Gobierno endurece trámites de AUH y traslada costo del control a las familias vulnerables

La agenda

El Gobierno modificó el procedimiento para acceder al 20% retenido de la Asignación Universal por Hijo (AUH) mediante la Resolución 1297/2024 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que establece un nuevo esquema de acreditación de controles de salud y regularidad escolar. A partir de ahora, las familias beneficiarias deberán validar el cumplimiento de estas condicionalidades exclusivamente a través de plataformas digitales y sistemas de registro automatizado, eliminando la presentación de formularios físicos en oficinas de ANSES.

El cambio afecta al amplio universo de familias que reciben la AUH, quienes hasta ahora podían certificar el cumplimiento de los requisitos presentando la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación en ventanillas presenciales. La nueva normativa impone que los establecimientos educativos y de salud carguen directamente la información en sistemas del Estado, trasladando a instituciones públicas y privadas la responsabilidad de validar digitalmente la asistencia escolar y los controles sanitarios. Las familias deberán luego corroborar en línea que esos registros consten en las bases de ANSES para habilitar el desembolso del porcentaje retenido, que se liquida anualmente en diciembre o enero.

La resolución no especifica plazos de gracia ni mecanismos de contingencia para zonas sin conectividad adecuada, ni establece protocolos de excepción para escuelas o centros de salud que no cuenten con infraestructura digital operativa. Tampoco se informó sobre campañas de capacitación a directivos escolares o personal sanitario para operar los nuevos sistemas, según surge de la lectura del texto publicado en el Boletín Oficial.

El análisis liberal

La medida representa un incremento unilateral del costo de transacción para acceder a un beneficio ya condicionado. Ronald Coase en El problema del costo social (1960) establece que cualquier intercambio —incluso uno administrativo entre el Estado y el beneficiario— tiene costos: el tiempo empleado, la información necesaria, el riesgo de error, la coordinación entre partes. La pregunta central no es si esos costos existen, sino quién los soporta y si esa asignación minimiza el desperdicio agregado. La nueva resolución desplaza el costo del monitoreo desde ANSES hacia las familias, las escuelas y los centros de salud, sin compensación ni evidencia de que esos actores estén en mejor posición para absorberlo eficientemente.

Mises en Burocracia (1944, cap. III) distingue entre gestión burocrática y gestión de beneficio. La primera opera sin señal de precios, sin competencia y sin consecuencia patrimonial para quien toma la decisión. El burócrata no pierde su salario si el trámite que diseña resulta inaccesible para el beneficiario: su incentivo es minimizar su propio riesgo administrativo, no maximizar el bienestar del destinatario de la política. La digitalización forzosa del procedimiento reduce el trabajo de ventanilla para ANSES, pero multiplica los puntos de falla: ahora una familia pierde el cobro si la enfermera no cargó correctamente los datos, si la directora de la escuela rural no tiene internet estable, o si el sistema de ANSES no reconoce el registro aunque exista.

Hayek en El uso del conocimiento en la sociedad (1945) advierte que el conocimiento relevante para la acción económica está disperso y localizado. Una madre en un paraje de La Rioja sabe si su hijo fue al médico; la enfermera del centro de salud también lo sabe. Ese conocimiento es inmediato y verificable en el lugar. Forzar que esa información transite por un sistema digital centralizado —donde debe cargarse en Buenos Aires, validarse en servidores remotos y consultarse desde un celular con señal intermitente— no agrega certeza: agrega fricción. El conocimiento local, que antes se presentaba en papel, ahora debe convertirse en dato digital, viajar por una red de telecomunicaciones y ser reconocido por un algoritmo. Cada paso es un punto de falla adicional, y el costo de cada falla recae exclusivamente sobre la familia vulnerable.

Buchanan y Tullock en El cálculo del consenso (1962, cap. 6) explican que las decisiones colectivas reflejan los intereses de quienes concentran el poder de decisión, no de quienes soportan las consecuencias. ANSES concentra el poder de rediseñar el trámite; las familias beneficiarias carecen de voz en esa mesa. El organismo obtiene un beneficio inmediato: ahorra personal de ventanilla, reduce el manejo de documentación física y terceriza el control hacia escuelas y hospitales. Las familias, en cambio, enfrentan un costo diferido y disperso: deben aprender a usar la plataforma, verificar que terceros cargaron los datos correctamente, y asumir el riesgo de perder el umbral de referencia retenido si cualquier eslabón de la cadena digital falla.

La medida también introduce un riesgo de exclusión arbitraria. Rothbard en Poder y mercado (1970, cap. 3) señala que toda regulación estatal genera ganadores y perdedores no por mérito económico, sino por capacidad de cumplir con requisitos formales impuestos desde arriba. Una familia urbana con conectividad estable y escuela equipada puede validar sin problema; una familia rural con escuela unidocente sin internet quedará excluida aunque cumpla materialmente con las condicionalidades de salud y educación. El requisito digital no mide el cumplimiento real de la política pública: mide la capacidad de navegar un sistema burocrático digitalizado. Y esa capacidad se distribuye de forma inversa a la vulnerabilidad socioeconómica del hogar.

Ahora bien, las lecturas rivales del hecho merecen enumerarse. Una interpretación tecnocrática diría que la digitalización reduce errores humanos, acelera los procesos y permite auditorías en tiempo real. Otra argumentaría que el cambio combate el fraude al eliminar la presentación de formularios apócrifos. Descarto la lectura tecnocrática porque asume conectividad universal y alfabetización digital homogénea, condiciones que no se cumplen en las poblaciones objetivo de la AUH. Descarto la lectura antifraude porque el texto de la resolución no presenta evidencia de fraude masivo en el sistema anterior, ni cuantifica el problema que pretende resolver: es una solución en busca de un problema, y mientras tanto traslada el riesgo operativo hacia quien menos puede absorberlo.

Quién gana y quién pierde

Gana ANSES en el corto plazo: reduce personal de atención presencial, elimina el manejo de documentación física y descentraliza el control de cumplimiento hacia terceros. Ganan también los proveedores de software y servicios de infraestructura digital que el Estado contrate para implementar y mantener el nuevo sistema.

Pierden las familias vulnerables que enfrentan barreras de conectividad, alfabetización digital o que dependen de instituciones escolares y sanitarias sin capacidad técnica para operar los nuevos registros. Pierden las escuelas rurales y los centros de salud periféricos que ahora deben asumir una carga administrativa adicional sin financiamiento específico para equipamiento ni capacitación. Pierden, en último término, los niños cuyas familias no logren sortear los nuevos requisitos y queden excluidos del cobro del porcentaje retenido, no por incumplimiento de las condicionalidades de salud y educación, sino por incapacidad de acreditar digitalmente ese cumplimiento ante un sistema que externaliza sobre los más débiles el costo de su propio control.