El Estado ajusta prestaciones de discapacidad y traslada el costo a las familias

La agenda

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el actor Guillermo Pfening protagonizaron un cruce público sobre el ajuste en prestaciones de discapacidad. El conflicto escaló cuando Pfening, padre de una hija con discapacidad, denunció recortes en las prestaciones que reciben familias con personas con discapacidad a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Menem respondió defendiendo la decisión del gobierno como parte de un ordenamiento fiscal necesario tras años de descontrol presupuestario.

El intercambio refleja una tensión más amplia entre el sector de familias con personas con discapacidad y el gobierno nacional, que ha implementado auditorías más estrictas sobre las prestaciones otorgadas y ha modificado los criterios de elegibilidad. Según consignaron medios que cubrieron el episodio, el cruce adquirió resonancia por la exposición pública de ambas figuras y porque encapsula un dilema que atraviesa múltiples políticas sociales: hasta dónde sostener con fondos públicos prestaciones cuyo costo crece más rápido que la recaudación.

El análisis liberal

El conflicto entre Menem y Pfening es un caso particular de un problema estructural: la ilusión fiscal que permite que un programa de gasto crezca sin límite mientras sus costos se distribuyen sobre el conjunto de los contribuyentes de forma difusa e invisible. Buchanan y Wagner en Democracia en déficit (1977, cap. 3) explican que la democracia representativa tiene un sesgo intrínseco hacia el déficit y la expansión del gasto porque los beneficiarios de cada programa están concentrados y organizados, mientras que los pagadores están dispersos y desorganizados. El padre de un hijo con discapacidad tiene todos los incentivos para defender la prestación; el contribuyente promedio ni siquiera sabe que está financiándola.

El mecanismo de expansión es predecible. En el año uno, el programa cubre casos evidentes y consensuados. En el año dos, la burocracia que administra el programa tiene incentivos para ampliar la definición de elegibilidad porque cada expansión aumenta su presupuesto, su plantilla y su poder político. Niskanen en Bureaucracy and Representative Government (1971) demostró que los burócratas maximizan el tamaño de su presupuesto, no la eficiencia del servicio. Con el tiempo, la definición de discapacidad se vuelve laxa, los controles se debilitan y el gasto crece exponencialmente. No porque haya más casos genuinos, sino porque el diseño institucional premia la inclusión y castiga la auditoría.

Cuando el gobierno actual ajusta los criterios y reduce el gasto, está respondiendo a un problema de sostenibilidad fiscal que no apareció ayer. El error es creer que la decisión de ajustar es discrecional: no lo es. Mises en La acción humana (1949, cap. XVII) explica que el gasto público financiado con emisión o deuda no crea recursos, solo los redistribuye. Si el Estado gasta más de lo que recauda, la diferencia se cubre con inflación, que es un impuesto oculto que pagan los más pobres, o con deuda, que es un impuesto diferido que pagarán las generaciones futuras. La pregunta no es si ajustar, sino cuándo y cómo.

Ahora bien, el ajuste traslada el costo desde el fisco hacia las familias. Eso es un hecho, no una opinión. La familia que recibía una prestación estatal para cubrir tratamientos o asistencia ahora debe cubrirla de su bolsillo o reducir el servicio. Desde una perspectiva liberal clásica, eso no es un problema moral sino una corrección de una distorsión previa. Hayek en Los fundamentos de la libertad (1960, cap. 19) distingue entre seguridad genuina —protección contra riesgos que el individuo no puede prever ni asegurar— y seguridad artificial —la pretensión de que el Estado garantice un nivel de vida determinado a todos. La segunda es insostenible porque destruye los incentivos de previsión individual y mercantiliza la política: cada grupo presiona por su cuota de redistribución.

Tercero, el problema del moral hazard. Rothbard en Poder y mercado (1970, cap. 2) explica que toda prestación estatal gratuita reduce el costo privado de la conducta que la genera. Si el Estado cubre automáticamente el costo de una discapacidad sin auditar la gravedad real ni la capacidad de pago de la familia, el incentivo es declarar discapacidad incluso cuando hay capacidad de autofinanciamiento parcial. No porque las familias sean deshonestas, sino porque están respondiendo racionalmente a los incentivos que el sistema creó. El ajuste busca cerrar esa fuga, pero llega tarde: décadas de laxitud generaron expectativas de derecho adquirido que ahora chocan con la realidad fiscal.

Cuarto, la falacia de la compasión gratuita. Bastiat en La ley (1850) advirtió que el Estado no tiene recursos propios: todo lo que da a unos, lo quita a otros. Cuando Pfening reclama que el Estado mantenga la prestación, está reclamando que otros contribuyentes paguen el costo de esa prestación. Eso puede ser deseable o no, pero no puede presentarse como un acto de generosidad del Estado. El Estado no es compasivo: es un canal de redistribución forzosa. La pregunta relevante no es si el caso de Pfening merece ayuda —probablemente sí— sino si esa ayuda debe financiarse mediante extracción fiscal obligatoria sobre millones de personas que no participaron de la decisión.

Las lecturas rivales del hecho merecen nombrarse. Una interpretación progresista diría que el Estado tiene obligación de garantizar derechos sociales y que el ajuste es crueldad disfrazada de responsabilidad fiscal. Otra argumentaría que las familias con discapacidad enfrentan costos extraordinarios que el mercado no puede cubrir y que la asistencia estatal es la única red de contención viable. Descarto la primera porque confunde derechos negativos con derechos positivos: el derecho a no ser agredido no cuesta nada; el derecho a recibir una prestación cuesta exactamente lo que se le quita a otro. Descarto la segunda porque asume que el único mecanismo de ayuda es el estatal, ignorando que la caridad voluntaria, las mutuales y los seguros privados cubrieron esos roles durante siglos antes de que el Estado los monopolizara y destruyera sus incentivos.

Quién gana y quién pierde

Ganan, en el corto plazo, el Tesoro Nacional y los contribuyentes netos que dejaron de financiar prestaciones no auditadas. Gana también el principio de sostenibilidad fiscal, que es condición necesaria para evitar un colapso mayor que terminaría eliminando todas las prestaciones de golpe, no solo algunas.

Pierden, en el corto plazo, las familias con personas con discapacidad que recibían prestaciones y ahora deben autofinanciarlas o reducir el servicio. Pierden los casos genuinos que quedan atrapados en auditorías mal diseñadas o burocracias lentas. Y pierden las familias de ingresos bajos que no tienen margen para absorber el costo adicional y que tampoco tienen acceso a alternativas privadas.

Pierden, en el largo plazo, todos si el ajuste no se acompaña de una reforma estructural que reemplace la discrecionalidad burocrática por reglas claras. Buchanan en Los límites de la libertad (1975) explica que la estabilidad de un orden social depende de reglas conocidas ex ante, no de decisiones ad hoc. Si cada gobierno ajusta o expande según su ideología o su coyuntura fiscal, nadie puede planificar y el conflicto político se vuelve permanente. La única salida liberal es sacar al Estado del medio: devolver la responsabilidad de la previsión a las familias y las asociaciones voluntarias, y limitar la asistencia estatal a casos de indigencia extrema verificada caso por caso, no mediante programas universales que crecen sin control.