La industria se contrae mientras el gobierno celebra la desregulación

La agenda

La Unión Industrial Argentina celebró el 2 de septiembre el Día de la Industria sin la presencia del presidente Javier Milei, en un contexto de caída del 18,4% interanual de la actividad industrial en julio, según datos del INDEC. La ausencia presidencial ocurrió mientras el sector manufacturero registra fábricas paralizadas y una tensión creciente por la política de importaciones que permite el ingreso de productos extranjeros sin modificar la estructura de costos local.

En paralelo, la Cámara de Comercio de Corrientes advirtió sobre cierre de locales, falta de pago y despidos hormiga en el comercio minorista. El sector señaló que la combinación de caída del consumo y competencia de importaciones está generando una ola de cierres silenciosos, sin grandes titulares pero con impacto acumulativo en el empleo.

El gobierno sostiene que la apertura comercial es parte del proceso de estabilización y que la industria debe adaptarse a la competencia internacional. Los industriales responden que la apertura sin reforma impositiva ni laboral equivale a una competencia con las manos atadas: el producto extranjero ingresa sin los costos que la fábrica local no puede esquivar.

El análisis liberal

Tres lecturas posibles de este escenario. Primera: la contracción industrial es transitoria, parte del ajuste necesario tras décadas de proteccionismo, y la apertura forzará aumentos de productividad que eventualmente harán competitiva a la industria sobreviviente. Segunda: la política comercial está mal calibrada, liberando importaciones antes de desmontar los sobrecostos internos, lo que condena a la industria a una destrucción que no es selección darwiniana sino ahogo por costos artificiales. Tercera: la industria reclama protección porque nunca fue competitiva y la apertura expone una dependencia crónica del subsidio implícito, con lo cual la contracción no es falla de política sino revelación de realidad.

Descarto la primera porque la adaptación requiere capital y el capital no fluye hacia un sector que enfrenta costos estructurales inalterados: presión impositiva, costos laborales no vinculados a productividad, tarifas de servicios públicos indexadas, regulaciones que encarecen insumos. Hayek en Precios y producción (1931) explica que la asignación de capital responde a señales de rentabilidad relativa, y esas señales hoy gritan “salí de la industria argentina”. No hay adaptación sin inversión, y no hay inversión sin expectativa de ganancia.

Descarto la tercera porque confunde ineficiencia sectorial con inviabilidad sistémica. Que una industria no pueda competir con China o Vietnam no significa que sea inherentemente improductiva: significa que enfrenta costos que esos países no tienen. La prueba es que firmas argentinas que abren plantas en Uruguay o Paraguay producen rentablemente los mismos productos que aquí no cierran números. El problema no es la industria; es el país.

Queda la segunda lectura, que es la que sostiene el corpus: la apertura sin reforma de costos es una política incoherente que destruye actividad sin generar las condiciones para su reemplazo. Ricardo en Principios de economía política y tributación (1817, cap. 7) fundamenta la ventaja comparativa sobre el supuesto de movilidad de factores dentro de cada economía: un país que abandona una industria no competitiva reasigna trabajo y capital a otra donde sí lo es. Pero si los costos de operar en el país son generalizados —impuestos, regulación, infraestructura—, la ventaja comparativa se diluye en todas las actividades simultáneamente. No hay reasignación: hay contracción.

La caída del 18,4% interanual en julio no es fluctuación estadística: es destrucción neta de capacidad productiva. Fábricas que paran no hibernan; pierden mercados, contratos, equipos de trabajo. Cuando el ciclo se revierta —si se revierta—, esa capacidad no volverá: habrá que reconstruirla desde cero, con el costo de oportunidad que eso implica.

El argumento del gobierno es que la competencia externa disciplina a los productores ineficientes. Correcto, pero incompleto. George Stigler en La teoría de la regulación económica (1971) advierte que la regulación capturada genera rentas para grupos específicos mientras desincentiva la inversión general: los sobrecostos regulatorios no son neutrales respecto de quién paga la cuenta. En este caso, la cuenta la pagan los productores que no pueden trasladar costos y los consumidores que pierden empleo en sectores no transables.

El cierre de comercios en Corrientes con despidos hormiga ilustra el mecanismo: no es que el comercio minorista compita con importaciones directamente, sino que la caída de ingresos en la cadena industrial se propaga aguas abajo. La construcción conceptual es simple: menos actividad manufacturera → menos empleo formal → menos consumo → cierre de locales. No hay misterio macroeconómico aquí; es aritmética de flujo de caja.

La defensa del libre comercio no requiere ignorar estos efectos. Bastiat en Lo que se ve y lo que no se ve (1850) distingue entre el beneficio visible de importaciones baratas y el costo oculto de actividad destruida. Lo que se ve: el consumidor paga menos por el producto importado. Lo que no se ve: el trabajador desplazado que deja de ser consumidor. La cuenta neta depende de si el capital y el trabajo desplazados encuentran uso alternativo más productivo, y eso —insisto— requiere que los costos de operar en el país no sean prohibitivos en todos los sectores.

Donde austriacos y Chicago divergen es en el diagnóstico del proteccionismo previo. Mises en La acción humana (1949, cap. XVII) sostiene que toda protección arancelaria genera malinversión al dirigir capital hacia actividades que no son sostenibles sin subsidio; la apertura posterior no es castigo sino corrección. Friedman, más pragmático, argumentó en sus columnas de Newsweek que la eliminación de aranceles debe ser unilateral pero gradual, para permitir ajuste de factores. Acá la diferencia no es teórica sino de timing: austriacos aceptan el costo de transición como inevitable; Chicago prefiere suavizarlo. Ambos coinciden en que mantener la protección es peor.

El punto ciego del debate oficial es que trata la apertura como si fuera reforma completa cuando es apenas un componente. Adam Smith en La riqueza de las naciones (1776, Libro IV) critica el sistema mercantil no solo por restringir importaciones sino por todo el aparato de privilegios, monopolios y cargas que lo sostiene. Liberar el comercio sin tocar ese aparato no es política smithiana; es desmantelamiento parcial que deja los peores incentivos intactos.

Quién gana y quién pierde

Ganan los importadores con acceso a divisas oficiales, que compran afuera a tipo de cambio subsidiado y venden adentro en pesos. La renta está en el spread cambiario mientras persista el cepo: la importación no es libre si el dólar para pagarla está racionado.

Ganan los consumidores de productos importados que antes eran inaccesibles o caros, siempre que conserven empleo e ingresos. El beneficio es real pero concentrado en segmentos medios y altos con capacidad de compra en dólares.

Pierden los trabajadores de fábricas paralizadas, que enfrentan despidos hormiga sin indemnización completa ni perspectiva de recontratación en el corto plazo. La industria manufacturera emplea formalmente; su contracción desplaza trabajadores hacia informalidad o inactividad.

Pierden los comerciantes minoristas de provincias como Corrientes, que ven caer la actividad por el canal de demanda agregada: menos salarios industriales, menos consumo local, más morosidad, cierre de locales.

Pierden los industriales que no pueden competir con costos estructurales inalterados, incluso aquellos con tecnología actualizada y gestión eficiente. La señal de precios les dice “salí”, pero no porque sean malos empresarios sino porque el costo de hacer negocios en Argentina excede cualquier margen razonable.

Gana, en términos políticos, la narrativa oficial de “ajuste necesario” mientras la contracción no se traduzca en crisis social visible. El 18,4% de caída es estadística; los despidos hormiga no hacen piquetes.

Pierde el mediano plazo: la capacidad productiva que se destruye hoy no se recupera con un decreto mañana. El capital físico se deprecia, el capital humano se dispersa, las cadenas de valor se rompen. Reconstruir cuesta más que preservar, y la factura la pagará la próxima administración, sea del color que sea.

La ironía final es que esta política se vende como liberalización cuando opera como selección adversa: sobreviven no los más eficientes sino los que tienen espalda financiera para aguantar pérdidas, o los que lograron acuerdos sectoriales, o los que mueven producción afuera y reimportan. Eso no es mercado; es darwinismo con trampa.