Villarruel pide reforma fiscal pro-productiva — el sesgo extractivo del fisco

La agenda

La vicepresidenta Victoria Villarruel se reunió con dirigentes de la Sociedad Rural Argentina y reclamó una reforma impositiva que “premie al que produce”, según consignó Infobae. El encuentro se produjo en el marco de la tensión permanente entre el sector agropecuario y el régimen tributario argentino, que mantiene retenciones a las exportaciones agrícolas mientras grava con impuestos a las ganancias, al cheque, inmobiliarios y cargas patronales a la actividad productiva urbana.

Villarruel apuntó directamente contra lo que calificó como un sistema que castiga al esfuerzo y señaló la necesidad de revisar la estructura de incentivos fiscales que hoy penaliza la generación de riqueza. La declaración llega en un contexto donde el debate sobre la reforma tributaria integral vuelve a instalarse en la agenda pública, mientras persisten las retenciones agropecuarias y la maraña de impuestos distorsivos que afectan tanto al campo como a la industria y el comercio.

El análisis liberal

La propuesta de Villarruel toca el núcleo del problema fiscal argentino: el sistema tributario actual no es neutral respecto de las decisiones económicas, sino que castiga sistemáticamente la actividad productiva y premia la extracción de rentas de posición. Mises en La acción humana (1949, cap. XXVII) establece que todo impuesto sobre la producción o el intercambio distorsiona la estructura de precios relativos y desincentiva la actividad gravada. Cuando el Estado grava la exportación agropecuaria con retenciones, no está simplemente recaudando: está enviando una señal de precios falsa que dice “producir trigo o soja vale menos de lo que el mercado mundial está dispuesto a pagar”. El productor reduce la inversión, la superficie sembrada y el empleo de tecnología porque el retorno esperado cayó artificialmente.

Rothbard en Poder y mercado (1970, cap. 3) profundiza: las retenciones son un impuesto sobre la renta ricardiana de la tierra, y su efecto es transferir riqueza desde el productor eficiente hacia el Tesoro, que la redistribuye según preferencias políticas. Pero el análisis ricardiano clásico —Ricardo en Principios de economía política y tributación (1817, cap. 2)— muestra que la renta de la tierra surge de la diferencia de fertilidad entre parcelas: gravar esa renta en teoría no distorsiona la producción porque la tierra más fértil seguirá siendo la más productiva. El problema es que las retenciones argentinas no gravan solo la renta diferencial sino el precio total del producto exportado, afectando también al productor marginal que apenas cubre costos. Eso sí distorsiona: expulsa del mercado al productor menos eficiente, reduce la frontera agrícola y contrae el empleo en zonas rurales.

Ahora bien, el sesgo extractivo del sistema fiscal argentino no se limita al campo. Kirzner en Competencia y empresarialidad (1973, cap. 2) explica que el empresario es quien descubre oportunidades de ganancia no percibidas por otros: compra barato, vende caro, arbitrajea diferencias de precios temporales o espaciales. Esa ganancia empresarial pura es la recompensa al estado de alerta que detecta la descoordinación en el mercado. Pero si el sistema fiscal grava esa ganancia con impuestos a las ganancias progresivos, impuesto al cheque que recae sobre el flujo de caja, cargas patronales que encarecen contratar, e inmobiliarios que castigan la inversión en capital fijo, el empresario enfrenta un costo de oportunidad elevado: quedarse quieto y consumir renta de posición se vuelve más atractivo que descubrir y ejecutar nuevas oportunidades. El resultado es subinversión, estancamiento productivo y desempleo estructural.

Hayek en El uso del conocimiento en la sociedad (1945) advierte que el conocimiento relevante para las decisiones económicas está disperso y es tácito: el productor agropecuario sabe cuándo sembrar según clima local, precios esperados y disponibilidad de crédito; el comerciante urbano sabe qué stock mantener según variaciones de demanda que ningún planificador central puede anticipar. Un sistema tributario que grava la actividad productiva interfiere con ese uso descentralizado del conocimiento: el productor deja de sembrar no porque el clima sea malo, sino porque la retención le confiscó el margen; el comerciante no invierte en stock porque el impuesto al cheque le come el capital de giro. La distorsión fiscal bloquea la transmisión de información que los precios libres habrían comunicado.

Buchanan y Tullock en El cálculo del consenso (1962, cap. 10 y 13) explican por qué el sistema fiscal termina configurándose de este modo. Las decisiones de política tributaria no emergen de un diseño técnico neutral, sino de coaliciones de intereses concentrados que capturan al decisor político. Un grupo urbano organizado —sindicatos del sector público, beneficiarios de subsidios, industrias protegidas— tiene incentivos para presionar por un sistema que mantenga el gasto social y el empleo estatal, financiado con impuestos sobre la actividad productiva dispersa. El productor agropecuario individual, aunque pague retenciones altas, no puede coordinar una resistencia política equivalente porque los costos de organización exceden su beneficio particular. El resultado es un sesgo sistemático hacia la extracción: el sistema premia a quien negocia subsidios y castiga a quien produce bienes transables.

Stigler en La teoría de la regulación económica (1971) complementa: la captura del regulador —en este caso, del diseñador de política fiscal— por grupos de interés es la norma, no la excepción. El lobby agropecuario puede tener voz en encuentros como el que describe la agenda, pero el poder de veto lo tiene la coalición urbana que vive del gasto corriente financiado con retenciones e inflación. Mientras esa coalición controle la agenda legislativa, la reforma fiscal integral que elimine distorsiones será bloqueada por temor a perder transferencias.

Las lecturas rivales del reclamo de Villarruel merecen examinarse. Una interpretación estatista diría que las retenciones son necesarias para financiar obra pública, educación y salud, y que eliminarlas implicaría recorte de servicios esenciales. Descarto esa lectura porque confunde fuente de financiamiento con calidad de gasto: el Estado argentino mantiene un nivel de gasto público elevado y los servicios públicos son deficientes, lo que indica que el problema no es de recursos sino de asignación política de los mismos. Otra lectura keynesiana argumentaría que bajar impuestos sin ajuste de gasto dispararía el déficit fiscal. Eso es correcto si el ajuste de gasto no ocurre, pero asume que el nivel de gasto actual es intocable, lo cual es una decisión política, no una restricción económica.

Una lectura desarrollista sostendría que las retenciones permiten abaratar alimentos para el mercado interno y proteger el poder adquisitivo urbano. Rothbard en El misterio de la banca (1983, cap. 13) desmonta ese argumento: transferir renta desde el productor rural hacia el consumidor urbano mediante control de precios o retenciones no aumenta la riqueza total, solo la redistribuye. El consumidor urbano paga menos por el pan hoy, pero paga con desempleo mañana porque el productor rural no invirtió en tecnología ni amplió superficie sembrada, reduciendo la oferta futura de alimentos y de puestos de trabajo en cadenas agroindustriales.

Quién gana y quién pierde

Ganan, en el corto plazo, las coaliciones urbanas que viven del gasto público financiado con retenciones e impuestos distorsivos: empleados estatales, beneficiarios de subsidios, industrias protegidas que no enfrentan competencia externa porque las retenciones al agro aprecian artificialmente el tipo de cambio real. También ganan los rentistas que viven de activos financieros o inmuebles urbanos sin producir bienes transables, porque el sistema fiscal argentino grava más la actividad que la renta pasiva.

Pierden los productores agropecuarios, que enfrentan retenciones sobre sus exportaciones y costos inflacionarios generados por el gasto público que financian. Pierden los empresarios urbanos que producen bienes y servicios, castigados por impuestos al cheque, cargas patronales altas y presión tributaria que reduce su margen de ganancia y desincentiva la inversión. Pierden los trabajadores del sector privado, porque la menor inversión empresarial reduce la demanda de empleo y mantiene salarios reales deprimidos.

Y pierde el conjunto de la economía por el costo de oportunidad agregado: cada peso desviado desde la inversión productiva hacia el gasto político improductivo es un bien de capital que no se formó, una tecnología que no se incorporó, un puesto de trabajo que no se creó. La reforma fiscal que premie al productor no es un slogan: es el requisito para revertir décadas de estancamiento estructural.