Inflación de agosto cae a 1,7% y marca la tasa más baja en catorce meses

La agenda

El INDEC publicó que la inflación de agosto fue del 1,7%, la cifra más baja en catorce meses y la tercera consecutiva por debajo del 2%. El dato consolida una tendencia desinflacionaria iniciada en los últimos meses. El número de agosto representa una desaceleración significativa respecto del promedio mensual del año anterior, según datos oficiales del organismo estadístico.

Sin embargo, el mismo informe del INDEC reveló que una familia necesitó $1,6 millones para no ser pobre y $726 mil para cubrir la canasta básica alimentaria en agosto. Esto implica que, aunque la variación mensual de precios se redujo, el nivel absoluto de precios acumulado durante los últimos años mantiene comprometida la capacidad de compra de los hogares. La canasta básica total registró un incremento superior al de los salarios en el sector privado registrado durante los últimos doce meses, según datos de la Secretaría de Trabajo.

El Ministerio de Economía atribuyó la desaceleración inflacionaria a la combinación de disciplina fiscal —con un superávit primario acumulado en los primeros ocho meses del año— y control de agregados monetarios. La inflación mensual del 1,7% marca un punto de inflexión en la estrategia antiinflacionaria, según comunicó el gobierno en su reporte técnico del viernes.

El análisis liberal

La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, como estableció Friedman en El rol de la política monetaria (1968). Pero Mises en La teoría del dinero y del crédito (1912, cap. VIII) precisa el mecanismo: la inflación no es el aumento generalizado de precios, sino la expansión de la cantidad de dinero por encima de la demanda de saldos reales de la población. Los precios suben porque hay más medios de pago disponibles que bienes y servicios ofrecidos. El dato de agosto refleja que el ritmo de expansión monetaria se frenó, pero no que el proceso inflacionario anterior haya sido reversado: los valores elevados de la canasta básica total son el resultado de la acumulación de ese proceso durante años de déficit fiscal monetizado.

Hayek en Precios y producción (1931, conferencia III) advierte sobre el carácter distorsivo de la inflación: no solo erosiona el poder adquisitivo de manera uniforme, sino que altera la estructura de precios relativos. Los primeros receptores del dinero nuevo —en Argentina, históricamente el sector público y las empresas vinculadas al Estado— gastan a precios de ayer, mientras que los últimos receptores —asalariados y jubilados— reciben su ingreso cuando los precios ya subieron. Esto explica por qué la canasta básica total aumentó más que los salarios privados: el rezago es estructural, no accidental. La inflación redistribuye riqueza desde los tenedores de activos nominales hacia los deudores netos, y desde los perceptores de ingresos fijos hacia quienes pueden ajustar precios en tiempo real.

La desaceleración mensual observada representa un cambio de régimen fiscal y monetario, pero no una reversión inmediata de los efectos acumulados. Rothbard en ¿Qué le ha hecho el gobierno a nuestro dinero? (1963, cap. 4) muestra que, una vez que la expansión monetaria se detiene, los precios relativos comienzan un proceso de reajuste: sectores sobreexpandidos durante el boom inflacionario se contraen, liberando recursos hacia sectores subexpandidos. Eso explica la recesión visible en consumo y construcción durante el primer semestre de 2026: el freno monetario revela qué actividades dependían del estímulo artificial y cuáles son sostenibles con preferencias reales de los consumidores.

Ahora bien, la sostenibilidad política de este ajuste es el tema de fondo. Buchanan y Wagner en Democracia en déficit (1977, cap. 8) argumentan que el déficit fiscal crónico no es un error técnico sino el resultado de incentivos políticos perversos. El superávit primario registrado en los primeros ocho meses representa una ruptura con ese patrón, pero genera costos políticos concentrados en el presente —empleados públicos despedidos, obras suspendidas, subsidios recortados— mientras que los beneficios se distribuyen de manera difusa en el futuro bajo la forma de menor inflación. Public Choice predice que esa asimetría temporal es políticamente inestable: los perdedores se organizan rápido, los ganadores futuros no votan hoy.

Mises en La acción humana (1949, cap. XVII, sec. 10) explica que el proceso de desinflación no es simétrico respecto del proceso inflacionario. La inflación genera expectativas adaptativas: los agentes anticipan nuevas subas y aceleran compras, realimentando el proceso. Frenar la inflación requiere no solo controlar los agregados monetarios, sino anclar expectativas, y eso toma tiempo. El dato de agosto puede ser genuino o puede ser un rebote estadístico dentro de una tendencia aún volátil: el test será la inflación de septiembre y octubre, cuando el efecto estacional de primavera presiona sobre alimentos y servicios.

Las lecturas rivales del hecho merecen enumerarse. Una interpretación keynesiana diría que la desaceleración inflacionaria es producto de la recesión y la caída de la demanda agregada, no de la disciplina monetaria. Otra postura, de corte desarrollista, argumentaría que el ajuste fiscal destruye capacidad productiva instalada y que la inflación volverá cuando la economía intente recuperarse sin inversión previa en infraestructura. Descarto la lectura keynesiana porque invierte la causalidad: la inflación no baja porque la economía se contrajo, sino que la economía se contrajo porque el freno monetario reveló la sobreexpansión artificial previa. Descarto la lectura desarrollista porque asume que la capacidad productiva perdida era valiosa, cuando en realidad gran parte de esa capacidad dependía de subsidios, tipos de cambio preferenciales y crédito subsidiado que destruían valor en términos netos.

Un punto adicional sobre el timing y la credibilidad. Knight en Riesgo, incertidumbre y beneficio (1921, parte III, cap. VII) distingue entre riesgo, que es probabilizable y asegurable, e incertidumbre radical, que no lo es. Los agentes económicos argentinos no enfrentan riesgo inflacionario sino incertidumbre profunda: no saben si el gobierno sostendrá el ajuste o si, ante la presión política, volverá a emitir. Esa incertidumbre afecta las tasas de interés, encarece el crédito productivo y desalienta la inversión en proyectos de largo plazo. El dato de agosto es un indicador, pero no es todavía un régimen creíble: para eso se necesita consistencia temporal, y Argentina tiene un largo historial de ajustes abortados a mitad de camino.

Finalmente, sobre la brecha entre estabilización de precios y recuperación de salarios reales. Hazlitt en La economía en una lección (1946, cap. XVIII) advierte que los salarios reales no se decretan: dependen de la productividad del trabajo. Si la inflación cae pero la productividad no aumenta, los salarios nominales pueden crecer sin que mejore el poder adquisitivo. Los valores elevados de la canasta básica total no se reducen por decreto: solo bajan si aumenta la producción de bienes y servicios que la gente demanda. Y eso requiere inversión, que a su vez requiere estabilidad de reglas y horizonte de previsibilidad, dos bienes que Argentina no produce desde hace décadas.

Quién gana y quién pierde

Ganan, en el corto plazo, los tenedores de activos en pesos que preservan valor real: bonistas en pesos ajustables por CER, ahorristas que pasaron de dólar informal a plazo fijo cuando la brecha cambiaria se cerró, empresas con stocks valuados a costo de reposición. Ganan también los sectores exportadores y sustitutos de importaciones eficientes que, sin inflación que licúe costos nominales, deben competir en productividad real y no en devaluación encubierta. Y gana el segmento de trabajadores del sector privado cuya productividad justifica un salario real superior al que tenían bajo inflación: en un contexto de precios estables, el salario real es transparente y no puede licuarse mes a mes.

Pierden, de manera concentrada y visible, los sectores dependientes del gasto público: empleados estatales cuyos sueldos se congelaron en términos nominales, contratistas de obra pública cuyas licitaciones se suspendieron, beneficiarios de subsidios energéticos y tarifarios que se recortaron. Pierden también los sectores informales y los trabajadores de baja calificación que, durante la inflación, mantenían empleabilidad porque el costo laboral nominal se licuaba rápido; en un régimen de baja inflación, ese colchón desaparece y la brecha entre productividad y salario exigido se hace visible. Y pierde, de forma difusa pero estructural, el conjunto de la economía en el mediano plazo si la desinflación no va acompañada de reformas que eleven la productividad: una inflación baja con una economía estancada es preferible a una inflación alta con una economía estancada, pero no es un estado de equilibrio deseable por sí mismo.