Gobernadores frenan a Milei y la ejecución del gasto desafía el relato fiscal
El gobierno alcanzó la mayor ejecución presupuestaria desde 2016 mientras los gobernadores se distancian en la previa del Presupuesto 2027. Análisis de coaliciones fiscales y credibilidad.
La agenda
Los gobernadores profundizaron su distanciamiento del gobierno nacional en la antesala de los debates por el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, según reportó Ámbito. El conflicto escaló luego de que el gobierno nacional registrara el mayor nivel de ejecución del gasto público desde 2016, desafiando las proyecciones restrictivas iniciales y debilitando la narrativa de austeridad que el Ejecutivo sostuvo durante todo el año.
Los mandatarios provinciales cuestionan la distribución de recursos nacionales mientras el gobierno de Javier Milei intenta avanzar con un proyecto de Presupuesto 2027 que proyecta nuevos recortes en transferencias automáticas y discrecionales. La reforma electoral también quedó entrampada: las provincias reclaman garantías de financiamiento de las campañas que el oficialismo se niega a incluir en el texto, generando un punto muerto que amenaza el calendario legislativo del año próximo.
El análisis liberal
La teoría de elección pública de Buchanan y Tullock en El cálculo del consenso (1962, cap. 10) predice exactamente este escenario. El federalismo fiscal argentino no es un sistema de competencia entre jurisdicciones que disciplina el gasto, sino una red de coaliciones distributivas donde cada gobernador maximiza las transferencias nacionales que recibe y minimiza el costo político del ajuste en su distrito. El gobierno nacional, a su vez, promete austeridad hacia adelante mientras ejecuta el mayor gasto desde 2016 hacia atrás. Ambos lados del conflicto operan bajo el incentivo clásico que Buchanan identificó: concentrar beneficios en el presente, dispersar costos hacia el futuro o hacia el conjunto de contribuyentes sin nombre.
La ejecución presupuestaria efectiva superando las proyecciones no es un error técnico; es el resultado previsible de un sistema de incentivos donde el costo político del recorte real es inmediato y visible, mientras que el costo fiscal de la expansión del gasto es diferido y difuso. Mises en La acción humana (1949, cap. XXXVI, sec. 1) advierte que el deficit spending no es una herramienta de estabilización sino un mecanismo de transferencia intertemporal de riqueza: el gobierno consume hoy recursos que la economía producirá mañana, hipotecando la capacidad de inversión privada futura.
El conflicto sobre el Presupuesto 2027 ilustra la paradoja del federalismo coactivo que Rothbard analiza en Poder y mercado (1970, cap. 3): las provincias dependen estructuralmente de transferencias nacionales financiadas con recursos extraídos de sus propios contribuyentes, pero intermediados por la maquinaria fiscal federal. Este sistema elimina la competencia jurisdiccional genuina —donde los ciudadanos podrían migrar hacia provincias con mejor ecuación costo-beneficio fiscal— y la reemplaza por una competencia de cabildeo, donde gana quien logra mayor participación en el reparto, no quien administra mejor.
Ahora bien, las lecturas rivales del hecho ameritan enumerarse. Una interpretación keynesiana diría que la mayor ejecución del gasto es contracíclica y sostiene la demanda agregada en recesión. Otra argumentaría que los gobernadores defienden legítimamente el federalismo fiscal ante un centralismo porteño que los asfixia. Descarto la lectura keynesiana porque la ejecución no fue planificada sino el resultado de proyecciones fallidas, lo que descarta el supuesto de intervención oportuna y revela simple incapacidad de contención del gasto. Descarto la lectura federalista porque el reclamo provincial no es por mayor autonomía tributaria —poder cobrar y gastar bajo disciplina local— sino por mayor participación en la coparticipación federal, es decir, mayor acceso al fondo común sin rendir cuentas directas ante sus votantes.
La reforma electoral entrampada agrega otra capa. Buchanan y Tullock (1962, cap. 12) muestran que las coaliciones legislativas no se forman por afinidad ideológica sino por intercambio de votos (logrolling): cada legislador apoya proyectos ajenos a cambio de respaldo a los propios. Los gobernadores condicionan su apoyo a la reforma electoral al financiamiento de campañas con fondos nacionales, replicando exactamente el patrón: intercambian votos por transferencias, no por coincidencia programática.
Hayek en El uso del conocimiento en la sociedad (1945) señala que la información relevante para decisiones económicas está dispersa y es local. El federalismo genuino debería aprovechar esa dispersión: cada provincia conoce mejor sus necesidades y debe financiarlas con recursos propios, enfrentando el costo político directo de cobrar impuestos y el beneficio directo de gastarlos bien. El sistema actual invierte esa lógica: las provincias gastan recursos que no cobraron y el gobierno nacional cobra recursos que no gasta en rendición de cuentas local. Eso destruye la señal de retroalimentación entre contribuyente y gestor público.
Buchanan en Democracia en déficit (1977, cap. 3) advierte que el déficit fiscal persistente no es un error de cálculo sino el equilibrio político de una democracia sin restricciones constitucionales al gasto. El gobierno de Milei llegó con un mandato de equilibrio fiscal, pero la ejecución presupuestaria récord muestra que las restricciones formales no alteran los incentivos subyacentes sin reformas institucionales profundas. Sin regla fiscal vinculante —que obligue al Ejecutivo a devolver al Congreso cualquier exceso de gasto no previsto— la promesa de austeridad es solo retórica electoral.
Quién gana y quién pierde
Ganan, en el corto plazo, los gobernadores que logran mantener o aumentar su participación en las transferencias nacionales mientras negocian simultáneamente financiamiento electoral. Ganan los legisladores provinciales que intercambian votos por partidas específicas en el logrolling del Presupuesto 2027. Y gana la burocracia nacional que ejecutó el mayor nivel de gasto desde 2016 sin enfrentar consecuencias políticas inmediatas, consolidando su posición presupuestaria como piso para futuras negociaciones.
Pierden los contribuyentes nacionales que financian el sistema completo sin capacidad de discriminar entre gasto eficiente e ineficiente, porque la intermediación federal opaca la trazabilidad del peso fiscal. Pierden las provincias más austeras que contienen su gasto local, porque la coparticipación premia el cabildeo político y no la gestión responsable. Y pierde la credibilidad fiscal del gobierno nacional: prometió austeridad y ejecutó el mayor gasto en ocho años, debilitando cualquier ancla de expectativas hacia adelante. Cuando un gobierno pierde credibilidad fiscal, el costo no se paga con votos en la próxima elección sino con puntos básicos de riesgo país en los mercados de deuda, que son los contribuyentes futuros poniendo precio anticipado al ajuste que vendrá.
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