La Rioja impulsa ley de educación superior y expande carreras en el interior

La agenda

La provincia de La Rioja impulsa una nueva Ley de Educación Superior que busca expandir la oferta de carreras y universidades hacia el interior provincial, según anunció el gobierno local. El proyecto apunta a descentralizar la formación terciaria y universitaria más allá de la capital provincial, con el objetivo declarado de retener talento en las regiones periféricas y ampliar el acceso a la educación superior en localidades que históricamente carecieron de oferta académica formal.

La iniciativa llega en un contexto de ajuste fiscal a nivel nacional, donde el financiamiento federal de las universidades nacionales atraviesa restricciones presupuestarias. La propuesta riojana contempla la creación de nuevas instituciones de educación superior y la ampliación de carreras en localidades del interior, lo que plantea interrogantes sobre la fuente de financiamiento, la calidad de la instrucción en contextos de baja densidad demográfica y la viabilidad de sostener matrículas estables en mercados laborales locales de escala reducida.

El anuncio oficial no precisó el monto de inversión ni el cronograma de implementación, pero adelantó que el proyecto será tratado en la legislatura provincial en los próximos meses. Los gremios docentes universitarios de la provincia expresaron respaldo inicial a la expansión de la oferta, mientras que sectores ligados a la gestión fiscal advirtieron sobre la necesidad de evaluar sostenibilidad presupuestaria antes de comprometer recursos de largo plazo.

El análisis liberal

La descentralización geográfica de la educación superior plantea una tensión fundamental entre dos objetivos en apariencia complementarios pero económicamente divergentes: la cobertura territorial de la oferta académica y la viabilidad presupuestaria de instituciones en contextos de baja demanda. Gary Becker en Human Capital (1964, cap. II) establece que la inversión en educación formal genera retornos privados cuando el valor presente de los ingresos futuros supera el costo de oportunidad del tiempo y los recursos invertidos en formación. Para que esa ecuación funcione, el mercado laboral local debe ofrecer puestos que valoren las credenciales adquiridas. En economías provinciales de escala reducida, con sectores productivos concentrados en actividades primarias o empleo público, la demanda de graduados en carreras profesionales complejas tiende a ser limitada.

Robert Lucas en On the Mechanics of Economic Development (1988) identifica la acumulación de capital humano como el motor del crecimiento sostenido, pero advierte que esa acumulación ocurre en entornos donde la productividad marginal del conocimiento es alta y donde existen externalidades positivas de aprendizaje colectivo. Un ingeniero en electrónica o un licenciado en biotecnología formado en una localidad del interior riojano enfrenta dos opciones: migrar hacia centros urbanos donde su especialización tiene demanda, o permanecer en un mercado local con escasas oportunidades de aplicar lo aprendido. Si la migración es la regla, la provincia invierte en formación que captura otra jurisdicción. Si la retención es forzada por incentivos artificiales o por falta de movilidad, el capital humano se deprecia por desuso.

La teoría económica clásica advierte que el financiamiento público de la educación superior redistribuye renta de manera regresiva: los contribuyentes de ingresos medios y bajos financian la formación de estudiantes que, en promedio, obtendrán ingresos superiores al retornar al mercado laboral. Esa regresividad se agrava cuando la oferta se expande sin criterio de demanda verificable. Una universidad nueva en el interior riojano cuesta al erario provincial lo mismo que una en la capital, pero enfrenta costos unitarios por alumno más altos por economías de escala menores: menos estudiantes implican más costo fijo por graduado. Si el objetivo es retener talento, el instrumento adecuado no es multiplicar sedes universitarias sino eliminar las barreras regulatorias y fiscales que expulsan inversión privada de las provincias periféricas.

Thomas Sowell en Knowledge and Decisions (1980, cap. 8) distingue entre decisiones tomadas por quienes soportan directamente sus consecuencias y decisiones tomadas por terceros que no asumen el costo del error. Cuando una familia decide enviar a un hijo a estudiar fuera de la provincia, evalúa calidad académica, costos de vida y expectativas de inserción laboral. Cuando un legislador provincial decide crear una universidad en su distrito, evalúa el rédito electoral inmediato y la captura de recursos presupuestarios permanentes. La primera decisión responde a incentivos de capital humano genuino; la segunda, a incentivos de capital político.

James Buchanan en The Limits of Liberty (1975, cap. 6) explica que toda expansión del gasto público genera un grupo concentrado de beneficiarios con incentivos pronunciado para defender el programa y un grupo difuso de contribuyentes con incentivos débiles para oponerse. En el caso riojano, los beneficiarios concentrados son los docentes universitarios que obtendrán cargos en las nuevas instituciones, los estudiantes que accederán a carreras locales sin costo de traslado y los intendentes que reclamarán crédito político por la presencia institucional en su jurisdicción. Los costos difusos recaen sobre el conjunto de los contribuyentes provinciales y, eventualmente, sobre los contribuyentes nacionales si el déficit provincial termina cubierto por transferencias federales.

Ahora bien, la lectura rival del proyecto sostiene que la educación es un derecho universal que el Estado debe garantizar territorialmente, y que la expansión de universidades en el interior reduce desigualdades regionales al facilitar el acceso a sectores de bajos ingresos que no pueden costear la migración hacia centros urbanos. Esta visión confunde acceso formal con acumulación efectiva de capital humano. Gary Becker en A Treatise on the Family (1981, cap. 6) muestra que la decisión de invertir en educación superior responde a la maximización del ingreso familiar de largo plazo, no a la mera disponibilidad de un edificio universitario cercano. Si el mercado laboral local no valora las credenciales ofrecidas, el acceso formal se convierte en un subsidio al consumo de ocio académico, no en inversión productiva.

Otra lectura rival argumenta que las universidades nuevas pueden generar externalidades positivas en sus comunidades, atrayendo talento docente y fomentando innovación local. Esa tesis ignora el problema del cálculo económico señalado por Ludwig von Mises en El cálculo económico en la comunidad socialista (1920): sin precios de mercado que reflejen escasez relativa y preferencias reales, el planificador estatal no puede saber si una universidad en determinada localidad genera más valor que las alternativas sacrificadas. La ausencia de competencia por matrícula libre y la captura presupuestaria garantizada eliminan la disciplina que impone la prueba de la demanda.

Por último, merece examen la sincronización entre el anuncio provincial y el ajuste fiscal nacional. La Rioja impulsa expansión de gasto educativo permanente mientras el gobierno federal recorta transferencias discrecionales. Esa asimetría sugiere dos interpretaciones posibles: o bien la provincia cuenta con fuentes de financiamiento genuinas que la independizan del Tesoro Nacional, o bien está apostando a que el costo político de recortar fondos universitarios obligará al gobierno federal a ceder en las negociaciones presupuestarias futuras. La segunda hipótesis es consistente con el comportamiento estratégico descrito por Buchanan y Wagner en Democracy in Deficit (1977): los gobiernos subnacionales maximizan gasto corriente en la expectativa de que el costo último será socializado en el nivel federal.

Quién gana y quién pierde

Ganan, en el corto plazo, los docentes universitarios que accederán a nuevos cargos en las instituciones expandidas, los sindicatos del sector educativo que amplían su base de afiliación y poder de negociación, y los intendentes del interior que capitalizarán electoralmente la presencia de sedes universitarias en sus distritos. También ganan los estudiantes que, sin capacidad de migrar, preferirán una carrera local de calidad dudosa antes que ninguna credencial formal.

Pierden los contribuyentes de La Rioja que financiarán el costo fiscal permanente de instituciones sin garantía de demanda sostenible ni de calidad académica competitiva. Pierden los graduados de universidades consolidadas, cuyas credenciales se diluyen en un mercado inundado de títulos de valor incierto. Pierden las familias que habrían preferido destinar esos recursos fiscales a la eliminación de trabas regulatorias o impositivas que hoy expulsan inversión privada de la provincia. Y pierde el conjunto del sistema educativo argentino si el patrón de expansión sin criterio de demanda ni disciplina presupuestaria se replica en otras jurisdicciones, consolidando un modelo de universidad cautiva del sindicato docente y el intendente clientelar, ajena al mandato de formar capital humano genuino que responda a las necesidades productivas reales del mercado.