Coalición fragmentada y presupuesto en riesgo — el costo político del desacuerdo

La agenda

La coalición gobernante enfrenta tensiones internas que complican la aprobación del Presupuesto 2027 y la suspensión de las PASO, según reportó Página 12. El foco del conflicto está en las diferencias entre la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el diputado Diego Santilli, quien lidera el bloque PRO en la Cámara baja y mantiene vínculos estrechos con el expresidente Mauricio Macri.

Santilli señaló que en la mesa política de la coalición se discutieron todos los temas, incluido el recorte presupuestario en discapacidad, pero que Bullrich se retiró antes de que concluyera la reunión del martes. El diputado minimizó un video en el que Bullrich expresaba críticas al tratamiento presupuestario, pero la exposición pública del desacuerdo evidencia fracturas más profundas en la capacidad del oficialismo para articular consensos internos.

El Presupuesto 2027 es clave para la viabilidad fiscal del segundo año de gobierno: define el marco de gasto público, los compromisos de deuda y las prioridades de asignación en un contexto de ajuste estructural. La suspensión de las PASO, por su parte, modifica las reglas electorales y afecta los incentivos de los aliados para mantenerse dentro de la coalición o negociar posiciones propias de cara a las legislativas de 2027. Ambos proyectos requieren mayorías legislativas que el gobierno no tiene aseguradas sin el respaldo de sus socios, y las tensiones internas debilitan esa capacidad de negociación.

El análisis liberal

Las coaliciones políticas son contratos implícitos que funcionan mientras el costo de mantenerse dentro sea menor que el costo de salir. Buchanan y Tullock en El cálculo del consenso (1962, cap. 10) explican que las decisiones colectivas se toman mediante negociación entre actores que maximizan su utilidad esperada: cada socio evalúa qué gana quedándose y qué pierde si se va. Cuando las diferencias sobre políticas centrales —como el presupuesto— se vuelven públicas, el costo político de mantenerse aumenta para quien discrepa, porque su base electoral percibe que está cediendo posiciones sin compensación visible.

La tensión entre Bullrich y Santilli no es meramente personal; refleja un problema de estructura de incentivos. Santilli representa el ala del PRO que responde a Macri, y ese sector tiene intereses electorales propios de cara a 2027. Bullrich, desde el Ejecutivo, prioriza la gestión del gobierno de Milei. El desacuerdo sobre el recorte presupuestario en discapacidad y la suspensión de las PASO pone en evidencia que ambos sectores no coinciden en qué concesiones están dispuestos a hacer ni en qué orden de prioridades ubicar las reformas.

Buchanan en Los límites de la libertad (1975, cap. 7) advierte que las coaliciones sin reglas explícitas de reparto del poder y de costos del ajuste tienden a fragmentarse cuando llega el momento de distribuir sacrificios. El Presupuesto 2027 obliga a definir quién pierde: qué programas se recortan, qué transferencias se reducen, qué sectores absorben el ajuste. Esa definición es el momento en que los socios de la coalición descubren si sus intereses están protegidos o si están subsidiando las prioridades del otro. Cuando Bullrich se retira antes del cierre de la reunión, está enviando una señal costosa: prefiere exponerse al costo reputacional de la salida anticipada antes que validar un acuerdo que percibe como lesivo para su posición dentro del Ejecutivo.

La suspensión de las PASO agrega otra capa de conflicto. Ese mecanismo electoral permite a los sectores internos de una coalición medir fuerzas sin romper formalmente. Eliminarlo concentra el poder de nominación en las cúpulas partidarias y reduce la capacidad de los sectores minoritarios de la coalición para amenazar con candidaturas propias. Desde la perspectiva de Public Choice, Tullock en Los costos de bienestar de aranceles, monopolios y robo (1967) muestra que los actores políticos invierten recursos en actividades de búsqueda de rentas: capturar posiciones institucionales que les permitan extraer beneficios sin crear valor. Suspender las PASO cambia las reglas del juego interno: reduce la competencia interna y favorece a quien ya controla el aparato partidario. Para Santilli, que representa un sector con capacidad electoral propia, aceptar esa suspensión sin compensación equivale a ceder poder de negociación.

El riesgo fiscal de no aprobar el presupuesto es concreto. Mises en La acción humana (1949, cap. XXVI) explica que la acción estatal no está sujeta al cálculo económico de mercado: el Estado no quiebra cuando gasta más de lo que recauda, simplemente traslada el costo vía impuestos, deuda o inflación. Pero la ausencia de presupuesto aprobado genera incertidumbre sobre qué restricciones fiscales operarán efectivamente, y esa incertidumbre eleva el riesgo país percibido por los inversores. Knight en Riesgo, incertidumbre y beneficio (1921, parte III, cap. VII) distingue riesgo (probabilizable, asegurable) de incertidumbre (no probabilizable). La inestabilidad institucional de una coalición que no logra aprobar su propio presupuesto agrava la incertidumbre, porque los actores privados no pueden calcular qué régimen fiscal regirá ni qué cambios de política son probables.

Ahora bien, las lecturas rivales del hecho deben examinarse. Una interpretación pluralista diría que las tensiones son normales en toda coalición democrática y que el debate público fortalece la calidad de las decisiones. Otra lectura estatista argumentaría que el gobierno debería negociar concesiones programáticas para garantizar la gobernabilidad. Descarto la lectura pluralista porque confunde pluralismo con disfuncionalidad: el debate es saludable cuando termina en decisión; cuando paraliza la aprobación del presupuesto, deja de serlo. Descarto la lectura estatista porque asume que el problema se resuelve con más gasto: ceder en el recorte presupuestario para contentar a los aliados implica diluir el ajuste fiscal, que es precisamente lo que justifica el costo político del gobierno de Milei.

La falacia subyacente es creer que las coaliciones se sostienen con voluntarismo o lealtad. Hayek en El uso del conocimiento en la sociedad (1945) explica que las instituciones eficaces emergen cuando los incentivos individuales coinciden con el resultado colectivo deseado. Una coalición sin mecanismos explícitos de coordinación —sin reparto claro de costos y beneficios— no puede sostenerse cuando llega la hora de ajustar. Rothbard en Anatomía del Estado (1974) advierte que el Estado es una organización que monopoliza la depredación legalizada: cada sector dentro del Estado busca maximizar su cuota de ese botín. La tensión entre Bullrich y Santilli es la expresión de esa pugna interna: ambos sectores quieren controlar qué se recorta y qué se protege, porque eso define su capacidad de retener clientelas electorales.

La predicción que registro es la siguiente: si el Presupuesto 2027 no se aprueba antes del cierre del año legislativo, el riesgo país experimentará presiones alcistas significativas durante el primer trimestre de 2027, reflejando la incertidumbre fiscal y política que genera la ausencia de marco presupuestario definido. La métrica de verificación es la evolución del índice EMBI+ Argentina publicado por JP Morgan, accesible en Bloomberg y fuentes públicas.

Quién gana y quién pierde

Ganan, en el cortísimo plazo, los sectores de la coalición que logran visibilizar su desacuerdo y mostrar a sus bases electorales que no ceden posiciones sin pelear. Santilli gana espacio público al marcar distancia con Bullrich y al preservar su vínculo con Macri. Bullrich gana margen dentro del Ejecutivo al no validar un presupuesto que percibe como insuficiente en su prioridad sectorial.

Pierden los contribuyentes y los inversores, que enfrentan mayor incertidumbre sobre el marco fiscal y regulatorio. Pierde el gobierno de Milei, porque una coalición fragmentada reduce su capacidad de aprobar reformas estructurales y eleva el costo político de cada concesión. Pierden los sectores que dependen de transferencias fiscales claras y previsibles, porque la ausencia de presupuesto aprobado abre la puerta a asignaciones discrecionales y opacas.

Y pierde el sistema institucional en su conjunto, porque una coalición incapaz de aprobar su propio presupuesto está enviando la señal de que no tiene mayoría efectiva para gobernar. Esa señal invita a los opositores a obstruir sistemáticamente, sabiendo que el costo de bloquear la agenda oficial es bajo si los propios aliados del gobierno ya están bloqueándola desde dentro. El costo final lo paga quien menos voz tiene en la negociación: el ciudadano que financia el Estado con su impuesto y que necesita reglas fiscales estables para poder calcular su propio futuro económico.