Empleo formal cae 13 meses seguidos y vuelve al nivel de 2014

La agenda

El empleo formal registrado cayó en junio por decimotercer mes consecutivo, según datos del Ministerio de Capital Humano difundidos esta semana. La nómina total retrocedió al nivel de 2014, borrando una década de expansión nominal del sector privado y público. La caída se concentra en comercio, construcción y sectores vinculados al consumo interno, que venían sostenidos por gasto público directo o indirecto durante la gestión anterior.

El ministro de Economía Luis Caputo presentó en paralelo un plan de “ingeniería fina para reactivar sin plata”, según reportó La Nación, enfocado en desregulación sectorial y señales de estabilidad macroeconómica sin asistencia fiscal. El diagnóstico oficial es que la caída del empleo responde al ajuste inevitable tras años de expansión insostenible del Estado, y que la recuperación vendrá por inversión privada una vez consolidada la disciplina fiscal y monetaria.

El análisis liberal

La caída sostenida del empleo formal durante trece meses consecutivos no es un accidente: es el resultado mecánico de un ajuste fiscal contractivo aplicado sobre una economía con costos laborales institucionales rígidos. Mises en La acción humana (1949, cap. XXI, sec. 6) explica que el desempleo prolongado no es escasez de trabajo sino desajuste entre salario exigido (incluyendo cargas sociales y costos de despido) y productividad ofrecida. Cuando el Estado contrae gasto sin desregular simultáneamente el mercado laboral, destruye empleos dependientes del subsidio pero no habilita la creación dinámica de puestos nuevos.

El mecanismo causal es directo. Primero, el ajuste fiscal elimina demanda artificial: obras públicas, transferencias, subsidios al consumo. Esos sectores —construcción, comercio dependiente de asistencia— no tenían productividad autosostenible; vivían del flujo fiscal. Bastiat en Lo que se ve y lo que no se ve (1850) advierte contra la ilusión de la obra visible: veíamos la cuadrilla trabajando en la ruta; no veíamos la fábrica que nunca se construyó porque el capital se desvió al gasto público. Ahora vemos el despido de la cuadrilla; seguimos sin ver la fábrica, porque los costos laborales siguen sin permitir que se abra.

Segundo, la rigidez institucional. Rothbard en Poder y mercado (1970, cap. 3) señala que las intervenciones estatales en el mercado laboral —indemnizaciones, aportes patronales, restricciones de despido— elevan el costo de contratar por encima del valor marginal del trabajo. Cuando la demanda cae, el empleador no puede ajustar salario ni carga; solo puede despedir. El ajuste recae todo sobre cantidad de puestos en vez de distribuirse entre salario real, flexibilidad horaria y productividad. La consecuencia es desempleo estructural: hay trabajadores dispuestos a aceptar menor salario total a cambio de empleo, pero la ley prohíbe el contrato que ambas partes aceptarían.

Tercero, el problema de coordinación temporal. Hayek en Precios y producción (1931) explica que la estructura de capital se distorsiona bajo expansión crediticia y gasto deficitario: recursos migran hacia etapas de producción alejadas del consumo final (infraestructura pesada, comercio de bienes durables) sostenidas por demanda ficticia. Cuando el crédito y el gasto se contraen, esos proyectos quedan incompletos o inviables. La reconversión del capital fijo es lenta y costosa; la del trabajo, más rápida en teoría pero bloqueada por rigideces legales. Resultado: trabajadores entrenados para sectores en liquidación, desempleados mientras esperan que aparezcan empleadores en los sectores ahora rentables, pero esos empleadores no contratan porque el costo institucional sigue siendo prohibitivo.

Cuarto, la trampa del ajuste sin reforma. Buchanan y Tullock en El cálculo del consenso (1962, cap. 19) muestran que las coaliciones políticas que se beneficiaban del gasto pasado no desaparecen: presionan para que el Estado amortigüe la caída con nuevos programas de asistencia, retrasando la reasignación genuina. Caputo promete “reactivar sin plata” mediante desregulación, pero la pregunta liberal es: ¿por qué la desregulación laboral no ocurrió el primer día del ajuste? Cada mes de demora es un mes de desempleo evitable. La “ingeniería fina” es, desde esta mirada, un eufemismo para ajustar lo fiscal y postergar lo estructural.

Ahora bien, las lecturas rivales del hecho merecen enumerarse. Una interpretación keynesiana diría que el problema es de demanda agregada insuficiente y que el Estado debería sostener gasto para evitar la espiral recesiva. Otra, más pragmática, argumentaría que trece meses es un plazo razonable de transición y que la reforma laboral llegará en una segunda etapa, una vez asegurada la estabilidad macro. Descarto la lectura keynesiana porque confunde síntoma con causa: la demanda cayó porque estaba financiada con emisión y deuda, no porque faltara “inyección de gasto”; volver a expandir sin cambiar la estructura fiscal y laboral solo posterga la crisis a costo mayor. Descarto la lectura gradualista porque el costo del gradualismo lo pagan los desempleados actuales, mientras que el beneficio político de la reforma postergada lo captura el gobierno si llega a aplicarla: hay asimetría de incentivos que favorece la dilación.

Quinto, la alternativa liberal habría sido ajustar y desregular simultáneamente. Simons en Un programa positivo para el laissez faire (1934) defendía el ajuste fiscal duro pero advertía que sin competencia genuina en mercados de factores el ajuste se convierte en recesión sin reconversión. La disciplina fiscal es condición necesaria; la desregulación de costos institucionales es condición suficiente. Aplicar solo la primera sin la segunda produce exactamente lo que vemos: caída del empleo sin creación compensatoria.

Quién gana y quién pierde

Ganan, en términos relativos, quienes conservaron empleo en sectores exportables o no dependientes del gasto público: su salario real mejora si la inflación cede, y su estabilidad laboral no dependía del flujo fiscal. Gana también el gobierno en disciplina presupuestaria: cada puesto público que no se cubre es gasto que no se devenga, mejorando el resultado primario sin necesidad de subir impuestos adicionales.

Pierden, de forma concentrada y visible, los trabajadores despedidos de sectores en liquidación: comercio minorista dependiente de consumo subsidiado, construcción de obra pública, administración estatal reducida. Pierden no solo el ingreso presente sino la reconversión postergada: mientras el costo institucional de contratar siga alto, las empresas rentables no expandirán nómina, y el desempleado queda atrapado entre un sector que ya no existe y otro que no puede contratarlo legalmente a su productividad real.

Pierden, de forma difusa pero masiva, los consumidores y contribuyentes que financiaron durante años la expansión insostenible del empleo público y subsidiado. Pagaron impuestos y soportaron inflación para sostener puestos que ahora desaparecen de todos modos. El ajuste fiscal les devuelve estabilidad nominal, pero no les devuelve el capital consumido. Y pierden nuevamente si la demora en reformar el mercado laboral extiende la recesión: cada trimestre adicional de desempleo alto es producto y consumo que no se genera, inversión que no llega porque el riesgo institucional sigue siendo elevado.

Pierde, estructuralmente, el conjunto del sistema productivo. Una economía con costos laborales prohibitivos para contratar formalmente está desperdiciando capital humano: hay gente dispuesta a trabajar y empresas que necesitan personal, pero la ley impide el contrato que ambos aceptarían. Ese desperdicio no lo captura ninguna estadística oficial, pero es real: es la fábrica que no se abre, la tienda que no expande, el servicio que no se presta. Rothbard en El misterio de la banca (1983, cap. 13) señala que toda intervención estatal genera no solo costos visibles sino oportunidades destruidas. El empleo que no se creó porque el costo institucional lo hizo prohibitivo es tan real como el que se destruyó por el ajuste fiscal, pero mucho más difícil de medir y por tanto más fácil de ignorar políticamente.