Desempleo al 7,9% y el costo invisible del ajuste en el mercado laboral

La agenda

El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que la desocupación trepó al 7,9% durante el segundo trimestre de 2026, alcanzando niveles no vistos desde la pandemia de 2020-2021. La cifra representa un incremento respecto al 7,6% registrado en el primer trimestre del año y marca un punto de inflexión en el mercado laboral argentino tras meses de ajuste fiscal y reestructuración económica.

El impacto regional muestra una dispersión preocupante. En el Gran Córdoba, la desocupación alcanzó el 10,5%, rozando los 90 mil desempleados, lo que evidencia cómo la crisis golpea con intensidad diferencial según la estructura productiva de cada provincia. Paralelamente, la informalidad laboral saltó al 45%, mientras diversos relevamientos privados señalan un desacople entre la oferta de crédito disponible y la demanda efectiva por parte de las pymes, sector tradicionalmente absorbente de mano de obra.

El análisis liberal

El deterioro del mercado laboral no es un fenómeno aislado ni sorpresivo desde la perspectiva austriaca del ciclo económico. Hayek en Precios y producción (1931, cap. IV) y Mises en La acción humana (1949, cap. XX) explican que las expansiones monetarias artificiales generan estructuras de capital insostenibles: se inician proyectos que dependen de que la tasa de interés permanezca artificialmente baja y que el crédito continúe fluyendo. Cuando la expansión se detiene o revierte, esos proyectos revelan su inviabilidad y se produce la liquidación de inversiones mal asignadas. El desempleo es el síntoma visible de esa liquidación: trabajadores contratados para producir bienes que el mercado no demandaba al precio esperado, o contratados con salarios que la productividad real no podía sostener.

Argentina viene de más de una década de emisión monetaria masiva, tasas reales negativas y crédito subsidiado selectivamente. La estructura de capital resultante estaba plagada de distorsiones. El ajuste actual no crea el desempleo; revela el desempleo que ya existía encubierto bajo subsidios, programas de empleo público disfrazado, moratorias previsionales que contabilizaban como ocupación formal a cuentapropistas sin actividad genuina, y empresas sostenidas artificialmente mediante controles cambiarios y de precios. Rothbard en La gran depresión (1963, cap. 2) describe el mismo patrón en Estados Unidos post-1929: la recesión no es la enfermedad sino la cura necesaria de la mala asignación previa. El dolor es real, pero el origen está en la fase de expansión crediticia que hizo crecer sectores no rentables.

La dispersión regional del desempleo refuerza este diagnóstico. Provincias con economías más dependientes del gasto público inflado, de la obra pública clientelar o de industrias protegidas por aranceles y regulaciones concentradas sufren más en el ajuste. Gran Córdoba, con una base industrial mixta que recibió subsidios energéticos y cambiarios diferenciados, siente el golpe con mayor intensidad que regiones con estructuras productivas más orientadas al mercado genuino. La geografía del desempleo traza el mapa de las distorsiones previas.

El caso pyme y el desacople del crédito merece análisis adicional. Knight en Riesgo, incertidumbre y beneficio (1921, parte III, cap. VII) distingue entre riesgo probabilizable —que puede asegurarse— e incertidumbre genuina, no cuantificable. Un empresario pyme argentino enfrenta hoy incertidumbre radical: no sabe si las reglas del juego se mantendrán, si aparecerá un nuevo cepo, si volverán controles de precios, si se restituirán las regulaciones laborales que encarecen el despido. En ese contexto, ninguna oferta de crédito barato por parte de bancos oficiales o programas estatales alcanza para inducir inversión y contratación. El problema no es la tasa de interés sino la incertidumbre sobre el marco institucional futuro. Mises en La acción humana (cap. XVIII, sec. 3) lo llama el componente empresarial puro: sin expectativa razonable de apropiarse del fruto del esfuerzo propio, la decisión racional es no arriesgar.

La informalidad creciente tampoco es un fenómeno misterioso. El marco regulatorio argentino hace que contratar formalmente sea prohibitivamente costoso en términos de cargas sociales, riesgos de juicios laborales y rigideces para ajustar dotación. Cuando la productividad marginal de un trabajador cae por debajo del costo legal de contratarlo, el empleador enfrenta dos opciones: despedirlo o mantenerlo en negro. La informalidad no es una patología cultural; es la respuesta racional a un código laboral que fija precios mínimos (salarios y cargas) por encima del valor de mercado de ciertas tareas en ciertos momentos. Rothbard en Poder y mercado (1970, cap. 3) señala que toda regulación de salarios mínimos o de condiciones de contratación genera desempleo o informalidad: prohíbe los contratos que habrían sido mutuamente beneficiosos pero no alcanzan el umbral legal.

Lecturas rivales del dato merecen enumerarse. Una interpretación keynesiana argumentaría que el desempleo se debe a insuficiencia de demanda agregada y que el Estado debería expandir el gasto para reactivar. Otra lectura, estructuralista, diría que el problema es la falta de un proyecto industrial nacional que proteja sectores estratégicos. Una tercera, redistributivista, señalaría que el desempleo castiga a los más vulnerables y que el Estado debe compensar con transferencias.

Descarto la lectura keynesiana porque invierte causa y efecto. La demanda agregada no es una magnitud exógena que el Estado pueda manipular sin costo: es la suma de demandas individuales respaldadas por producción previa. Expandir gasto público sin respaldo productivo solo diluye el poder adquisitivo vía inflación o deuda que desplaza inversión privada. Bastiat en Lo que se ve y lo que no se ve (1850, cap. I) advierte contra la ilusión del estímulo: vemos el empleo creado por la obra pública, no vemos el empleo destruido en el sector privado porque el capital se desvió vía impuestos o deuda.

Descarto la lectura estructuralista porque asume que ciertos sectores deben sobrevivir por decreto. La protección arancelaria o regulatoria de industrias no competitivas es un subsidio de los consumidores a los productores ineficientes. Cada puesto preservado artificialmente en una industria protegida es un puesto no creado en otra actividad donde Argentina tendría ventaja genuina. Ricardo en Principios de economía política y tributación (1817, cap. VII) demuestra que el intercambio libre según ventaja comparativa beneficia a ambas partes: proteger lo que no sabemos hacer bien empobrece al país que lo hace y al que deja de comprarle.

Descarto la lectura redistributivista porque confunde compasión con análisis. Las transferencias estatales no generan riqueza; la redistribuyen. Si el Estado asiste masivamente a desocupados mediante planes o subsidios, reduce el incentivo a aceptar trabajos de menor calificación o salario, prolongando el desajuste. Buchanan en Principios de deuda pública (1958, cap. 3) señala que toda transferencia estatal implica extraer recursos de alguien —vía impuestos presentes o futuros— hacia otra persona: no es un almuerzo gratis sino un traslado de carga fiscal.

Quién gana y quién pierde

En el corto plazo, pierden claramente los trabajadores desempleados, sobre todo aquellos en regiones especialmente golpeadas como Gran Córdoba, que enfrentan la doble carga de buscar empleo en mercados laborales deprimidos sin redes de contención robustas. Pierden también los empleadores pyme que, aun con crédito disponible, no pueden expandir actividad por la incertidumbre regulatoria y la debilidad de la demanda genuina.

Pierden, de manera menos visible pero igualmente real, los contribuyentes que financiarán cualquier programa de asistencia al desempleo que se implemente y los ahorristas que verán erosionado su capital si el gobierno recurre a emisión monetaria para sostener el gasto social frente al deterioro del mercado laboral. Pierden los trabajadores formales actuales, cuyas cargas sociales aumentarán si el sistema previsional intenta compensar la caída de aportantes activos incrementando alícuotas sobre quienes aún cotizan.

En el mediano plazo, el ajuste doloroso puede beneficiar al conjunto del sistema productivo si efectivamente se sostiene la corrección de distorsiones: trabajadores que migran desde sectores sobreexpandidos artificialmente hacia actividades genuinamente rentables, empresas que ajustan expectativas a realidades de mercado sin subsidio, y provincias que diversifican su matriz productiva al perder el sostén artificial. Pero ese beneficio depende críticamente de que el marco institucional se estabilice: sin seguridad jurídica y reglas claras, el desempleo actual simplemente destruye capital humano sin generar reasignación eficiente.

Ganan, paradójicamente, los burócratas y políticos que administrarán los programas de emergencia laboral que inevitablemente surgirán como respuesta al dato. Buchanan y Wagner en Democracia en déficit (1977, cap. 8) explican que las crisis siempre expanden el poder del Estado: cada problema económico se convierte en justificación para nuevas agencias, fondos especiales y facultades discrecionales. El desempleo alto genera demanda política de “hacer algo”, y ese “algo” usualmente implica más gasto, más regulación y más discrecionalidad estatal, prolongando el ciclo que generó el problema original.