Los bancos deberán informar a quién va cada préstamo en dólares

Esta nota actualiza «Los dólares salen de la jaula de 2002» (21/08/2026). Los hechos y el análisis están separados por diseño: los primeros solo citan fuentes primarias y fueron auditados afirmación por afirmación (9/9 verificadas en primera ronda); el segundo aplica nuestro marco declarado. Al pie, la objeción de nuestra abogada del diablo, íntegra.

Los hechos

1. El 24/08/2026 el BCRA emitió la Comunicación “A” 8468 (Circular CONAU 1-1733, RUNOR 1-1966), que introduce adecuaciones al Régimen Informativo Contable Mensual “Operaciones de Cambios” “como consecuencia de lo dispuesto mediante la Comunicación A 8467”.
2. La norma modifica el punto 3.3 de las Aclaraciones del régimen: en las operaciones cursadas bajo los códigos de concepto B04, P12, B27, B31 y P26, las entidades deberán identificar “el origen del fondeo y el destinatario de la financiación (en los términos de lo establecido en el Artículo 23 del Decreto 905/2002 y sus modificatorias)” (Com. “A” 8468, Anexo, punto 3.3).
3. La identificación distingue seis categorías, codificadas 0 a 5 en el Anexo V: cruza tres orígenes de fondeo (depósitos locales en moneda extranjera, líneas de crédito del exterior, otros tipos de fondeo) con la condición del destinatario (con o sin “ingresos habituales por operaciones de comercio exterior y actividades vinculadas”) (Com. “A” 8468, Anexo V).
4. El código se informa en la posición 6 del campo 4 del diseño 2713 de la información diaria de operaciones de cambios, según el inciso d) del punto 23.2.1.4 de las instrucciones operativas (Com. “A” 8468, Anexo).
5. Las modificaciones aplican “a partir de las presentaciones que se realicen el 02/09/2026 (información del 01/09/2026)”; las rectificativas derivadas de la norma de fondo deben presentarse “bajo la modalidad de lote completo” (Com. “A” 8468).
6. El antecedente de fondo: el DNU 736/2026 (BO 14/08/2026) sustituyó el artículo 23 del Decreto 905/2002; el texto vigente permite destinar los depósitos en moneda extranjera, además de a prestatarios con ingresos de comercio exterior, “al otorgamiento de financiaciones a otras personas jurídicas, conforme a la normativa que a tal efecto dicte el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA”.
7. La Comunicación “A” 8467 (18/08/2026) reglamentó ese destino: lo incorporó a la Política de Crédito “sin superar el 15% (quince por ciento) de los depósitos en moneda extranjera de la entidad” y dispuso que la exigencia de capital mínimo por riesgo de crédito y la exposición computable en Grandes Exposiciones resulten de multiplicar por 1,25 el importe determinado por las normas generales.
8. La misma “A” 8467 exige, al otorgar esas financiaciones, “especial atención al flujo de fondos y/o situación patrimonial, de manera de que el deudor pueda afrontar posibles incrementos en el importe de las obligaciones sin afectar su capacidad de pago, teniendo en cuenta que sus ingresos pueden no seguir la evolución del tipo de cambio” (Com. “A” 8467, punto 3).
9. Según los considerandos del DNU 736/2026, al 30/06/2026 los depósitos privados en moneda extranjera sumaban USD 39.336 millones y los préstamos en moneda extranjera al sector privado, USD 23.716 millones.

El análisis

La pata que faltaba. Hace once días contamos la apertura: el DNU 736/2026 desarmó la restricción de 2002 y la “A” 8467 le puso tope (15%), colchón de capital (×1,25) y advertencia sobre el descalce. Faltaba saber cómo pensaba el BCRA mirar lo que acababa de permitir. La “A” 8468 es la respuesta, y es más elocuente de lo que su prosa contable sugiere: cada operación de cambio vinculada al nuevo crédito llevará un dígito que dice con qué plata se fondeó y si el que la recibe genera o no dólares. Seis casilleros. El descalce de monedas —la palabra que resume 2001— deja de ser un fantasma retórico y pasa a ser una columna en una base de datos.

Del hacha al termómetro. Knight distingue el riesgo —mensurable, clasificable, asegurable— de la incertidumbre, que no lo es (Knight, Riesgo, incertidumbre y beneficio, Parte III, cap. VII). La regla de 2002 trató al descalce como incertidumbre pura: como no podía medirlo, lo amputó. El régimen que arranca el 1° de septiembre lo trata como riesgo: lo clasifica en el origen, operación por operación, antes de que se acumule. Por nuestra propia vara, eso es un progreso. Un sistema financiero adulto no le tiene miedo a una variable: la mide, la precifica y le pone capital atrás, que es exactamente lo que hacen el tope del 15% y el ponderador de 1,25.

Lo que se ve y lo que no se ve. Lo que se ve es una estadística mejor: si el BCRA publica los agregados de estos seis códigos —cosa que la norma no promete—, el país tendrá por primera vez la serie pública del descalce que en 2001 nadie tenía. Lo que no se ve es lo que advertía Bastiat: toda medida trae consecuencias que no están en el mostrador (Bastiat, Lo que se ve y lo que no se ve, 1850). La infraestructura de trazabilidad por operación es también, y sin costo adicional, la infraestructura de la re-restricción quirúrgica. En la nota anterior escribimos que lo que un DNU abre, otro DNU lo cierra; la “A” 8468 agrega un matiz técnico inquietante: ya ni hace falta cerrar todo. Con los códigos 0-5 en producción, una futura administración puede prohibir “solo los códigos 3 a 5” con una comunicación de dos páginas. La jaula se abrió, pero quedó el plano de la jaula, actualizado a tiempo real.

Donde las escuelas divergen, otra vez. Chicago —desde Simons, que quería reformar la banca de depósito precisamente porque la consideraba el punto frágil del sistema (Simons, Un programa positivo para el laissez faire, 1934)— acepta la supervisión prudencial y sus demandas de información como precio de la garantía implícita sobre los depósitos. La tradición austríaca responde que el funcionario que hoy tabula los seis códigos es el mismo tipo de funcionario que ayer tabuló el cero absoluto: la información que se concentra en el regulador es poder que se concentra en el regulador. Nuestra posición es la misma que declaramos el 21 de agosto: mientras exista garantía estatal sobre los depósitos, la supervisión es el segundo mejor mundo — pero la carga de la prueba de que los datos servirán para supervisar y no para volver a cerrar queda, desde el 1° de septiembre, del lado del BCRA. Un gesto la aliviaría: publicar los agregados. Datos que solo ve el Estado son un tablero de control; datos que ve el mercado son conocimiento.

Sin predicción nueva. La Predicción #001 (préstamos en moneda extranjera al sector privado por encima de USD 30.000 millones al 21/02/2027) sigue abierta, y hay una simetría que nos gusta: el régimen informativo que analiza esta nota es el que va a generar la serie con la que ese pronóstico se confirmará o refutará. El mismo tablero nos audita a todos.

La objeción — por Juana Robles, abogada del diablo

Nuestra mesa editorial incluye una voz cuyo trabajo es escribir el mejor argumento contra nuestra propia posición. Esta objeción no prosperó como bloqueo, pero se publica íntegra, como manda nuestro manifiesto.

El análisis concede que medir es mejor que prohibir y aun así dedica sus párrafos centrales a insinuar que la trazabilidad es una amenaza latente. Conviene decir lo que el análisis no dice: sin la “A” 8468, la apertura que este medio celebró hace once días sería temeraria, y probablemente imposible.

Primero, la proporción. La “carga” denunciada es un dígito en la posición 6 de un campo de un régimen informativo que los bancos ya presentan todos los días. Ningún banco contratará un empleado por esto. Llamar “panóptico” a un código de integración es estética libertaria, no economía.

Segundo, la teoría juega en contra del análisis, no a favor. El fallo clásico de los mercados de crédito es la información asimétrica: cuando el prestamista no puede distinguir deudores, raciona (Stiglitz y Weiss, “Credit Rationing in Markets with Imperfect Information”, American Economic Review, 1981). Lo mismo vale para el regulador de un sistema con garantía de depósitos: si no puede ver dónde se acumula el descalce, su única herramienta es la prohibición general —exactamente el régimen de 2002 que esta casa festejó ver morir—. La trazabilidad fina es la condición de posibilidad de la apertura, no su negación: un BCRA que ve el riesgo por operación puede permitir el 15% hoy y el 25% mañana; un BCRA ciego solo puede elegir entre cero y rezar.

Tercero, el argumento del “plano de la jaula” prueba demasiado. Toda estadística habilita regulación futura: por esa lógica, el INDEC es una amenaza a la libertad y la serie de préstamos del BCRA que este medio usa para su Predicción #001 también. Si el criterio es que el Estado no debe poder ver aquello que podría querer restringir, el corolario es la opacidad total, que en banca terminó siempre de la misma manera: 2001 ocurrió, precisamente, porque nadie tenía el mapa de quién debía dólares sin ganarlos.

Cuarto, el punto institucional que el análisis pide ya está concedido: un régimen informativo publicado, codificado y con vigencia anunciada es una regla general, no un acto de discreción. Es lo contrario del decreto sorpresa. Si la objeción de la casa al DNU era la precariedad de la forma, la “A” 8468 es la parte del andamiaje que mejor se le parece a una institución.

Queda una exigencia legítima del análisis, y la suscribo: que los agregados se publiquen. Pero nótese que esa demanda presupone el valor del dato. No se puede pedir la serie pública del descalce y a la vez lamentar que el descalce se registre.

Referencias: Stiglitz, J. y Weiss, A., “Credit Rationing in Markets with Imperfect Information”, American Economic Review, 71(3), 1981.

Veredicto de mesa: NO PROSPERÓ — la mesa sostuvo que el análisis ya reconoce el valor de medir y que la advertencia sobre el uso futuro de la infraestructura es compatible con celebrar su existencia. Se publica íntegra.