La otra licitación de Costa Salguero: la Ciudad preadjudicó el Espacio 6 sin publicar el precio

Los hechos y el análisis están separados por diseño. Las afirmaciones 1 a 5 y 10 se verificaron contra los documentos oficiales abiertos y leídos completos; las afirmaciones 6 a 9 tienen fuente periodística y lo declaran, porque el dato no figura en el Boletín — que es, precisamente, el tema de esta nota. Al pie, la objeción de nuestra abogada del diablo, íntegra.

Los hechos

El acta

1. El Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 7435 (21/08/2026) publicó el acta de preadjudicación IF-2026-37641074-GCABA-DGCOYP de la Licitación Pública EX-2026-05997895-GCABA-DGCOYP, del Ministerio de Hacienda y Finanzas, Dirección General Concesiones y Permisos.
2. Según el acta, la licitación es “de etapa múltiple, bajo el régimen de concesión de obra pública conforme Ley N° 6.246 (texto consolidado por Ley N° 6.764)”, para “el diseño, construcción, mantenimiento, uso y explotación comercial de un espacio perteneciente al dominio público” en el Sector N° 5 Costa Salguero, plano Anexo I de la Ley 5.961, Distrito U14 “Distrito Joven – Costanera Norte”, por 10 años.
3. El oferente preadjudicado es Trans Box S.R.L. (CUIT 30-63857243-1). La Comisión de Evaluación de Ofertas preadjudica “por haber cumplido con lo requerido en el PUBC de conformidad con el Dictamen IF-2026-37641074-GCABA-DGCOYP”. Firma: Agustín González Calderón, Director General.
4. El aviso se publicó un solo día (inicia: 21-8-2026; vence: 21-8-2026) y remite las consultas a la página de llamados a licitación de buenosaires.gob.ar.
5. El texto del acta no informa el canon ofertado, el monto de inversión comprometida, los puntajes de evaluación ni cuál espacio del Sector N° 5 se concesiona.

Lo que el Boletín no dice (fuente periodística, declarada)

6. Según iProfesional (14/08/2026), la licitación corresponde al Espacio N° 6 del Sector N° 5: un predio de 1.500 m² con pisada construida cercana a 960 m² y plano límite de 12 metros; la preselección se estableció por la Disposición 279/2026 (DGCOYP).
7. Según la misma nota, tres oferentes superaron la evaluación técnica (mínimo: 75 puntos): Trans Box S.R.L. 80, Explotaciones Coloniales S.R.L. 78 y LJM Parking S.R.L. 76; el consorcio COSU S.A.–GRUB S.A. fue desestimado por no cumplir “con los requisitos mínimos del Pliego de Bases y Condiciones Particulares”.
8. Según la misma nota, el canon base mensual es de $2.820.000 (tasación del Banco Ciudad), actualizable cada seis meses por una fórmula de índices, con nueva tasación posible desde el quinto año; la apertura de las ofertas económicas fue convocada para el 19/08/2026 a las 11.
9. Según la misma nota, Trans Box obtuvo 10/10 en solvencia patrimonial y 3 puntos en antecedentes empresariales; es una compañía nacida en Neuquén, que opera comercialmente como TB Transbox, con actividad de origen vinculada a la seguridad privada y autorización para prestar ese servicio en la Ciudad.

La comparación disponible

10. En el mismo Sector N° 5 existe otra concesión, distinta y mayor: por la Resolución Conjunta RS-2025-54852764-GCABA-MJGGC (19/12/2025, expediente EX-2025-10195821), el GCBA rechazó la impugnación de La Rural S.A. y adjudicó el Centro Costa Salguero por 10 años a la UT Publirevistas S.A.U.–Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. En ese texto los números están publicados: canon base de $120.000.000, oferta ganadora de $240.000.000, oferta perdedora de $310.114.014 mensuales.
11. En aquel proceso de 2025, LJM Parking S.R.L. fue desestimada en la preselección; en el proceso actual del Espacio N° 6 integra la terna preseleccionada.

El análisis

El 21 de agosto la Ciudad publicó en su Boletín Oficial que preadjudicó a Trans Box S.R.L. una concesión de obra pública por diez años sobre un espacio de Costa Salguero. Lo que no publicó es casi todo lo demás: ni el canon ofertado, ni la inversión comprometida, ni los puntajes, ni siquiera cuál de los espacios del Sector 5 se está entregando. Para saber que se trata del Espacio N° 6, un predio de 1.500 m², y que el piso de la discusión era un canon de $2.820.000 mensuales, hay que salir del Boletín y recurrir a la prensa. El acto con fe pública dice quién ganó; el precio al que ganó, no.

La comparación incómoda está en el mismo sector y a ocho meses de distancia. Cuando la Ciudad adjudicó la concesión grande de Costa Salguero en diciembre, la resolución publicada traía los números completos: canon base de $120 millones, oferta ganadora de $240 millones, oferta perdedora de $310 millones. Esa publicidad fue la que permitió el único debate que importa en una concesión: si el Estado eligió bien al resignar la oferta más alta. Se podrá coincidir o no con aquella decisión, pero fue discutible porque los números estaban. Acá, en la licitación chica, la etapa equivalente se publicó sin ellos.

Bastiat organizó toda su crítica de la política económica alrededor de una asimetría: el buen economista juzga por lo que se ve y por lo que no se ve (Bastiat, Lo que se ve y lo que no se ve, en Ensayos de economía política, ensayo I). En una concesión de activos públicos, lo que se ve es el ganador; lo que no se ve es el precio que pagó y las ofertas que se descartaron. El costo de una concesión nunca es el acto de entregarla: es la diferencia entre lo que el activo vale y lo que el Estado cobra por él. Si esa diferencia no se publica en el acto que decide, el ciudadano —que es el dueño del activo— queda estructuralmente en el lado de “lo que no se ve”.

Sobre el criterio de selección hay un punto más fino. Según la prensa, Trans Box ganó la etapa técnica con la máxima nota en solvencia patrimonial y la peor en antecedentes: un entrante con espalda financiera y sin historial en el rubro. Knight distinguió el riesgo medible —que se puede tasar y asegurar— de la incertidumbre genuina, que no admite cálculo (Knight, Riesgo, incertidumbre y beneficio, cap. I; el desarrollo completo, Parte III, cap. VII). La solvencia de un oferente es riesgo medible: se lee en un balance. La capacidad de operar un predio gastronómico y de eventos durante diez años es incertidumbre: solo el historial la aproxima. Un pliego que pondera mucho lo primero y poco lo segundo está eligiendo qué tipo de error prefiere. No es en sí mismo objetable —los mercados también apuestan por entrantes, y bienvenida la competencia de un outsider contra los operadores de siempre—, pero cuando el que apuesta es el Estado, no arriesga capital propio: administra un activo ajeno. La contrapartida mínima de esa discrecionalidad es la publicidad total del expediente.

Y este es el punto institucional, que excede a este gobierno y a esta empresa. La Ley 6.246 manda adjudicar a la “oferta más conveniente” —así lo invocó la propia Ciudad en diciembre—, un criterio que necesariamente deja margen de apreciación. La tradición de la elección pública enseña que no tiene sentido discutir esos márgenes como si el problema fuera la virtud del funcionario de turno: la decisión del gobernante no puede separarse del marco institucional dentro del cual decide (Buchanan y Tullock, El cálculo del consenso, Apéndice 1). Donde hay discrecionalidad más opacidad, habrá tarde o temprano uso discrecional de la opacidad — con estos funcionarios o con los que vengan. La regla liberal no es sospechar de cada ganador: es diseñar el procedimiento para que la sospecha sea innecesaria. Publicar el canon, los puntajes y el dictamen en el mismo acto que preadjudica no cuesta nada y cierra esa puerta.

Nada de lo anterior imputa una irregularidad: el proceso puede ser impecable y el precio, excelente. El problema es que, con lo publicado, no hay manera de saberlo. En diciembre la Ciudad demostró que sabe publicar los números cuando quiere. La vara es esa.

PREDICCIÓN #005: El acto de adjudicación definitiva de la Licitación Pública EX-2026-05997895-GCABA-DGCOYP se publicará en el Boletín Oficial de la CABA y su texto incluirá el canon mensual ofertado. Plazo: 3 meses · Métrica: texto del acto de adjudicación publicado en el BO CABA al 24/11/2026 (sin adjudicación publicada, queda abierta a revisión; publicada sin canon, se computa fallida) · Fecha de registro: 2026-08-24

Nota de método: austriacos y Chicago no divergen en lo sustancial de este tema — el valor informativo de los precios y la desconfianza ante la discrecionalidad administrativa son terreno común de ambas tradiciones.

La objeción — por Juana Robles, abogada del diablo

El análisis acusa opacidad donde puede haber, simplemente, etapas. Una preadjudicación no es una adjudicación: es un acto intermedio de un procedimiento vivo, con instancia de impugnación pendiente. El derecho administrativo distingue la publicidad del procedimiento —que acá se cumplió: el acta se publicó en el Boletín, con expediente, dictamen identificado y remisión a la página oficial de llamados donde obra el pliego— de la exigencia de que cada acto intermedio replique el contenido íntegro del expediente. Si el canon ofertado y los puntajes constan en el dictamen IF-2026-37641074, al que cualquier interesado y cualquier oferente con derecho a impugnar puede acceder, hablar de un ciudadano “estructuralmente en el lado de lo que no se ve” es una hipérbole: el dato no está oculto, está en el expediente, que es donde el procedimiento manda que esté. La propia nota registra una predicción que espera que el número aparezca con la adjudicación definitiva; si eso ocurre, el régimen habrá funcionado exactamente como debe.

La comparación con la resolución de diciembre tampoco es simétrica. Aquello era el acto de adjudicación —el cierre del proceso, dictado por dos ministros, tras una impugnación resuelta—; esto es un acta de comisión evaluadora en una licitación de un predio de 1.500 m² cuyo canon base es 42 veces menor. Exigir el mismo despliegue de fundamentación pública en ambos actos es ignorar la proporcionalidad administrativa: el costo de tramitar no es cero, y un régimen que obliga a fundar cada acto menor como si fuera la privatización de una empresa pública encarece exactamente el tipo de gestión ágil de activos que este medio suele reclamar.

Sobre Knight y el entrante: el análisis concede que premiar solvencia sobre antecedentes “no es en sí objetable” y aún así deja flotando la duda. Seamos más francos: la ponderación estaba en el pliego antes de conocerse los oferentes, se aplicó igual a los cuatro, y el resultado fue que un outsider de Neuquén les ganó la etapa técnica a dos operadores porteños con décadas de trato con la administración. Para un medio que denuncia la captura del incumbente, el día en que el sistema de puntajes deja pasar a un entrante debería ser una buena noticia, no un motivo de suspicacia. La incertidumbre knightiana sobre su capacidad de operar la asume el propio concesionario con su capital —garantías, obra a su costo, canon comprometido—, no el Estado: si el concesionario fracasa, el contrato se resuelve y el activo vuelve a licitarse; el que pierde plata es el que la puso.

Queda el argumento institucional de Buchanan y Tullock, que es el más fuerte del análisis y el que menos se puede refutar: reglas de publicidad máxima cierran puertas a cualquier gobierno. Concedo el principio. Pero nótese que, aplicado con honestidad, el principio corta también hacia el análisis mismo: la regla ya existente —publicidad del expediente, no del acta— es una regla, no una excepción discrecional, y cambiarla es materia de la Legislatura, no un déficit imputable a esta licitación en particular.

Veredicto de mesa: la objeción no prosperó y se publica íntegra, como manda el circuito. La mesa incorporó de ella una precisión: la publicidad plena puede llegar con la adjudicación definitiva — por eso el análisis lo registra como predicción verificable en lugar de afirmarlo como falla consumada.