San Luis cuarta en morosidad nacional — la deuda impagable como síntoma de ajuste estructural

La agenda

San Luis ocupa la cuarta posición a nivel nacional en morosidad, con el 34,7% de sus deudores sin capacidad de cumplir los plazos de pago, según datos difundidos esta semana. El porcentaje ubica a la provincia entre las jurisdicciones subnacionales con mayor deterioro en la capacidad de servicio de la deuda privada del país.

La cifra refleja un problema que trasciende el endeudamiento individual: una proporción de esa magnitud entre los tomadores de crédito señala que más de un tercio de quienes asumieron obligaciones financieras en la provincia no puede generar el flujo de ingresos necesario para honrarlas en tiempo y forma. El dato no discrimina entre deuda bancaria, tarjetas de crédito o financiamiento comercial, pero indica que el ingreso disponible de los hogares puntanos quedó por debajo de las expectativas sobre las cuales se contrajo la deuda original.

El análisis liberal

Hayek en Precios y producción (1931, lección II) explica que la acumulación de deuda insostenible no es un fenómeno aislado de mala conducta individual, sino el síntoma visible de un desalineamiento entre la estructura productiva real de una economía y las obligaciones financieras contraídas sobre la base de expectativas que la producción efectiva no puede validar. Cuando más de un tercio de los deudores no puede pagar, el problema no está en la moral de los tomadores sino en la estructura de ingresos que les permitió endeudarse en primer lugar.

La teoría austriaca del ciclo económico (Mises, La acción humana, 1949, cap. XX) identifica el mecanismo causal: la expansión artificial del crédito —ya sea por política monetaria laxa a nivel nacional o por subsidios y transferencias provinciales que elevan transitoriamente el ingreso disponible— genera señales de precio falsas. Los agentes interpretan que su capacidad de pago futura será mayor que la real, contraen deuda sobre esa expectativa y, cuando el flujo de ingresos no se materializa, la morosidad emerge como ajuste inevitable. El umbral de referencia de morosidad en San Luis es la aritmética de ese desajuste entre expectativa inducida y realidad productiva.

Ahora bien, San Luis no es una provincia industrial con ciclo manufacturero propio: su estructura económica depende fuertemente de empleo público, transferencias nacionales y actividad comercial vinculada al consumo. Rothbard en ¿Qué le ha hecho el gobierno a nuestro dinero? (1963, cap. 13) advierte que las economías dependientes de gasto estatal amplificado son especialmente vulnerables a la corrección posterior: cuando el gasto se retrae o las transferencias se ajustan, no hay capacidad productiva subyacente que sostenga el nivel de ingreso previo. El colapso en la capacidad de pago de los deudores puntanos refleja precisamente eso: una economía que construyó obligaciones financieras sobre la base de un flujo de ingresos artificialmente elevado por el Estado, y que ahora enfrenta la contracción fiscal sin red de producción genuina que la amortigüe.

La lectura rival diría que el problema es de demanda insuficiente y que la solución pasa por refinanciar la deuda o expandir nuevamente el crédito. Buchanan en Principios de deuda pública (1958, cap. 4) refuta esa posición: refinanciar una deuda impagable no resuelve el problema de capacidad de pago; solo lo posterga y lo amplifica. Si el deudor no puede pagar hoy porque su ingreso cayó, extenderle el plazo sin que cambie su capacidad generadora de renta simplemente acumula más interés sobre un principal que seguirá siendo impagable. La solución keynesiana de “sostener la demanda” mediante más gasto público o crédito subsidiado agrava el desalineamiento estructural que produjo la morosidad en primer lugar.

Otra lectura diría que la morosidad refleja desempleo y que la solución es crear puestos de trabajo vía obra pública. Hazlitt en La economía en una lección (1946, cap. IV) desmonta esa falacia: las obras públicas financiadas con deuda o impuestos no crean empleo neto; solo lo redistribuyen. Vemos a los contratistas de la obra pública cobrando; no vemos a los contribuyentes que debieron renunciar al consumo o a la inversión privada para financiarla. En el caso de San Luis, expandir obra pública provincial para combatir la morosidad implicaría contraer más deuda pública para salvar deuda privada, duplicando el pasivo sin alterar la capacidad productiva real de la provincia.

La pregunta correcta no es cómo refinanciar la deuda impagable, sino qué estructura productiva hace falta para que esa deuda sea pagable. Knight en Riesgo, incertidumbre y beneficio (1921, parte III, cap. VII) distingue entre riesgo probabilizable —cuyo costo puede asegurarse— e incertidumbre genuina, que es irreductible. La morosidad masiva en San Luis señala que los tomadores de crédito asumieron riesgo sobre la base de una expectativa de ingreso futuro que resultó ser incertidumbre pura: no había información disponible que permitiera anticipar la caída en la capacidad de pago, porque esa capacidad dependía de decisiones fiscales nacionales y provinciales impredecibles. El problema no es técnico; es de economía política: una provincia que construye su estructura de ingresos sobre transferencias discrecionales enfrenta incertidumbre irreductible sobre su flujo futuro de caja, y esa incertidumbre se traduce en morosidad cuando las transferencias se cortan.

Las explicaciones rivales asumen que el problema es coyuntural y resoluble con política contracíclica. La teoría austriaca lo interpreta como estructural: la morosidad es el ajuste doloroso pero necesario entre obligaciones financieras asumidas y capacidad productiva real. Prolongar el ajuste mediante refinanciación subsidiada o gasto público expansivo solo acumula más deuda sobre una base productiva que no cambió. Descarto la lectura keynesiana porque confunde síntoma con causa: la demanda no cayó por falta de gasto, sino porque el gasto previo financió consumo insostenible. Descarto la lectura asistencialista porque prolonga la ilusión: refinanciar al deudor sin cambiar su capacidad de generar ingreso solo posterga el default y lo hace más caro.

Quién gana y quién pierde

Ganan, en el corto plazo, quienes logran renegociar plazos o acceder a refinanciación subsidiada por el Estado provincial o nacional: postergan el ajuste individual sin asumir el costo pleno de la deuda impagable. Ganan también los bancos que reciben rescate implícito vía fondos públicos destinados a programas de asistencia crediticia, trasladando el riesgo de cartera morosa desde sus balances hacia el contribuyente.

Pierden los contribuyentes que financian cualquier esquema de refinanciación o asistencia estatal: pagan la deuda ajena sin haber participado del consumo que la generó. Pierden los deudores que ajustaron por cuenta propia, reduciendo gastos y priorizando el pago de obligaciones, porque el subsidio premia la morosidad y castiga la disciplina. Y pierde el conjunto de la economía provincial por la postergación del ajuste estructural: mientras la morosidad se refinancia en lugar de liquidarse, el capital y el trabajo permanecen atrapados en usos insostenibles, retrasando la reconversión hacia actividades genuinamente productivas que puedan generar el ingreso necesario para sostener una estructura de deuda más moderada y pagable.