Gobierno traslada gasto en discapacidad a provincias sin transferir recursos

La agenda

El proyecto de Presupuesto 2027 incluye modificaciones a la Ley de Discapacidad que generaron críticas de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y desataron una nueva interna dentro del gobierno nacional. Los cambios propuestos alteran los criterios de cobertura que determinan qué prestaciones financia el Estado nacional y cuáles quedan bajo responsabilidad provincial, sin que el proyecto contemple transferencias automáticas de recursos hacia las jurisdicciones subnacionales.

La reforma modifica el sistema de nomenclador que regula las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo para personas con discapacidad. Según declaraciones del gobernador cordobés Martín Llaryora, la medida traslada responsabilidades de cobertura sin los fondos correspondientes, lo que obligaría a las provincias a absorber el gasto adicional con sus presupuestos actuales o a reducir la calidad y alcance de las prestaciones.

El conflicto expone tensiones dentro de la coalición gobernante sobre el alcance de las políticas de protección social y la distribución de competencias fiscales entre Nación y provincias. La inclusión de estos cambios dentro del proyecto de Presupuesto, en lugar de tramitarlos como reforma legislativa independiente, limita el debate público y concentra la discusión en el ámbito de las comisiones parlamentarias de presupuesto.

El análisis liberal

La estructura de financiamiento centralizado de servicios sociales genera una cadena de distorsiones que el mercado de responsabilidades federales expone con claridad. Buchanan en Democracia en déficit (1977, cap. 8) describe el mecanismo: cuando el costo de una política lo paga un nivel de gobierno distinto del que la ejecuta, se rompe la disciplina fiscal. El mandante provincial exige más servicios porque no enfrenta directamente el costo de proveerlos; el gobierno central los financia porque cosecha el rédito político sin asumir la gestión operativa. El resultado inevitable es expansión del gasto sin mejora proporcional en la calidad del servicio.

La reforma propuesta invierte ese flujo pero mantiene la desconexión entre quien decide y quien paga. Si las provincias deben cubrir prestaciones sin recibir la recaudación correspondiente, enfrentan tres opciones: aumentar impuestos locales, recortar otras partidas o reducir la cobertura. Las tres erosionan capital político. Hayek en Los fundamentos de la libertad (1960, cap. 15) advierte contra el federalismo nominal: transferir responsabilidades sin facultades tributarias no es descentralización genuina sino delegación forzosa de ajustes impopulares.

El problema de información es estructural. Mises en La acción humana (1949, cap. XXVI, sec. 4) explica que el cálculo económico racional requiere precios de mercado que reflejen escasez relativa y preferencias reales. En un sistema de prestaciones financiadas centralmente, el usuario no enfrenta el costo marginal de su demanda: consume servicios hasta que su utilidad marginal se hace cero, no hasta que iguala el costo de proveerlos. Eso genera sobredemanda crónica. La centralización agrava el problema porque el administrador no tiene información local sobre intensidad de necesidades ni sobre alternativas de provisión más eficientes.

Rothbard en Poder y mercado (1970, cap. 3) señala que todo subsidio abierto crea dependencia institucional: los proveedores de servicios ajustan su estructura de costos a la disponibilidad del financiamiento estatal, no a la capacidad de pago de los beneficiarios ni a la productividad real del sector. Cuando el subsidio se retira o se transfiere sin fondos, el ajuste es abrupto porque no hubo señales de mercado que permitieran adaptación gradual.

Ahora bien, la lectura progresista del conflicto sostiene que la discapacidad genera vulnerabilidad intrínseca que justifica cobertura universal garantizada por el Estado central, porque las provincias pobres no pueden financiarla con recursos propios. Esa interpretación confunde dos cuestiones: la legitimidad de asistir a personas con discapacidad y la eficiencia de hacerlo mediante un sistema centralizado que rompe el nexo entre costo y beneficio. Bastiat en La ley (1850) distingue solidaridad voluntaria de redistribución coactiva: la primera responde a preferencias reveladas; la segunda, a coaliciones políticas que concentran beneficios y dispersan costos.

La lectura kirchnerista argumenta que el recorte responde a sesgo ideológico anti-derechos. Descarto esa interpretación porque atribuye a intención lo que la restricción fiscal explica: el déficit acumulado limita la capacidad de sostener transferencias abiertas. Buchanan y Wagner en Democracia en déficit (1977, cap. 3) muestran que el sesgo deficitario de las democracias no es error técnico sino resultado de incentivos políticos: el costo de la deuda lo pagan generaciones futuras sin voto; el beneficio del gasto lo cosecha la coalición gobernante hoy. La reforma no es crueldad sino ajuste tardío de una promesa incumplible.

La interpretación de Bullrich, que critica la medida desde dentro de la coalición, revela tensión entre dos visiones del Estado mínimo: una que prioriza reducción de gasto agregado sin distinguir funciones, y otra que acepta gasto focalizado en protección de vulnerables. Ninguna de las dos es estrictamente liberal. El liberalismo clásico de Tocqueville en La democracia en América (1840, vol. 2, parte 4, cap. 6) advierte contra el paternalismo estatal que infantiliza a los ciudadanos bajo pretexto de protegerlos, pero también reconoce que la sociedad civil organizada —no el mercado desnudo— es el ámbito natural de la asistencia mutua.

Quién gana y quién pierde

Ganan, en el corto plazo, el Tesoro nacional y el Ministerio de Economía, que reducen el déficit primario trasladando partidas a las provincias sin aumentar recaudación federal. Ganan políticamente los gobernadores opositores, que pueden denunciar el traslado de cargas sin recursos como ajuste encubierto y consolidar su posición como defensores de los servicios locales.

Pierden las provincias que deben absorber el gasto adicional sin margen fiscal, especialmente las de menor desarrollo relativo que dependían más del financiamiento nacional. Pierden los beneficiarios actuales del sistema, que enfrentarán reducción de cobertura o calidad de prestaciones si las provincias no pueden sostener el nivel de gasto anterior. Pierden los prestadores privados de servicios que habían ajustado su estructura de costos al flujo de pagos del sistema centralizado y ahora deben renegociar con múltiples jurisdicciones provinciales.

Pierde, estructuralmente, la previsibilidad del federalismo fiscal: si las competencias se reasignan dentro de leyes de presupuesto en lugar de mediante reforma institucional negociada, cada provincia debe anticipar anualmente qué responsabilidades heredará sin fondos. Eso erosiona la capacidad de planificación de largo plazo tanto de gobiernos subnacionales como de prestadores y beneficiarios del sistema.