Milei endurece penas por Malvinas y el Congreso define si la soberanía se defiende con

La agenda

El Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional sobre las Islas Malvinas, que endurece las penas para quienes exploten recursos naturales en el área bajo disputa sin autorización argentina. La iniciativa marca un giro estratégico del oficialismo en materia de Malvinas, según consignaron fuentes oficiales y parlamentarias en la cobertura del expediente.

El texto ingresó formalmente al Congreso en un contexto de negociación presupuestaria y tensión internacional por la explotación hidrocarburífera en la plataforma continental. La propuesta llega después de meses de debate interno en el Ejecutivo sobre cómo responder a la actividad petrolera británica en aguas adyacentes a las islas, y mientras el Gobierno busca consolidar una posición diplomática más firme frente a Londres sin comprometer las negociaciones bilaterales en otros frentes.

El análisis liberal

El proyecto plantea una pregunta que trasciende la coyuntura: ¿se defiende la soberanía mediante amenazas penales a quienes operan bajo jurisdicción de facto británica, o mediante incentivos que hagan más costoso para Londres mantener el statu quo? La respuesta liberal examina primero el mecanismo causal de la norma y después sus consecuencias sobre los incentivos de todos los actores involucrados.

La amenaza penal opera bajo dos supuestos implícitos: que existe capacidad de enforcement efectivo sobre quienes explotan recursos en territorio controlado militarmente por el Reino Unido, y que elevar el costo legal anticipado disuade la actividad extractiva. Ambos supuestos son débiles. Coase en El problema del costo social (1960) señala que la asignación de recursos depende menos de quién tiene el derecho formal que de quién tiene el menor costo de transacción para ejercerlo. Argentina puede reclamar soberanía de iure sobre Malvinas, pero el Reino Unido controla el territorio de facto desde el siglo XIX y lo defiende militarmente desde el conflicto bélico. Una pena que no se puede aplicar no genera disuasión: simplemente registra impotencia en el código penal.

Buchanan y Tullock en El cálculo del consenso (1962, cap. 10) explican que las decisiones colectivas responden a coaliciones de intereses concentrados y difusos. El proyecto concentra beneficios políticos inmediatos en la administración que lo impulsa, mostrando firmeza ante la opinión pública doméstica, mientras difumina los costos de largo plazo: el endurecimiento retórico reduce los grados de libertad para negociar acuerdos de cooperación económica que hagan menos rentable para Londres la ocupación indefinida.

Ahora bien, Hayek en El uso del conocimiento en la sociedad (1945) advierte que la información relevante para resolver disputas territoriales está dispersa: incluye no solo la posición militar relativa sino también las preferencias de los isleños, el valor presente de los hidrocarburos bajo el lecho marino, el costo político interno británico de ceder soberanía y las alternativas de desarrollo económico que Argentina puede ofrecer. Un sistema de precios libres y derechos de propiedad claros coordina esa información sin necesidad de un planificador central. En ausencia de mercado para resolver la disputa territorial, la alternativa liberal es generar incentivos que alineen intereses: acuerdos de pesca conjunta, participación argentina en regalías petroleras, facilidades aduaneras que hagan atractivo para los isleños aceptar soberanía argentina con autonomía local.

El endurecimiento penal va exactamente en dirección contraria: cierra canales de negociación económica y reemplaza incentivos con castigos que no se pueden ejecutar. Rothbard en Anatomía del Estado (1974) señala que el Estado provee un canal legal y sistemático para la depredación de la propiedad privada. Pero aquí el Estado argentino no puede depredar: no tiene control sobre el territorio. La norma penal sin enforcement efectivo es teatro legislativo: consume capital político doméstico, genera tensión diplomática y no altera un solo barril de petróleo extraído de la cuenca.

Las lecturas rivales del hecho merecen enumerarse. Una interpretación realista diría que la firmeza retórica es condición necesaria para negociar desde una posición de fuerza. Otra argumentaría que el endurecimiento penal es el único instrumento disponible cuando la asimetría militar impide cualquier recuperación por la fuerza. Descarto la lectura realista porque confunde señalización costosa con señalización creíble: una amenaza que no se puede ejecutar no transmite fuerza sino desesperación. Descarto la lectura del instrumento único porque ignora que la historia diplomática está llena de casos donde la cooperación económica precedió a la negociación soberana: Hong Kong volvió a China después de décadas de integración comercial creciente, no después de endurecer penas.

Mises en La acción humana (1949, cap. VIII) explica que la acción humana es conducta propositiva orientada a remover incomodidades percibidas. La incomodidad que el Gobierno busca remover es doble: la ocupación británica de territorio que reclama propio y la sensación doméstica de inacción frente a esa ocupación. Pero la norma penal solo ataca la segunda: mejora la posición política interna del oficialismo sin modificar un ápice la primera. Eso no es política exterior; es política doméstica con escenografía de cancillería.

Buchanan en Los límites de la libertad (1975, cap. 2) advierte que las reglas del juego social deben ser mutuamente ventajosas para ser estables. Un acuerdo sobre Malvinas que ignore las preferencias de los isleños no será estable aunque Argentina lo firme. La historia de Irlanda del Norte muestra que la soberanía formal sin aceptación local genera violencia indefinida. El proyecto no menciona incentivos económicos para los isleños ni mecanismos de consulta; simplemente amenaza con cárcel a quienes operen bajo la jurisdicción que de hecho controla sus vidas.

Stigler en La teoría de la regulación económica (1971) señala que la regulación típicamente beneficia a productores concentrados a expensas de consumidores difusos. Aquí el patrón se invierte: la norma penal beneficia al productor político concentrado, el oficialismo que exhibe firmeza, a expensas de los contribuyentes que financian la diplomacia y de las generaciones futuras que heredarán una disputa más enquistada por falta de canales de cooperación económica.

Quién gana y quién pierde

Ganan en el corto plazo el Gobierno y los bloques legislativos que voten a favor del proyecto, consolidando capital político doméstico al exhibir firmeza en un tema de alta sensibilidad nacional. Ganan también los sectores que prefieren mantener el conflicto como recurso retórico antes que avanzar hacia acuerdos de cooperación que impliquen reconocer derechos de los isleños o compartir regalías con Londres.

Pierden los contribuyentes que financian una estructura diplomática y legal orientada a amenazas sin capacidad de ejecución, desviando recursos que podrían haberse invertido en incentivos económicos que hicieran más costosa para el Reino Unido la ocupación indefinida. Pierde el conjunto de la economía argentina por el cierre de canales de negociación: la pesca conjunta, la participación en regalías petroleras y las facilidades logísticas que podrían generar ingresos genuinos mientras se negocia soberanía quedan bloqueadas por una norma que prioriza castigo sobre coordinación.

Pierden las generaciones futuras que heredarán una disputa más enquistada: cada endurecimiento retórico sin respaldo material reduce los grados de libertad para negociar. Y pierden los isleños que podrían beneficiarse de una integración económica gradual con Argentina pero que ven en el proyecto una confirmación de que Buenos Aires prefiere la coerción simbólica a los incentivos reales.