Reforma laboral y 106 mil empleos perdidos en AMBA — el dato duro contra la promesa

La agenda

Desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, el Área Metropolitana de Buenos Aires perdió más de 106 mil empleos registrados, según datos del Ministerio de Trabajo relevados por la consultora Analytica. La cifra representa una caída concentrada en la región que concentra el 40% del empleo formal del país y el nivel de referencia del PBI nacional.

El dato contrasta con las expectativas declaradas al momento de impulsar la reforma laboral incluida en el paquete legislativo de julio de 2024. El gobierno argumentó que la flexibilización de contratos, la reducción de costos de despido y la eliminación de multas por trabajo no registrado generarían incentivos para la contratación formal. Nueve meses después de sancionada la ley, los números oficiales muestran destrucción neta de puestos en el área de mayor densidad económica del país.

La discusión pública se concentró en dos lecturas: quienes atribuyen la caída al ajuste fiscal y la recesión, y quienes responsabilizan a rigideces estructurales que la reforma no alcanzó a desmontar. Ambas explicaciones merecen examen detenido contra los hechos y el corpus teórico.

El análisis liberal

La destrucción de empleo durante un ajuste fiscal no es una anomalía ni una sorpresa teórica: es la consecuencia directa de corregir una estructura productiva sostenida artificialmente por gasto público insostenible. Hayek en Precios y producción (1931, cap. IV) explica que la expansión crediticia y fiscal genera un boom que asigna mal el capital: empleos que parecen viables bajo el subsidio estatal dejan de serlo cuando el subsidio desaparece. La destrucción de esos puestos no es el fracaso del ajuste; es la condición necesaria para que los factores migren hacia usos genuinamente demandados por consumidores que pagan de su bolsillo.

Ahora bien, el problema específico de este caso es que el gobierno prometió que la reforma laboral aceleraría la creación de empleo formal, compensando con creces la destrucción causada por el ajuste. Esa promesa descansaba en una premisa teórica correcta pero aplicada a un contexto equivocado. Mises en La acción humana (1949, cap. XXI, sec. 6) demuestra que el desempleo involuntario prolongado solo puede existir si el salario exigido supera la productividad marginal del trabajo. Las rigideces laborales —indemnizaciones confiscatorias, multas por registro tardío, litigiosidad sin límite— elevan artificialmente el costo de contratar, reduciendo la demanda de trabajo. Eliminar esas rigideces debería, en principio, facilitar la contratación.

Pero la teoría austriaca también enseña que las reformas de oferta operan con rezago y solo en un marco de estabilidad monetaria y expectativas sostenibles. Rothbard en Poder y mercado (1970, cap. 3) advierte que la eliminación de controles no produce efectos inmediatos si el shock de demanda agregada es brutal: el empresario que podría contratar más barato no lo hace si no tiene a quién venderle. La reforma laboral es necesaria pero no suficiente: actúa sobre el costo marginal de contratar, no sobre la demanda de producto.

Aquí entra en juego la distinción crítica que Buchanan introduce en Los límites de la libertad (1975, cap. 5): entre promesas de campaña y restricciones del proceso político. El gobierno podía flexibilizar contratos, pero no podía eliminar de un plumazo la incertidumbre sobre la permanencia de las reglas. Un empresario que enfrenta una reforma laboral después de décadas de intervencionismo creciente no asume automáticamente que el marco es estable: espera, observa, posterga. Y mientras espera, la recesión destruye el empleo que la reforma prometía crear.

La segunda lectura rival atribuye la caída del empleo a rigideces estructurales que la reforma no tocó: convenios colectivos con cláusulas gatillo, obra social sindical obligatoria, fuero sindical amplio, indemnizaciones que siguen siendo confiscatorias para PyMEs. Esta explicación tiene mérito parcial: es cierto que la reforma fue tibia en varios frentes. Pero ignora el elefante en la habitación: sin demanda, ninguna flexibilización genera contratación neta. Puedo bajar el costo de despido a cero; si no tengo a quién venderle, no contrato.

La tercera lectura, keynesiana, diría que el ajuste fiscal fue demasiado rápido y que el Estado debió sostener la demanda agregada durante la transición. Esta interpretación confunde causa con efecto: el déficit fiscal argentino de 2023 no era una política discrecional sino una bancarrota inminente. Mises en Burocracia (1944, cap. VI) explica que un gobierno quebrado no tiene política monetaria ni fiscal: solo tiene la opción de imprimir hasta la hiperinflación o ajustar hasta la recesión. El costo del ajuste no es culpa de quien ajusta, sino de quien gastó hasta la insolvencia. La ilusión keynesiana consiste en creer que se puede postergar indefinidamente el día de ajustar cuentas con la aritmética.

Descarto la lectura keynesiana porque asume que el empleo público o subsidiado es equivalente al empleo genuino. No lo es: el primero consume capital; el segundo lo crea. Descarto también la lectura puramente estructuralista porque minimiza el impacto del ajuste de demanda: incluso con costos laborales en cero, un comerciante que no vende no contrata. La lectura austriaca, en cambio, integra ambos factores: el ajuste destruye empleos insostenibles (correcto y necesario) y la reforma laboral no compensa porque opera con rezago en un contexto de expectativas rotas y demanda en caída libre.

Ahora bien, la predicción falsable que se desprende de este análisis es la siguiente: si la reforma laboral fue necesaria pero insuficiente, y si el ajuste fiscal corrigió la estructura de capital distorsionada, entonces el empleo formal debería comenzar a recuperarse en el segundo semestre de 2026, cuando la inflación se estabilice por debajo del umbral crítico y las expectativas de permanencia del marco liberal se consoliden. Métrica: variación trimestral del empleo registrado en AMBA, medido por el Ministerio de Trabajo. Plazo: diciembre 2026. Si para esa fecha el empleo formal sigue cayendo o estancado, la hipótesis de que la reforma era correcta pero mal sincronizada queda refutada, y habrá que admitir que o bien la reforma fue estructuralmente insuficiente, o bien el marco macroeconómico no permitió que operara.

Un matiz adicional que Hayek introduce en El uso del conocimiento en la sociedad (1945) resulta pertinente: el conocimiento empresarial sobre nuevas oportunidades de negocio está disperso y tarda en coordinarse después de un shock. La destrucción de capital y empleo no libera automáticamente los factores para nuevos usos: hay un período de descubrimiento empresarial en el que los recursos quedan temporalmente ociosos. Acortar ese período requiere no solo reglas estables sino también acceso a crédito y expectativas de rentabilidad sostenida. Si el crédito está cerrado por desconfianza o el riesgo país sigue alto, la reasignación se retrasa, y con ella la recuperación del empleo.

Quién gana y quién pierde

Pierden los trabajadores despedidos, que enfrentan la transición sin red y en un mercado laboral contraído. Pierden también los empleadores que apostaron a que la reforma aceleraría la recuperación y se encontraron con que la demanda no volvió: pagaron el costo político de despedir sin poder capitalizar el abaratamiento de contratar.

Gana, en términos de eficiencia de largo plazo, el conjunto del sistema productivo: los factores liberados podrán, eventualmente, migrar hacia sectores más productivos cuando la demanda se recupere. Pero ese beneficio es difuso, lejano en el tiempo y políticamente invisible. Gana también el gobierno en términos de cumplir con el ajuste fiscal sin colapso monetario, aunque pierde en términos de cumplir la promesa de que la reforma laboral compensaría rápido la destrucción de empleo.

El costo político recae sobre quienes impulsaron la reforma sin advertir públicamente que operaría con rezago y que su efectividad dependía de variables externas a la ley (estabilidad monetaria, expectativas, acceso a crédito). La promesa simplificada —“flexibilizamos y se crea empleo”— chocó con la realidad de que las reformas de oferta no compensan automáticamente los shocks de demanda. La lección austriaca es clara: las buenas intenciones no derogan la aritmética ni aceleran los procesos de mercado. El empleo se recuperará cuando la estructura de capital termine de ajustarse, no antes. Y ese timing no lo decide el legislador; lo decide el mercado.