Presupuesto 2027 con once mil millones en Bonares y PASO suspendidas — quién negocia qué

La agenda

Diego Santilli, vicejefe de Gabinete del Interior, recibió a cuatro gobernadores en la primera tanda de negociaciones por el Presupuesto 2027 y la suspensión de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Los mandatarios provinciales llegaron con carpetas que incluyen demandas sobre compensaciones por zonas frías, zonas cálidas y mantenimiento de rutas nacionales, según consignó la cobertura del encuentro.

El encuentro se da en simultáneo con la presentación del proyecto de ley de Presupuesto en el Congreso, donde el ministro de Economía Luis Caputo proyectó necesidades de financiamiento por once mil millones de dólares en títulos públicos (Bonares) sin contemplar el regreso al mercado internacional de deuda. La cifra marca la continuidad del endeudamiento doméstico en moneda extranjera como principal fuente de financiamiento del déficit consolidado.

La suspensión de las PASO forma parte del paquete de negociación con los gobernadores, quienes buscan reducir el costo electoral de las provincias y concentrar poder de nominación en las estructuras partidarias locales, alejando la decisión de candidaturas del voto directo de los afiliados.

El análisis liberal

El federalismo fiscal argentino opera desde hace décadas como un sistema de transferencias discrecionales donde el gobierno nacional recauda impuestos coparticipables y luego los redistribuye bajo criterios políticos más que económicos. Buchanan y Wagner en Democracia en déficit (1977, cap. 7) explican que cuando el costo de una política no recae sobre quien la decide, se generan incentivos perversos para expandir el gasto: el gobernador que negocia transferencias adicionales no paga directamente el impuesto que las financia, pues éste se cobra en todo el territorio nacional. La negociación del Presupuesto con gobernadores replica ese mecanismo: cada mandatario provincial maximiza su extracción de recursos federales sin internalizar el costo fiscal agregado.

Las demandas por compensaciones de zonas frías, zonas cálidas y rutas nacionales ilustran el problema. Mises en Burocracia (1944, cap. III) distingue entre la gestión de recursos propios y la administración de fondos ajenos. El gerente privado que gasta de más quiebra y pierde su capital; el funcionario que gasta fondos públicos enfrenta únicamente riesgo político, diluido en el tiempo y difuso entre millones de contribuyentes. Cada gobernador que arranca una transferencia adicional concentra el beneficio en su distrito electoral mientras dispersa el costo en la masa anónima de pagadores de impuestos del resto del país.

El endeudamiento proyectado en Bonares por once mil millones de dólares sin acceso al mercado internacional confirma la fragilidad estructural del esquema. Hayek en Precios y producción (1931, conferencias III y IV) advierte que el endeudamiento público desplaza ahorro privado: esos once mil millones que el Estado tomará en forma de bonos en moneda extranjera son once mil millones que no financiarán inversión productiva privada. El argumento keynesiano de que el gasto público compensa la falta de demanda privada omite la secuencia causal: primero el Estado absorbe recursos mediante impuestos o deuda, después la inversión privada se contrae por falta de ahorro disponible, y recién entonces aparece la excusa de que el Estado debe intervenir porque “el sector privado no invierte”.

Rothbard en ¿Qué le ha hecho el gobierno a nuestro dinero? (1963, cap. 12) señala que el endeudamiento en moneda extranjera con fondos domésticos replica la lógica del patrón oro falso: el Estado promete dólares futuros pero financia esa promesa con pesos presentes, creando una brecha entre obligación nominal y capacidad real de pago. Mientras el gobierno mantenga superávit primario fiscal, la cuenta cierra; pero basta una presión electoral para romper gastos de caja y el castillo de naipes colapsa en default o en emisión encubierta mediante reestructuración forzosa de bonos.

La suspensión de las PASO como moneda de cambio en la negociación presupuestaria añade una capa adicional de distorsión. Buchanan y Tullock en El cálculo del consenso (1962, cap. 11) muestran que las instituciones políticas determinan quién decide qué y a qué costo. Las primarias abiertas descentralizan la nominación de candidatos: el afiliado de base vota en la interna y condiciona la oferta electoral final. Suspenderlas concentra el poder de nominación en las cúpulas partidarias provinciales, reduciendo la competencia interna y debilitando el control del elector sobre la dirigencia.

El paquete completo —Presupuesto, transferencias discrecionales, suspensión de PASO— funciona como un mercado político donde el gobierno nacional compra consenso legislativo con recursos fiscales y los gobernadores venden su voto a cambio de fondos adicionales y mayor discrecionalidad electoral. Stigler en La teoría de la regulación económica (1971) muestra que cuando un grupo concentrado negocia con un pagador difuso, el primero siempre extrae renta: los gobernadores están organizados, tienen carpetas y saben lo que quieren; los contribuyentes están dispersos, no tienen representación en la mesa y pagan la cuenta sin enterarse del detalle.

Lecturas rivales del hecho deben enumerarse para no caer en sesgo de confirmación. Una interpretación desarrollista argumentaría que las compensaciones a provincias reducen desigualdades regionales estructurales y financian obras de infraestructura productiva. Otra lectura, de corte republicano institucionalista, sostendría que la negociación con gobernadores es el costo necesario del federalismo y que suspender las PASO reduce fragmentación partidaria excesiva.

Descarto la lectura desarrollista porque confunde redistribución con desarrollo: transferir recursos de una región a otra no crea riqueza, simplemente la mueve, y el criterio de asignación es político, no económico. Si las obras fueran genuinamente productivas, generarían retorno suficiente para financiarse con deuda privada o con impuestos locales; que requieran subsidio federal revela que el beneficio no cubre el costo. Descarto la lectura institucionalista porque invierte la causalidad: no es que el federalismo requiera discrecionalidad fiscal, sino que la discrecionalidad fiscal pervierte al federalismo convirtiéndolo en un sistema de compra de votos legislativos con fondos de terceros.

Quién gana y quién pierde

Ganan, en el corto plazo, los gobernadores que arrancan transferencias adicionales para sus provincias y mayor control sobre las nominaciones electorales al suspenderse las primarias. Ganan las estructuras partidarias provinciales, que recuperan poder de selección de candidatos sin el filtro del voto directo de afiliados. Gana el gobierno nacional en términos de gobernabilidad inmediata: consigue los votos para aprobar el Presupuesto y avanzar con su agenda legislativa.

Pierden los contribuyentes del conjunto del país, que financian transferencias discrecionales negociadas en función de poder de lobby político y no de criterios económicos objetivos. Pierden los afiliados de base de los partidos, que ven reducida su capacidad de incidir en la selección de candidatos al suspenderse las primarias abiertas. Pierde el sector privado, que enfrenta un Estado que absorbe once mil millones de dólares adicionales en forma de deuda doméstica, desplazando ahorro disponible para inversión productiva.

Pierden, sobre todo, las generaciones futuras. Buchanan en Principios de deuda pública (1958, cap. 3) explica que la deuda pública traslada el costo de las decisiones presentes hacia quienes todavía no votan: los once mil millones que el gobierno toma hoy en Bonares son impuestos futuros o inflación futura que pagarán ciudadanos que no participaron de la negociación de hoy. El federalismo fiscal discrecional y el endeudamiento sin acceso a mercados internacionales consolidan un patrón: los que deciden el gasto no pagan su costo, y los que pagan su costo no deciden el gasto.