Mendoza — niño muerto en tiroteo narco evidencia colapso del monopolio de la fuerza

La agenda

Un niño de 7 años murió baleado en Mendoza durante un tiroteo entre bandas vinculadas al narcotráfico. El episodio ocurrió en el barrio Campo Papa, departamento de Guaymallén, cuando hombres armados ingresaron a una vivienda disparando en lo que las autoridades califican como un ajuste de cuentas. El menor recibió un disparo en el tórax y falleció horas después en el Hospital Central.

Las fuentes judiciales y policiales confirmaron que el ataque fue dirigido contra un integrante de una organización criminal rival. La Policía de Mendoza no logró evitar el hecho ni detener a los agresores en el momento del episodio, aunque posteriormente hubo detenciones. El caso reaviva el debate sobre la efectividad de las fuerzas de seguridad provinciales en territorios donde la competencia violenta por el control de mercados ilegales se ha vuelto endémica.

El análisis liberal

El monopolio estatal de la violencia legítima se justifica, desde Hobbes hasta Mises, por una sola promesa: proteger la vida y la propiedad de los ciudadanos frente a la agresión privada. Cuando ese monopolio no puede cumplir su función básica —cuando un niño muere en un tiroteo que el aparato de seguridad no previno, no disuadió y no detuvo— el contrato social que sostiene la legitimidad del Estado entra en crisis. La muerte de este niño en Mendoza no es un accidente trágico: es evidencia empírica del colapso institucional en la provisión del bien público más elemental.

Mises en Burocracia distingue entre gestión burocrática y gestión por cálculo económico. La primera carece de mecanismos de retroalimentación que castiguen la ineficiencia: una policía que no previene el crimen no quiebra, no pierde presupuesto ni ve migrar a sus “clientes” hacia un competidor más eficaz. En un mercado de servicios de seguridad privada, una agencia que permitiera tiroteos diurnos en barrios residenciales perdería contratos inmediatamente. El monopolio estatal, en cambio, responde a incentivos políticos —priorizar zonas electoralmente relevantes, asignar recursos según presión mediática— no a la efectividad en proteger vidas concretas. Buchanan y Tullock en El cálculo del consenso muestran que las decisiones colectivas se capturan por coaliciones de intereses concentrados: el presupuesto de seguridad se distribuye según el peso político de cada distrito o fuerza, no según la tasa de homicidios o la percepción de inseguridad de los vecinos.

Segundo, el prohibicionismo como generador de externalidades violentas. La prohibición de drogas no elimina la demanda: la desvía hacia mercados clandestinos donde no hay recurso legal para resolver disputas comerciales. Rothbard en Poder y mercado explica que toda prohibición genera un premium de riesgo que atrae precisamente a los agentes más dispuestos a usar violencia para defender su participación de mercado. El tiroteo en Guaymallén no es un desborde irracional: es la competencia por territorio de distribución resuelta por la única vía que el marco legal deja disponible cuando el Estado prohíbe el intercambio pacífico. Hayek en Camino de servidumbre advierte que las prohibiciones crean mercados negros controlados por quienes mejor toleran la ilegalidad, no por quienes mejor satisfacen al consumidor.

Tercero, la captura regulatoria del aparato represivo. Stigler en La teoría de la regulación económica muestra que los regulados capturan al regulador cuando el costo de la captura es menor que el beneficio del privilegio obtenido. En mercados ilegales, esa captura adopta formas más crudas: desde la corrupción directa de agentes policiales hasta la tolerancia selectiva de ciertas organizaciones a cambio de paz territorial. Cuando el Estado no puede erradicar el fenómeno, negocia su gestión con los grupos que logran concentrar más violencia. El resultado es un equilibrio perverso donde la policía no protege a los ciudadanos sino que administra los términos de la convivencia con el crimen organizado. La muerte del niño ocurre porque ese equilibrio colapsó temporalmente, exponiendo la ficción del monopolio de la fuerza: el Estado no controla el territorio; apenas arbitra entre bandas.

Cuarto, el costo social no internalizado. Coase en El problema del costo social establece que las externalidades negativas persisten cuando los derechos de propiedad están mal definidos o cuando el costo de transacción para negociar su corrección es prohibitivo. En este caso, las bandas narco no internalizan el costo de sus disputas porque no hay derecho de propiedad sobre la seguridad del barrio que puedan violar contractualmente. Los vecinos no pueden demandar resarcimiento, las familias no pueden contratar protección alternativa sin violar el monopolio estatal, y el Estado que falló no enfrenta consecuencia económica alguna. La externalidad —un niño muerto— recae sobre quienes no participaron de la transacción ilegal ni del enfrentamiento armado.

Ahora, las lecturas rivales. Una interpretación estatista diría que el problema es insuficiencia de recursos policiales y que la solución es más presupuesto, más patrullaje, más cárceles. Otra argumentaría que la falla está en la desigualdad estructural que empuja a los jóvenes hacia el narcotráfico, y que la respuesta debe ser social, no represiva. Descarto la primera porque confunde insumos con resultados: Argentina tiene una de las tasas de policías per cápita más altas de la región y sin embargo episodios como este se multiplican, evidenciando que el problema no es cuántos agentes hay sino qué incentivos enfrentan. Descarto la segunda porque aunque la pobreza sea un factor de riesgo, no explica la violencia: hay barrios igualmente pobres donde no ocurren tiroteos porque no hay competencia armada por mercados ilegales, y hay países con peor distribución del ingreso y menor violencia vinculada a drogas.

Una tercera lectura, más sofisticada, sostendría que la legalización de drogas no eliminaría la violencia porque las bandas migrarían hacia otros delitos. Esa objeción ignora que la violencia tiene un costo: las organizaciones la usan porque el beneficio del control territorial de un mercado ilegal y con márgenes enormes compensa ese costo. Kirzner en Competencia y empresarialidad explica que los empresarios descubren oportunidades de ganancia allí donde hay desajustes de mercado. Si se elimina la prohibición, se elimina la prima de riesgo y los márgenes extraordinarios colapsan: la distribución de sustancias se vuelve un negocio de bajo margen, incompatible con el costo de mantener estructuras armadas. Las bandas no “migran” a otros delitos porque esos otros delitos ya existen y ya tienen sus propios grupos especializados; lo que desaparece es el incentivo específico que hace rentable la violencia en este mercado particular.

Quién gana y quién pierde

Ganan, en el cortísimo plazo, las bandas que logran consolidar control territorial tras el episodio violento, y los funcionarios que capitalizan políticamente la indignación pública pidiendo más recursos o más mano dura sin asumir responsabilidad por la falla institucional previa.

Pierden, inmediata y trágicamente, el niño muerto y su familia. Pierden los vecinos del barrio, rehenes de una guerra que no eligieron y de la cual no pueden escapar sin abandonar su vivienda. Pierden los contribuyentes que financian un aparato de seguridad que no los protege pero al que no pueden renunciar legalmente. Y pierde el conjunto de la sociedad al normalizar un nivel de violencia endémica que erosiona la confianza en las instituciones, desincentiva la inversión en zonas de riesgo y perpetúa el círculo vicioso de prohibición, mercado negro, captura estatal y más violencia.

El monopolio estatal de la fuerza no es un principio teórico: es una promesa empírica. Cuando esa promesa se rompe sistemáticamente, el debate liberal deja de ser si debe haber Estado y pasa a ser qué estructura institucional puede efectivamente proteger vidas. La respuesta liberal clásica es que solo la competencia disciplina la ineficiencia, y que un monopolio sin competencia es, por definición, inmune al fracaso. La muerte de este niño en Mendoza es el costo de esa inmunidad.