La mora crediticia récord revela el costo silencioso del ajuste fiscal

La agenda

El Banco Central informó que la mora en créditos a familias alcanzó el 13% en agosto de 2026, el nivel más alto de la serie disponible. El indicador mide la proporción de créditos al consumo —personales, prendarios y tarjetas de crédito— con atraso superior a 90 días en el pago de capital o intereses. Según el informe oficial, el deterioro se aceleró en los últimos tres meses, coincidiendo con el período de mayor caída interanual del salario real y el endurecimiento de las condiciones de renovación de deuda de corto plazo.

La mora crediticia es un termómetro directo de la capacidad de pago de los hogares. Cuando una proporción significativa de las familias que tomaron crédito no puede cumplir, el sistema financiero está registrando un desajuste entre compromisos contraídos y flujo de caja disponible. Ese desajuste no surgió de la nada: refleja decisiones previas de gasto, expectativas de ingreso que no se cumplieron y, en el agregado, el impacto macroeconómico del ajuste fiscal en curso. El dato oficial no especifica la composición sectorial ni geográfica del deterioro, pero fuentes del sistema bancario privado consultadas por Infobae señalaron que el mayor salto se concentra en créditos personales y consumo con tarjeta, los segmentos de menor garantía real y mayor exposición al ciclo del ingreso corriente.

El análisis liberal

La mora crediticia es el resultado observable de una distorsión previa en la estructura de capital y preferencias temporales. Mises en La acción humana (1949, cap. XX, sec. 1) explica que el crédito bancario expandido artificialmente por debajo de la tasa de interés de mercado incentiva el consumo presente a expensas del ahorro futuro. Cuando ese crédito se otorga en un contexto de expectativas inflacionarias sostenidas, los deudores asumen compromisos nominales apostando a que el ingreso nominal crecerá al mismo ritmo. Si la política cambia —si el ajuste fiscal detiene la emisión y frena la inflación pero también contrae la demanda agregada— el flujo de caja real de las familias cae por debajo de las cuotas pactadas. La mora no es entonces un accidente: es la liquidación de decisiones tomadas bajo señales de precios falseadas por la intervención monetaria previa.

Hayek en Precios y producción (1931, lección III) advierte que las expansiones crediticias no genuinamente respaldadas por ahorro previo generan una estructura de producción insostenible. Aplicado al crédito al consumo, el principio es el mismo: las familias consumieron bienes presentes financiados con ahorro que no existía —el banco expandió depósitos sin ahorro real equivalente— y ahora el ajuste macroeconómico fuerza la corrección. La mora es la forma en que el mercado corrige esa sobreinversión en consumo presente: quien no puede pagar revela que su capacidad de compra nunca fue la que el crédito inflacionario sugería.

El ajuste fiscal del gobierno, al cortar la emisión y reducir el gasto público, elimina la demanda artificial que sostenía ingresos nominales en sectores dependientes del circuito estatal. Rothbard en ¿Qué le ha hecho el gobierno a nuestro dinero? (1963, cap. 13) señala que la inflación beneficia desproporcionadamente a quienes reciben el dinero nuevo primero —el Estado y sus contratistas— y perjudica a quienes lo reciben último —asalariados del sector privado y jubilados—. Cuando la inflación se frena, esos sectores pierden el subsidio implícito del retraso cambiario y la indexación nominal. El deterioro de la capacidad de pago no es un defecto del ajuste: es la revelación de que esa capacidad nunca existió sin el flujo inflacionario que la sostenía artificialmente.

Ahora bien, las lecturas rivales del fenómeno merecen enumerarse antes de concluir. Una interpretación keynesiana argumentaría que la mora es resultado de insuficiencia de demanda agregada y que el Estado debería expandir el gasto para sostener el ingreso de los hogares. Otra lectura, de corte progresista, responsabilizaría al ajuste fiscal por destruir empleo y salarios reales, proponiendo mayor regulación del crédito o refinanciación estatal de las deudas en mora. Una tercera, técnica y aparentemente neutral, diría que el problema es de timing: el ajuste fue demasiado rápido y no permitió la adaptación gradual de las expectativas.

Descarto la lectura keynesiana porque confunde síntoma con causa. El problema no es que falte demanda: es que la demanda previa estaba inflada por la expansión crediticia sin respaldo en ahorro real. Sostener esa demanda con más gasto público solo posterga la corrección y agrava el desajuste de capital. Descarto la lectura progresista porque propone refinanciar con recursos estatales —es decir, con impuestos o más emisión— deudas que el mercado ya declaró impagables. Eso traslada el costo del mal crédito desde quien lo otorgó y quien lo tomó hacia el contribuyente ajeno. Descarto la lectura técnica del timing porque asume que el problema es de velocidad y no de dirección: no importa cuán gradual sea el ajuste, la estructura de consumo financiada con crédito inflacionario era insostenible desde el origen.

Hazlitt en La economía en una lección (1946, cap. 6) señala que toda política pública debe evaluarse por sus efectos de largo plazo sobre todos los grupos, no solo por sus efectos inmediatos sobre el grupo visible. La mora crediticia es el costo visible del ajuste, pero el beneficio difuso e invisible es la corrección de la estructura de capital hacia usos sostenibles. Las familias que hoy caen en mora consumieron por encima de su capacidad real durante años; ahora asumen el costo de esa distorsión. Es brutal, pero la alternativa —seguir financiando ese consumo con emisión— sería más brutal aún: destruiría el ahorro de toda la sociedad vía hiperinflación.

El sistema financiero, por su parte, enfrenta ahora el costo del mal crédito que otorgó. Coase en El problema del costo social (1960) recuerda que la asignación de costos importa para los incentivos futuros: si el banco puede trasladar el quebranto al Estado —vía rescate o garantía pública— aprenderá que puede prestar sin rigor y socializar la pérdida. Si en cambio el banco asume la pérdida, aprenderá a discriminar mejor el riesgo en el próximo ciclo. Buchanan y Tullock en El cálculo del consenso (1962, cap. 10) muestran que las decisiones colectivas responden a coaliciones de intereses concentrados: el lobby bancario presionará por un rescate, argumentando riesgo sistémico. La respuesta liberal es clara: el riesgo sistémico se mitiga dejando que los bancos que prestaron mal asuman la pérdida. Esa es la única disciplina que previene la próxima expansión crediticia insostenible.

Quién gana y quién pierde

Ganan, en términos relativos, quienes no se endeudaron durante la expansión crediticia previa o quienes cancelaron deuda a tiempo. Su posición patrimonial mejora frente a los endeudados en mora. Ganan también los ahorristas que sostuvieron activos reales o dolarizados durante la fase inflacionaria: el ajuste fiscal y la desaceleración de la inflación protegen el valor de ese ahorro. Y gana, en el largo plazo, el conjunto del sistema productivo si el ajuste consolida expectativas de estabilidad y recompone la estructura de precios relativos hacia señales genuinas de escasez y preferencia temporal.

Pierden, en el corto plazo, las familias que caen en mora: enfrentan ejecuciones, embargo de salarios, pérdida de acceso al crédito y deterioro de su historial crediticio. Pierden también los bancos que otorgaron crédito sin rigor: deben provisionar pérdidas y enfrentan caída en la rentabilidad del negocio de consumo. Pierden, difusamente, los sectores comerciales que dependían del consumo financiado con tarjeta: la contracción del crédito reduce el flujo de caja de comercios y pymes proveedoras.

El costo de largo plazo, sin embargo, recae sobre el conjunto de la economía si el Estado interviene para evitar la corrección. Toda refinanciación pública, todo rescate bancario, toda moratoria forzosa posterga el ajuste y traslada el costo desde quien tomó la decisión equivocada hacia el contribuyente que no participó del beneficio. Mises en Burocracia (1944, cap. VI) advierte que la intervención estatal en el crédito destruye la racionalidad económica: si el deudor sabe que no pagará y el banco sabe que el Estado asumirá el costo, ambos repetirán la conducta en el próximo ciclo. La mora récord no es una tragedia a evitar con más intervención: es la señal de que el mercado está corrigiendo una distorsión previa. Interrumpir esa corrección con recursos públicos no salva a las familias: condena al conjunto a repetir el ciclo con mayor violencia en el futuro.