Malvinas — el giro geopolítico dispara un dilema regional con Chile

La agenda

El gobierno argentino endureció su postura sobre Malvinas tras el inicio de la explotación petrolera británica en el yacimiento Sea Lion, una operación que Argentina considera ilegal por realizarse en aguas bajo disputa de soberanía. El cambio de postura se materializó en el Decreto 983/2026, que crea el Sistema de Articulación de Política Exterior, y en declaraciones públicas del presidente Milei advirtiendo que no se tolerarán “hechos consumados” en el Atlántico Sur.

El endurecimiento genera un dilema con Chile. Santiago mantiene desde 1984 un tratado de paz y límites con Argentina que incluye cláusulas de neutralidad en conflictos con terceros, pero también tiene acuerdos comerciales y de cooperación energética con Reino Unido que podrían verse comprometidos si Argentina exige posiciones explícitas sobre Malvinas. La semana que viene el Congreso argentino debatirá una declaración sobre Malvinas que podría incluir pedidos de respaldo regional explícito, poniendo presión sobre Chile y otros países vecinos que históricamente mantuvieron posiciones ambiguas sobre la disputa territorial.

La operación Sea Lion, que extrae petróleo en aguas próximas a las islas, está operada por la británica Rockhopper Exploration junto a empresas israelíes y estadounidenses. Argentina denunció la explotación ante organismos internacionales, pero el inicio efectivo de la producción modifica el tablero: lo que antes era una disputa sobre derechos futuros ahora es un conflicto sobre rentas presentes que fluyen hacia Londres.

El análisis liberal

La acción estatal en política exterior, como cualquier otra intervención, genera consecuencias no anticipadas que recaen sobre terceros que no participaron de la decisión. Buchanan y Tullock en El cálculo del consenso (1962, cap. 6) explican que las decisiones colectivas responden a coaliciones de intereses concentrados: el gobierno argentino, al endurecer la postura sobre Malvinas, responde a una coalición doméstica —sectores nacionalistas, sindicatos pesqueros, fuerzas armadas— que captura el beneficio político visible de “defender la soberanía”. Pero el costo de esa decisión —el deterioro de relaciones con Chile, la posible pérdida de comercio, la exposición de empresas argentinas que operan en Chile— se distribuye de forma difusa entre millones de agentes económicos que no tuvieron voz en la decisión y cuyas pérdidas son invisibles en el balance político inmediato.

Hayek en El uso del conocimiento en la sociedad (1945) advierte que ningún planificador central puede conocer toda la información dispersa relevante para tomar una decisión óptima. En diplomacia, ese problema se agrava: el gobierno argentino declara que “no tolerará hechos consumados”, pero desconoce cuántas empresas argentinas dependen de relaciones comerciales con Chile, cuántos contratos están en curso, qué inversiones se verán afectadas si Santiago decide priorizar su vínculo con Londres. Esa información está dispersa en la mente de miles de empresarios, exportadores y prestadores de servicios. El decreto 983/2026 centraliza la articulación de política exterior en manos del Ejecutivo, eliminando la posibilidad de que esos agentes —que conocen sus circunstancias particulares de tiempo y lugar— puedan adaptar sus decisiones antes de que el costo caiga sobre ellos.

El “efecto búmeran” que describe Cronista tiene un mecanismo preciso: el endurecimiento de la postura argentina obliga a Chile a elegir entre dos coaliciones de intereses propios. Por un lado, mantener la neutralidad histórica y preservar el vínculo comercial con Argentina. Por otro, priorizar su relación con Reino Unido y acceder a mercados energéticos y tecnológicos que Buenos Aires no puede ofrecer. Mises en La acción humana (1949, cap. VIII, sec. 3) explica que toda acción implica elegir entre alternativas mutuamente excluyentes: si Chile elige a Londres, descarta a Buenos Aires, y viceversa. Pero lo relevante para el análisis liberal es que Argentina, al forzar esa elección, asume que Chile elegirá en su favor sin haber calculado qué incentivos reales tiene Santiago para hacerlo.

Rothbard en Poder y mercado (1970, cap. 3) señala que el Estado, al intervenir en relaciones voluntarias entre agentes, desvía recursos hacia usos políticamente favorecidos y destruye arreglos cooperativos preexistentes. En este caso, el arreglo preexistente era la neutralidad chilena, que permitía a ambos países mantener comercio fluido y cooperación en infraestructura sin que Malvinas fuera un obstáculo. Al exigir posiciones explícitas, Argentina rompe ese equilibrio y obliga a Chile a internalizar un costo que antes externalizaba: elegir bando tiene precio, y Santiago puede decidir que ese precio lo debe pagar Buenos Aires, no Londres.

Ahora bien, las lecturas rivales del hecho merecen enumerarse. Una interpretación realista de relaciones internacionales diría que Argentina debe endurecer su postura precisamente porque Sea Lion es un hecho consumado que modifica el statu quo, y que esperar pacientemente implica convalidar la explotación británica. Otra lectura, de corte nacionalista, argumentaría que la soberanía no se negocia y que exigir apoyo regional es legítimo independientemente del costo comercial.

Descarto la lectura realista porque ignora la teoría del revealed preference: el hecho de que Argentina no haya podido impedir Sea Lion revela que su capacidad de alterar el statu quo por la fuerza es nula, y endurecer la retórica sin capacidad de enforcement solo genera costos sin beneficios. Descarto la lectura nacionalista porque confunde fines declarados con resultados efectivos: decir que “no se tolerarán hechos consumados” cuando ya están consumados no altera la realidad; solo altera los incentivos de terceros que ahora deben decidir si alinearse con un país que amenaza sin poder cumplir vale más que mantener relaciones con quien ya está extrayendo el petróleo.

El dilema con Chile es, en términos de Public Choice, un caso de concentrated benefits, diffuse costs invertido. Los beneficios de exigir apoyo chileno están concentrados en el gobierno argentino —capital político doméstico, imagen de firmeza— pero los costos —pérdida de comercio, desinversión, deterioro de confianza— se distribuyen entre empresas, trabajadores y consumidores argentinos que operan con Chile y que ahora enfrentan incertidumbre adicional. Esos costos son difusos, diferidos en el tiempo y difíciles de atribuir causalmente a la decisión diplomática, por lo que no generan resistencia política organizada en el momento de la decisión.

Quién gana y quién pierde

Ganan, en el corto plazo, los sectores políticos y sindicales que capitalizan la retórica soberanista. La coalición que empujó el endurecimiento —nacionalistas, fuerzas armadas, sindicatos pesqueros— obtiene capital político inmediato sin asumir el costo de implementar la amenaza. También ganan los operadores de Sea Lion: cada mes que Argentina escala retóricamente sin capacidad de intervención efectiva es un mes más de extracción sin oposición real.

Pierden los agentes económicos argentinos que operan con Chile. Exportadores de servicios, empresas con inversiones cruzadas, prestadores de infraestructura y logística enfrentan ahora un escenario de mayor incertidumbre regulatoria y potencial represalia indirecta si Chile decide priorizar a Londres. Pierden también los contribuyentes argentinos, porque el costo de mantener una postura diplomática endurecida sin capacidad de enforcement implica recursos destinados a acciones simbólicas —declaraciones, gestiones internacionales, presencia militar en el Sur— que no alteran el resultado práctico pero sí el gasto público.

Pierden, finalmente, quienes podrían haber aprovechado relaciones comerciales más profundas con Chile en sectores ajenos a Malvinas. La política exterior, al forzar una elección binaria donde antes había cooperación sectorial, cierra puertas que se habrían mantenido abiertas bajo un esquema de neutralidad mutua. Esas puertas cerradas representan inversiones que no se harán, empleos que no se crearán y rentas que no se generarán. Bastiat en Lo que se ve y lo que no se ve (1850) advierte contra la ilusión de la acción visible: vemos la declaración presidencial y la sesión del Congreso; no vemos el contrato que no se firmó, la inversión que se canceló y el puesto de trabajo que no se abrió porque la incertidumbre política aumentó el costo de operar entre ambos países.