Gobierno negocia en secreto prórroga de monopolio aeroportuario hasta 2066

La agenda

El gobierno nacional intentó prorrogar mediante actas secretas la concesión de Aeropuertos Argentina 2000 hasta 2066, extendiendo por cuatro décadas adicionales el monopolio que opera los principales aeropuertos del país, incluido Ezeiza. La operación se condujo sin transparencia pública ni debate parlamentario explícito, según reveló una investigación periodística que accedió a documentación reservada del proceso.

La concesión original de Aeropuertos Argentina 2000, controlada por el grupo Corporación América de Eduardo Eurnekian, vence en las próximas dos décadas. La prórroga negociada evitaría una licitación competitiva para redistribuir los derechos de explotación, perpetuando la estructura actual hasta mediados de siglo. Las actas que documentan el acuerdo preliminar se mantuvieron fuera del registro público durante meses, limitando el escrutinio ciudadano y legislativo sobre los términos negociados.

El episodio ocurre mientras el gobierno proclama una agenda de desregulación y apertura de mercados en otros sectores de la economía, generando interrogantes sobre la coherencia entre retórica liberalizadora y prácticas regulatorias en un área clave de infraestructura.

El análisis liberal

La prórroga opaca de una concesión monopolística hasta 2066 es un caso de manual de captura regulatoria y búsqueda de rentas. George Stigler en La teoría de la regulación económica (1971) demostró que la regulación no surge para corregir fallas de mercado sino que es capturada por las industrias reguladas para limitar la competencia y garantizar ganancias extraordinarias a costa del consumidor. Una concesión de cuarenta años otorgada sin licitación competitiva es exactamente eso: la conversión del aparato estatal en protector de un monopolio privado.

Gordon Tullock en Los costos de bienestar de aranceles, monopolios y robo (1967) introdujo el concepto de rent-seeking: cuando el Estado crea o perpetúa privilegios artificiales, los actores privados compiten no por servir mejor al consumidor sino por capturar la renta política. El costo social no es solo el precio monopólico que pagan los pasajeros o las aerolíneas; es también el gasto de recursos reales —lobby, negociaciones reservadas, conexiones políticas— para obtener y defender ese privilegio. Recursos que se desvían de la producción genuina hacia la redistribución forzosa.

El secreto agrava la distorsión. Buchanan y Tullock en El cálculo del consenso (1962, cap. 10) explican que las decisiones colectivas legítimas requieren reglas transparentes y revisables. Cuando una decisión que compromete décadas de rentas públicas se negocia en actas reservadas, la opacidad no es un accidente administrativo: es una tecnología para blindar el acuerdo del escrutinio que lo revertiría. El secreto convierte la concesión en un derecho cuasi propietario del concesionario, inmune a la competencia y a la rendición de cuentas.

Ahora bien, el defensor de la prórroga argumentaría: la certidumbre jurídica de largo plazo incentiva la inversión en infraestructura aeroportuaria. Sin garantía de recuperar el capital invertido, ningún privado modernizaría las terminales. Esa lectura tiene un problema: confunde seguridad contractual con privilegio monopólico. Mises en La acción humana (1949, cap. XV, sec. 4) distingue entre la protección legal de los contratos voluntarios —que genera certeza— y la concesión estatal de derechos exclusivos —que genera ineficiencia. Lo primero es el rule of law; lo segundo es mercantilismo.

Una prórroga competitiva habría resuelto el dilema sin corromper el incentivo: licitar la extensión entre varios oferentes, obligándolos a competir en calidad de servicio, tarifas y plan de inversión. El ganador obtendría certeza jurídica; los usuarios obtendrían el mejor trato posible. La prórroga directa, en cambio, regala al incumbente la ventaja de cuatro décadas adicionales sin pedirle que mejore su oferta frente a rivales.

Otra lectura rival sostendría que en infraestructura estratégica el Estado debe preservar control nacional sobre el operador, y que una licitación abierta podría permitir la entrada de capitales extranjeros indeseables. Descarto esa posición por dos razones. Primero, porque Corporación América ya es un actor privado: la prórroga no “preserva control estatal” sino que perpetúa un monopolio corporativo. Segundo, porque la solución austriaca al problema del capital extranjero no es la concesión discrecional sino la desmonopolización: si varios operadores compiten en un mercado abierto, ninguno puede imponer condiciones abusivas porque los usuarios migran. Rothbard en Poder y mercado (1970, cap. 3) muestra que el monopolio perjudicial solo existe cuando el Estado bloquea la entrada de competidores; sin esa barrera, el “poder de mercado” de cualquier firma desaparece.

El contraste con la retórica oficial es instructivo. Un gobierno que elimina controles de precios, recorta subsidios y desregula sectores enteros de la economía, negocia simultáneamente en secreto la perpetuación de un monopolio hasta 2066. La inconsistencia sugiere que la agenda no es la liberalización sistémica sino la redistribución selectiva de rentas: se abre donde no había privilegios concentrados que defender, y se cierra donde sí los hay. Hayek en Camino de servidumbre (1944, cap. VI) advirtió que la planificación parcial —desregular aquí, proteger allá— no es un punto intermedio entre mercado y estatismo sino la peor combinación de ambos: mantiene las distorsiones del intervencionismo y agrega la arbitrariedad de la discrecionalidad política.

Quién gana y quién pierde

Gana en el corto y largo plazo Corporación América, que asegura cuatro décadas adicionales de rentas monopólicas sin enfrentar competencia ni arriesgar perder la concesión en una licitación abierta. Ganan los funcionarios que negociaron el acuerdo, cuyo valor político inmediato —acceso preferencial al concesionario, posibles retribuciones diferidas— queda blindado por la opacidad del proceso.

Pierden los usuarios de los aeropuertos —pasajeros, aerolíneas, operadores logísticos— que seguirán pagando las tarifas y soportando la calidad de servicio que un monopolio protegido puede imponer sin disciplina competitiva. Pierden los contribuyentes, porque la renta que captura el concesionario es riqueza que podría haber fluido hacia mejores servicios o menores costos si la concesión se hubiera licitado. Pierden los competidores potenciales que podrían haber ofrecido mejor propuesta pero fueron excluidos de entrada por la prórroga directa.

Y pierde la credibilidad del discurso liberalizador del gobierno: es imposible sostener con seriedad que se está desarmando el modelo estatista mientras se negocia en secreto la perpetuación de monopolios hasta 2066. La contradicción entre retórica y práctica no es un detalle menor: es la diferencia entre reformar el sistema de privilegios y simplemente redistribuir quién los disfruta.