Milei en cadena nacional — la seguridad nacional subsume al mercado

La agenda

En un mensaje transmitido por cadena nacional, el presidente Javier Milei anunció un paquete de medidas sobre las Islas Malvinas centrado en frenar la explotación petrolera offshore del proyecto Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la cuenca norte del archipiélago.

El mandatario informó la firma de un decreto para acelerar los procedimientos sancionatorios de la Ley 26.659, la inhabilitación para operar en territorio argentino a empresas vinculadas directa o indirectamente a la explotación en las islas y el envío de un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional. La iniciativa legislativa prevé penas para proveedores, prohíbe contrataciones tanto con el sector público como con el privado, e instaura el juicio en ausencia para directivos extranjeros. Asimismo, Milei anunció un DNU para financiar una base naval integrada en Tierra del Fuego y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional con facultades transversales sobre Inteligencia, Defensa, Cancillería y Economía. El discurso concluyó con una apelación a la dirigencia a «hacer las armas a un lado y mostrar un frente unido», bajo la premisa de que la causa nacional está «por encima de cualquier diferencia política».

El análisis liberal — por Milton Funes

El discurso presidencial consagra el giro doctrinario más significativo de la administración libertaria: el reemplazo de la primacía del orden de mercado por la doctrina realista de la seguridad nacional. Al afirmar que «la prosperidad es condición necesaria para la seguridad» y que «atraer inversiones, proteger la moneda y desarrollar recursos críticos son cuestiones de seguridad nacional», el Poder Ejecutivo invierte la premisa de la sociedad abierta: el mercado deja de ser un fin en sí mismo —la libre cooperación voluntaria entre individuos— para degradarse a un arsenal logístico puesto al servicio de la capacidad punitiva del Estado.

Esta mutación conceptual choca de frente con la política económica que el propio gobierno promovió a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El RIGI se diseñó para ofrecer 30 años de estabilidad fiscal y regulatoria irrestricta frente al arbitrio político. Sin embargo, instituir un Consejo de Seguridad Nacional con facultades para auditar la economía e inhabilitar contratos entre privados por alineamiento territorial dinamita esa previsibilidad. Si el Estado se reserva el poder de vetar qué empresas pueden operar en Vaca Muerta en función de las actividades de sus accionistas o socios en otras latitudes, la libertad contractual deja de regirse por el derecho civil y pasa a depender del humor geopolítico de turno.

Adam Smith reconoció en La riqueza de las naciones (1776, Libro IV, cap. II) que «la defensa es de mucha mayor importancia que la opulencia», convalidando las excepciones de las Actas de Navegación británicas. Pero la tradición liberal que siguió advirtió que la «defensa nacional» es históricamente el disfraz más eficaz para resucitar el mercantilismo corporativo. Como demostró Ludwig von Mises en Nación, Estado y economía (1919), la militarización del comercio destruye el cálculo económico: cuando los lazos comerciales se supeditan a las fronteras bélicas, el intercambio pacífico de suma positiva se transforma en un conflicto de suma cero. La retórica de suspender las discrepancias internas («hacer las armas a un lado») completa el cuadro clásico: la bandera soberana utilizada para clausurar la deliberación institucional sobre los costos reales de la coerción estatal.

La predicción

Afirmación: En los próximos 12 meses (hasta septiembre de 2027), las sanciones administrativas y la amenaza de exclusión de Vaca Muerta no detendrán la ejecución del proyecto Sea Lion, que mantendrá su cronograma de desarrollo offshore bajo licencias de las islas.

Plazo: 12 meses (septiembre de 2027)

Métrica: Informes públicos regulatorios de Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum ante la Bolsa de Londres que confirmen la continuidad operativa del proyecto Sea Lion.

La objeción — por Juana Robles, abogada del diablo

El análisis de Milton peca de una ingenuidad teórica recurrente en el liberalismo dogmático: analiza el mercado como si los derechos de propiedad flotaran en el éter, desprovistos de un soberano terrenal que los delimite y los haga respetar. Douglass North demostró en Estructura y cambio en la historia económica (1981) que el mercado no preexiste al Estado; la propia noción de propiedad privada requiere una autoridad con monopolio legítimo de la fuerza capaz de excluir a terceros del uso indebido de los recursos.

Si un consorcio de empresas foráneas comienza a extraer hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización del Estado ribereño, la postura de no intervenir para no alterar contratos privados no preserva el mercado: convalida la apropiación fáctica del activo más estratégico del Atlántico Sur. Reclamar pureza contractual frente a una ocupación territorial es confundir el libre comercio con la renuncia a la soberanía. El derecho de propiedad sobre el lecho marino o es exclusivo, o no existe.

Asimismo, calificar de mercantilismo la amenaza de exclusión de Vaca Muerta ignora la única vía no bélica que tiene la República Argentina para defender sus intereses. Un país que carece del poderío militar para disputar navalmente la cuenca de Malvinas debe apelar a los costos de oportunidad económicos. Exigir a las corporaciones globales que elijan entre participar del negocio offshore en las islas o ingresar a las reservas no convencionales del continente no es un capricho regulatorio: es la aplicación estricta de la teoría de incentivos para encarecer el costo del crudo disputado sin disparar un solo misil. Pretender que el Estado asista inmóvil al drenaje de sus recursos para no incomodar a un inversor privado equivale a vaciar de contenido la propia existencia de la República.