El Estado financia once jubilaciones de privilegio mientras ajusta al resto

La agenda

El Estado argentino destina más de $200 millones mensuales al pago de once jubilaciones de privilegio a expresidentes, vicepresidentes y familiares directos, según reveló un informe de Clarín basado en datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Estas pensiones especiales, establecidas por ley durante décadas, otorgan a quienes ocuparon o están vinculados a la primera magistratura montos significativamente superiores a los del régimen previsional común.

El listado incluye a Isabel Perón, Carlos Menem (fallecido en 2021, cuya pensión heredó su viuda Cecilia Bolocco), Fernando de la Rúa (fallecido en 2019, heredada por su viuda Inés Pertiné), Eduardo Duhalde, Adolfo Rodríguez Saá, Cristina Fernández de Kirchner, y Mauricio Macri, además de familiares de mandatarios fallecidos que accedieron por derecho de reversión. La cifra mensual representa una carga fiscal considerable, en un contexto donde el gobierno de Javier Milei ejecuta un ajuste fiscal sobre prestaciones sociales, empleo público y subsidios energéticos.

El gobierno nacional, que llegó al poder con la promesa explícita de eliminar privilegios de casta y reducir el gasto político, no ha impulsado hasta la fecha ninguna iniciativa legislativa para derogar este régimen especial. Las jubilaciones de privilegio subsisten bajo amparo legal vigente, sin distinción entre quienes cuentan con recursos propios y quienes carecen de ellos.

El análisis liberal

La economía política de las jubilaciones de privilegio no es un accidente: es la manifestación de un mecanismo de captura institucional que Buchanan y Tullock describieron en El cálculo del consenso (1962, cap. 10). En ese marco analítico, las decisiones colectivas no se adoptan por su eficiencia social sino por la capacidad de coaliciones concentradas de imponer costos difusos sobre el resto. Once beneficiarios directos tienen todos los incentivos del mundo para presionar por el mantenimiento del régimen; treinta millones de contribuyentes tienen incentivos nulos para organizarse contra una transferencia que representa céntimos por habitante. El resultado predecible es que el privilegio se perpetúa.

Rothbard en Anatomía del Estado (1974) distingue dos medios de adquirir riqueza: los medios económicos (producción e intercambio voluntario) y los medios políticos (apropiación forzosa del fruto del trabajo ajeno mediante la ley). Las jubilaciones de privilegio son un caso límpido de los segundos. No hay cálculo actuarial que las justifique: el beneficiario no aportó durante su vida laboral un capital suficiente para financiar una pensión vitalicia de esa magnitud. La renta proviene del bolsillo de quienes sí aportan al sistema, mediante una transferencia coactiva que ningún mercado validaría.

Mises en La acción humana (1949, cap. XXVII) explica que toda intervención estatal redistributiva desvía recursos desde usos valorados por quienes los produjeron hacia usos decididos por el aparato político. En este caso, el Estado no está corrigiendo una falla de mercado ni asegurando un mínimo vital: está financiando un privilegio heredado por ocupar temporalmente un cargo. El gasto mensual en estas pensiones representa producción real —bienes y servicios que alguien fabricó, distribuyó o prestó— que el fisco confisca y redistribuye hacia once personas por su mera condición de exfuncionarios.

El análisis de Public Choice aporta otra capa. Tullock en Los costos de bienestar de aranceles, monopolios y robo (1967) introduce el concepto de rent-seeking: la dilapidación de recursos reales en la competencia por capturar privilegios legales. La ley que otorga estas jubilaciones fue el botín de una coalición política que logró inscribir en la norma una renta permanente a favor de sus miembros. Una vez capturada, la renta se defiende sola: derogarla requiere otra coalición política, y ningún expresidente tiene incentivos para liderar esa causa.

Stigler en La teoría de la regulación económica (1971) demostró que la regulación no sirve al interés público sino al interés del regulado. Este caso es aún más directo: el legislador capturó la norma para su propio beneficio futuro. El Congreso que aprobó estas leyes estaba compuesto por quienes aspiraban algún día a la presidencia o ya la habían ocupado. El conflicto de interés es estructural, y por eso la norma subsiste intacta décadas después.

Ahora bien, las lecturas rivales del hecho merecen enumerarse. Una interpretación estatista diría que estas pensiones reconocen el servicio prestado por quienes ejercieron la más alta magistratura y que su monto refleja la dignidad del cargo. Otra argumentaría que, dado que algunos expresidentes carecen de ingresos propios, la pensión cumple una función asistencial. Una tercera sostendría que derogar el régimen sería políticamente costoso y que el gasto en estas pensiones es proporcionalmente reducido en el contexto del presupuesto general.

Descarto la lectura del servicio porque confunde cargo con mérito. El mercado remunera el valor generado; el Estado remunera el ejercicio del poder. Si el cargo es tan digno, debería pagarse bien durante su ejercicio, no décadas después mediante una transferencia vitalicia financiada por terceros. Descarto la lectura asistencialista porque el sistema previsional común ya provee una pensión básica: agregar un privilegio adicional por haber ocupado un cargo no es asistencia, es renta. Y descarto la lectura de la marginalidad fiscal porque un principio institucional no se relativiza por su monto: si estas pensiones son marginales, que las paguen los legisladores con su salario.

Hayek en Los fundamentos de la libertad (1960, cap. 6) sostiene que la igualdad ante la ley es la piedra angular del orden liberal. Estas jubilaciones violan ese principio de raíz: crean dos categorías de ciudadanos, unos que cobran por haber ejercido el poder y otros que pagan por sostenerlos. La violación no es técnica ni marginal: es fundacional.

Lo que más sorprende no es que el régimen exista —es predecible desde la lógica de captura— sino que un gobierno que se define como liberal y que ejecuta un ajuste fiscal durísimo sobre prestaciones comunes haya dejado intacto este privilegio. La explicación más plausible es que el costo político de derogarlo supera al beneficio fiscal inmediato: tocar las jubilaciones de privilegio enfrenta al Ejecutivo con todos los expresidentes vivos y con las coaliciones legislativas que los protegen. Es más barato, en términos de capital político, ajustarle a los jubilados sin nombre propio.

Pero esa explicación, si es correcta, revela algo más profundo: que el ajuste no se guía por un principio fiscal consistente sino por el cálculo de resistencias. Y eso, desde la perspectiva liberal, es el problema. Buchanan en Los límites de la libertad (1975, cap. 7) advierte que un Estado que redistribuye según el poder de cada grupo no es un árbitro neutral sino un botín en disputa. Las jubilaciones de privilegio son la prueba de que el botín sigue ahí, intacto, esperando a que alguien lo reclame.

Quién gana y quién pierde

Ganan los once beneficiarios directos del régimen: expresidentes, vicepresidentes y familiares que cobran mensualmente montos superiores a la jubilación máxima del sistema común sin haber aportado un capital actuarialmente equivalente. Ganan también, de forma indirecta, las coaliciones legislativas que mantienen el statu quo: preservar el régimen es una señal de que el club político protege a sus miembros, incentivando la lealtad interna.

Pierden los contribuyentes que financian el gasto mediante impuestos: pagan una transferencia que no eligieron hacia personas cuyo único mérito diferencial es haber ocupado temporalmente un cargo. Pierden los jubilados del régimen común, cuyas prestaciones se ajustan con criterios restrictivos mientras estas pensiones especiales se mantienen intactas. Y pierde el conjunto de la economía, porque cada peso desviado hacia rent-seeking es un peso menos disponible para inversión productiva, ahorro o consumo genuino.

Pierde también, aunque de forma menos visible, el gobierno de Milei. Al dejar intacto el régimen, valida la crítica de que el ajuste es selectivo: duro con los que no tienen voz, blando con los que tienen poder. Y pierde el orden institucional liberal, porque estas jubilaciones de privilegio son la demostración viviente de que la igualdad ante la ley es una aspiración retórica, no una práctica efectiva.