Paritaria universitaria — gobierno ofrece 3% y docentes anuncian quinta marcha

La agenda

El gobierno nacional presentó en la mesa paritaria universitaria la misma propuesta salarial que había ofrecido en junio: un incremento del 3%, según informó Página 12. La oferta fue rechazada de inmediato por los gremios docentes y no docentes, que consideran insuficiente el ajuste frente al deterioro acumulado del poder adquisitivo en los últimos meses. La fractura de la negociación derivó en el anuncio de una quinta Marcha Federal Universitaria y en un paro universitario escalonado que se ejecutará en distintas fechas por facultad, informó Minuto Uno.

La propuesta gubernamental no contempla ajuste retroactivo ni compensación por la brecha inflacionaria acumulada entre junio y septiembre. Los sindicatos docentes alegaron que el poder de compra real del salario universitario cayó por debajo del umbral de referencia establecido en el convenio colectivo de trabajo, mientras que el gobierno insistió en que la oferta se enmarca dentro de las restricciones fiscales asumidas en el programa de estabilización macroeconómica. La ruptura de la paritaria deja sin resolución salarial al inicio del segundo cuatrimestre académico y profundiza el conflicto con el sistema universitario público, que ya había protagonizado cuatro marchas federales previas en el año.

El análisis liberal

El colapso de la paritaria universitaria expone una tensión estructural que el análisis de capital humano identifica con claridad: la colisión entre la señal de escasez que emite el mercado laboral y la rigidez burocrática del monopolio estatal de la oferta educativa. Gary Becker en Human Capital (1964, cap. II) explica que la inversión en capital humano depende del diferencial esperado entre ingresos futuros y costos presentes. Cuando el salario docente se fija por decreto político y no por la productividad marginal del trabajo académico, se rompe el mecanismo de ajuste que permite retener o atraer talento hacia la enseñanza. Un salario por debajo del costo de oportunidad de los profesionales calificados no se corrige con una marcha ni con un paro: se corrige dejando que el trabajador elija libremente entre empleadores competidores, y dejando que cada universidad compita por ese trabajador ajustando su oferta salarial.

La oferta repetida del gobierno —sin ajuste por inflación acumulada, sin compensación retroactiva, sin margen de negociación facultad por facultad— revela un hecho central: la estructura de negociación paritaria centralizada traslada el conflicto desde el aula al despacho ministerial, desde la productividad concreta del profesor hacia la puja distributiva entre corporaciones. La tradición liberal advirtió tempranamente que el monopolio estatal de la educación superior convierte la remuneración docente en una variable política, no económica. El salario ya no refleja la valoración que los estudiantes o las familias hacen del servicio educativo, sino la correlación de fuerzas entre el sindicato y el presupuesto fiscal. El resultado predecible: subutilización del capital humano docente más valioso (que migra al sector privado o al exterior), y sobrepoblación de cargos con docentes cuyo costo de oportunidad es bajo.

La repetición de la oferta sin avances evidencia otro problema: la ilusión de que la negociación paritaria cierra el conflicto de asignación. Hayek en El uso del conocimiento en la sociedad (1945) señala que el conocimiento relevante para asignar recursos está disperso en las circunstancias particulares de tiempo y lugar: la química necesita más docentes que la historia, la ingeniería paga mejor en el mercado privado que las humanidades, ciertas universidades tienen presupuestos superiores a otras. Una oferta salarial uniforme para todo el sistema ignora esa dispersión de conocimiento y necesidades. La paritaria centralizada es el mecanismo institucional que garantiza la asignación ineficiente: iguala hacia abajo, diluye incentivos y expulsa talento.

El conflicto tiene un segundo nivel: quién paga el ajuste docente. Buchanan y Tullock en El cálculo del consenso (1962, cap. 10) explican que en la negociación colectiva, los costos se difunden hacia actores que no tienen voz en la mesa. Si el gobierno cede y eleva el salario docente por decreto, el costo recae sobre el contribuyente general, que no eligió ese gasto ni auditó la productividad del docente beneficiado. Si el gobierno no cede, el costo recae sobre el estudiante que pierde días de clase, ve degradarse la calidad de la enseñanza o sufre la fuga de profesores hacia empleos mejor remunerados. Ninguna de las dos opciones resuelve el problema de fondo: el monopolio estatal de la oferta educativa impide que el estudiante discipline al proveedor eligiendo con su matrícula.

Thomas Sowell en Knowledge and Decisions (1980, cap. 4) distingue entre decisiones categóricas (las que toma un burócrata central) y decisiones incrementales (las que toma cada agente individual con conocimiento específico). La paritaria universitaria es una decisión categórica: fija un porcentaje para todo el sistema en una sola reunión. Las universidades privadas, en cambio, ajustan salarios de forma incremental: contratan al profesor de química que el mercado valora más, ofrecen un plus al docente con publicaciones internacionales, reducen cargos en áreas con baja demanda estudiantil. Esa flexibilidad permite optimizar el uso del presupuesto y alinear incentivos con resultados. El sistema estatal, al centralizar la decisión salarial, congela la estructura de incentivos y perpetúa la mala asignación.

Ahora bien, las lecturas rivales del hecho merecen enumerarse. Una interpretación estatista diría que el gobierno prioriza la disciplina fiscal sobre el salario docente para cumplir con el programa de estabilización macroeconómica, y que es legítimo subordinar la paritaria a la meta fiscal. Otra lectura, sindical, argumentaría que el salario docente ya está por debajo de la línea de subsistencia digna y que la oferta modesta profundiza la precarización del trabajador de la educación. Descarto la lectura estatista porque confunde causa con efecto: la restricción fiscal no es exógena, es el resultado de décadas de gasto político improductivo, y resolver ese desastre sacrificando el salario docente es trasladar el costo del ajuste hacia quienes menos responsabilidad tuvieron en generarlo. Descarto la lectura sindical porque ignora el problema de asignación: un aumento salarial decretado sin reforma de la estructura de incentivos perpetúa la expulsión de talento y la mediocridad del sistema.

La predicción falsable derivada del análisis es la siguiente: si la paritaria se resuelve con un incremento salarial nominal superior sin reforma del monopolio estatal de la oferta educativa, la brecha entre calidad educativa pública y privada se ampliará en los próximos dos años. Métrica de contraste: porcentaje de docentes con posgrado en universidades estatales vs. privadas, tasa de deserción estudiantil en carreras STEM del sector público, y migración de matrícula hacia instituciones privadas en los próximos ciclos lectivos. Fecha límite de contraste: marzo de 2028.

Quién gana y quién pierde

Ganan en el corto plazo los sindicatos docentes, que capitalizan políticamente el conflicto, movilizan bases y obtienen visibilidad mediática con la quinta marcha federal. Ganan también los cuadros políticos del gobierno que sostienen el ancla fiscal, exhibiendo disciplina presupuestaria ante los acreedores externos y el mercado financiero.

Pierden los docentes universitarios que enfrentan un deterioro sostenido del poder adquisitivo sin margen de negociación individual ni posibilidad de cambiar de empleador dentro del sistema estatal. Pierden los estudiantes, que verán interrumpidas las clases, degradada la calidad de la enseñanza y reducida la oferta de profesores calificados en las disciplinas más demandadas por el mercado laboral. Pierden las universidades públicas como instituciones, que profundizan su dependencia del presupuesto fiscal discrecional y ven acelerarse la fuga de talento docente hacia el sector privado o hacia el exterior. Y pierde el sistema productivo en su conjunto, porque cada día de paro, cada profesor que se va, cada estudiante que no se forma en ingeniería o en medicina, es capital humano que no se acumula y productividad futura que no se genera.