El Gobierno amenaza con derogar la Emergencia en Discapacidad y fractura su coalición

La agenda

El Gobierno nacional amenazó con derogar artículos específicos de la Ley de Emergencia en Discapacidad, desatando una crisis con parte de su coalición legislativa. La medida apunta a disposiciones que el Ejecutivo considera incompatibles con su agenda de desregulación y reducción del gasto público, aunque el contenido exacto de los artículos cuestionados no fue especificado en los anuncios oficiales.

La tensión se hizo pública cuando legisladores que habían respaldado otras iniciativas del oficialismo expresaron su rechazo a la posibilidad de modificar unilateralmente una normativa que establece derechos y prestaciones para personas con discapacidad. Según [consignó Clarín](https://www.clarin.com/politica/gobierno-amenaza-derogar-articulos-emergencia-discapacidad-tenso-dialogo-aliados_0_kuuf6TMTJo.html), el anuncio generó malestar en sectores que venían acompañando la gestión en temas fiscales y regulatorios, pero que trazan una línea de protección sobre políticas sociales consideradas sensibles.

Paralelamente, Valentina Bassi, referente en políticas de discapacidad, advirtió que la desregulación del nomenclador de prestaciones representa un riesgo estructural para el acceso a servicios, calificándola como “letal” para el sistema de cobertura. El nomenclador establece las prestaciones obligatorias que obras sociales y prepagas deben garantizar a personas con discapacidad, y su modificación o eliminación alteraría el piso de derechos exigibles.

El análisis liberal

La amenaza de derogar artículos de una ley sancionada representa un movimiento de alto costo político para un gobierno que necesita mantener cohesionada su coalición legislativa. Buchanan y Tullock en El cálculo del consenso (1962, cap. 10) explican que las decisiones colectivas responden a coaliciones de intereses: cuando un gobierno pierde el respaldo de aliados en temas políticamente sensibles, no solo debilita su capacidad legislativa futura, sino que revela una falla en el cálculo de costos políticos de cada medida. La fractura con legisladores que respaldaron otras iniciativas indica que el Ejecutivo subestimó el valor simbólico y electoral de las políticas de discapacidad para sectores de su propia base.

Ahora bien, la regulación estatal del nomenclador de prestaciones, más allá del conflicto político inmediato, merece examen desde el marco de incentivos y consecuencias. Mises en La acción humana (1949, cap. XXVI) señala que toda intervención estatal en la estructura de precios distorsiona la asignación de recursos y genera escasez o sobredemanda artificial. Un nomenclador obligatorio que fija qué servicios deben cubrirse y a qué precio funciona como un control de precios: obliga a las obras sociales y prepagas a proveer servicios por debajo del costo de mercado, desincentivando la oferta y generando listas de espera, baja calidad o la salida de proveedores especializados del sistema.

La advertencia de Bassi sobre la letalidad de la desregulación del nomenclador refleja una lectura correcta del problema inmediato: si se elimina la obligación de cobertura sin reformar simultáneamente el esquema de financiamiento y la estructura monopólica de las obras sociales, las personas con discapacidad quedan expuestas a la negociación individual con prestadores sin poder de mercado. Hayek en El uso del conocimiento en la sociedad (1945) explica que los precios libres transmiten información dispersa sobre costos reales y preferencias genuinas, pero para que ese mecanismo funcione se requiere competencia efectiva: múltiples oferentes y demandantes con libertad de elección. En el sistema argentino de salud, donde las obras sociales tienen captura regulatoria y los afiliados no pueden cambiar fácilmente de cobertura, la desregulación del nomenclador sin desregulación de la competencia transfiere poder discrecional a los prestadores sin contrapeso.

Rothbard en Poder y mercado (1970, cap. 3) distingue entre monopolio de mercado —que solo puede sostenerse mediante eficiencia superior— y monopolio de privilegio estatal. Las obras sociales argentinas operan bajo un régimen de privilegio: afiliación obligatoria, contribuciones forzosas y barreras regulatorias a la entrada. Desregular el nomenclador dentro de ese esquema monopólico no genera competencia; simplemente libera al monopolista de sus obligaciones contractuales sin liberar al consumidor de la afiliación forzosa. El resultado predecible es racionamiento discrecional y transferencia de costos hacia las familias.

La tensión política que genera la medida expone además el problema del cálculo electoral en regímenes democráticos. Buchanan y Wagner en Democracia en déficit (1977, cap. 4) muestran que los gobiernos enfrentan incentivos para concentrar beneficios en grupos organizados y difundir costos en el tiempo o en sectores desorganizados. La amenaza de derogar artículos de la ley de discapacidad invierte esa lógica: concentra costos visibles en un grupo con alta capacidad de movilización política —familias de personas con discapacidad, organizaciones sociales, legisladores que respaldaron la norma— y los beneficios difusos del ahorro fiscal o la desregulación quedan invisibles para el elector medio. El cálculo político falla porque el costo es inmediato y concentrado, y el beneficio hipotético está disperso en el futuro.

Las lecturas rivales del hecho merecen enumerarse. Una interpretación progresista diría que el Estado debe garantizar derechos sociales mediante regulación y financiamiento público, y que desregular el nomenclador es abandonar a los más vulnerables. Otra lectura, desde un liberalismo clásico puro, argumentaría que toda intervención estatal distorsiona el mercado y que la solución es competencia plena sin mandatos obligatorios. Descarto la lectura progresista porque confunde el deber moral de asistencia con la capacidad técnica del Estado para proveerla eficientemente: el nomenclador obligatorio no garantiza prestaciones si los proveedores salen del sistema o degradan la calidad; solo genera la ilusión de cobertura mediante mandato legal. Descarto también la lectura de competencia pura sin transición porque ignora el estado de partida: en un sistema de afiliación obligatoria y monopolios sindicales, la desregulación unilateral del nomenclador no genera mercado; genera desamparo.

La salida liberal clásica consistiría en desregular simultáneamente el nomenclador y la afiliación obligatoria, permitiendo que las personas elijan entre múltiples prestadores en competencia, con subsidios focalizados en casos de incapacidad de pago —no en mandatos universales que encarecen el sistema para todos—. Pero esa secuencia requiere consenso legislativo amplio y capacidad de ejecución que el Gobierno evidentemente no tiene, dado el costo político que le genera incluso la amenaza de derogar artículos específicos. Simons en Un programa positivo para el laissez faire (1934) advertía que el liberalismo económico efectivo no es la abolición abrupta de regulaciones en estructuras monopólicas heredadas, sino la eliminación de privilegios que impiden la competencia genuina. Desregular el nomenclador sin desmonopolizar las obras sociales es el peor de los mundos: mantiene el privilegio del lado de la oferta y elimina la protección del lado de la demanda.

Quién gana y quién pierde

Ganan, en el corto plazo, las obras sociales y prepagas que operan bajo régimen de afiliación forzosa, pues quedan liberadas de obligaciones contractuales onerosas sin perder el flujo garantizado de contribuciones obligatorias. Ganan también los sectores del Ejecutivo que buscan reducir el gasto público mediante la transferencia de costos hacia el sistema privado, mostrando números fiscales sin asumir el costo político inmediato de los recortes directos.

Pierden las familias de personas con discapacidad que dependen del nomenclador obligatorio para acceder a prestaciones que no podrían pagar de su bolsillo ni negociar individualmente con prestadores monopólicos. Pierden también los legisladores aliados del Gobierno que apostaron su capital político a una coalición que ahora los obliga a defender una medida que los enfrenta con sus propios electores. Pierden, en el mediano plazo, el propio Ejecutivo y su capacidad de construir consensos legislativos futuros, porque cada fractura con aliados en temas sensibles eleva el costo de las próximas negociaciones y reduce la credibilidad de los compromisos políticos. Y pierde, finalmente, el conjunto del sistema de salud, porque la desregulación parcial en estructuras monopólicas no genera competencia eficiente sino discrecionalidad arbitraria, dejando a los usuarios sin protección contractual efectiva y sin libertad de elección real.