particulares. Bastiat completa: se ve la mina que se abre; no se ve al contribuyente parejo que financia la excepción.

Sobre el seguro ambiental, una nota knightiana: la póliza cubre riesgo asegurable; la previsión del 5% de costos operativos es un parche contable para incertidumbre no asegurable —la distinción de Knight en Riesgo, incertidumbre y beneficio (1921), Parte III, cap. VII—. Coase (El problema del costo social, 1960) diría que lo que importa es quién termina soportando el daño, y una previsión deducible no es lo mismo que una garantía exigible.

Un liberal consecuente no discute el formulario. Pregunta por qué hace falta un régimen especial para que convenga invertir en minería, en vez de un sistema tributario parejo donde no haga falta ningún registro.

PREDICCIÓN #002: La Secretaría de Minería deberá dictar al menos una norma complementaria o aclaratoria que precise los criterios de unificación de proyecto del artículo 3° inciso a.2 del anexo, o el procedimiento de adecuación registral del RIGI de los artículos 8 a 10. Plazo: 12 meses · Métrica: publicación en el Boletín Oficial de una norma de la Secretaría de Minería que modifique, reglamente o interprete esos artículos · Registro: 2026-08-22

Volveremos públicamente sobre esta predicción, se cumpla o no.

La objeción — por Juana Robles, abogada del diablo

Nuestra mesa editorial incluye una voz cuyo trabajo es escribir el mejor argumento contra nuestra propia posición. Se publica íntegra, prospere o no.

El análisis principal comete un error de nivel: le imputa a la Resolución 68/2026 los pecados de la ley que la resolución apenas administra.

Empecemos por el argumento del “impuesto parejo y bajo para todos”, que suena impecable y es, en Argentina, un non sequitur. La minería hunde capital de forma irreversible durante diez o quince años antes del primer dólar de caja. Lo que decide esa inversión no es la alícuota de hoy sino la varianza esperada de la alícuota de 2041. Y acá conviene usar a Knight (Risk, Uncertainty and Profit, 1921) contra el medio y no a favor: donde hay riesgo probabilizable, un sistema tributario parejo alcanza; donde hay incertidumbre institucional pura —un país con default, cepo y retenciones sobrevinientes en el expediente— no hay tasa suficientemente baja que compense lo incalculable. La estabilidad fiscal no es un privilegio otorgado al minero: es el colateral que deposita un Estado cuya palabra legislativa no cotiza. El país que no puede prometer con su Congreso promete con un contrato.

Segundo: la neutralidad unilateral no es un principio, es una abstención. El capital minero no elige entre “Argentina con régimen” y “Argentina sin régimen”: elige entre San Juan, Antofagasta, Arequipa y Australia Occidental, todas con regímenes propios. Chang (Kicking Away the Ladder, 2002) documentó el hábito de predicar neutralidad después de haber usado promoción; no hace falta comprarle toda la teoría para notar que ningún competidor de Argentina practica lo que el medio recomienda.

Tercero, el 60%. Aquí la objeción es interna al liberalismo: toda regla administrativa necesita un umbral, y la alternativa realista no es “sin umbral”, es evaluación caso por caso. Hayek, en Camino de servidumbre (1944), opone justamente la regla general anunciada de antemano al poder discrecional del funcionario. Una línea arbitraria y pública es exactamente lo que un liberal debería preferir sobre un criterio razonable y secreto. Que sea maquillable es cierto; también lo es cualquier umbral, incluida la alícuota pareja que el medio propone.

Y el golpe que el análisis esquiva: el Estado define qué es “un proyecto” porque hay un beneficio fiscal que repartir. El problema, entonces, no es la definición sino el beneficio —y eso el medio lo dice sin extraer la consecuencia. La crítica correcta no apunta a la Secretaría que digitaliza un formulario, sino al Congreso que sostiene la Ley 24.196 desde 1993 con votos de todos los bloques, y que en 2024 la amplió vía RIGI con firma de un gobierno que dice detestar los privilegios. Culpar a la resolución es culpar al escribano por el testamento.

La pregunta incómoda, lector: si mañana se derogara todo el régimen y no llegara un solo dólar de inversión, ¿diría usted que el mercado se equivocó, o admitiría que el privilegio nunca fue el problema sino el síntoma?

Referencias: Knight, “Risk, Uncertainty and Profit” (1921); Chang, “Kicking Away the Ladder” (2002); Hayek, “Camino de servidumbre” (1944).