Empleo desprotegido alcanza el 48% — el costo fiscal del ajuste privado

La agenda

El empleo desprotegido —trabajadores sin aportes jubilatorios, changas y jubilados que permanecen activos— alcanzó el 48% del mercado laboral argentino, según datos del tercer trimestre de 2026 procesados por el Observatorio Laboral de la Universidad Siglo 21 a partir de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. La cifra marca un récord histórico en la serie estadística disponible y consolida una tendencia ascendente que se aceleró desde el inicio de la gestión Milei.

El segmento de asalariados sin descuento jubilatorio creció 3,2 puntos porcentuales en el último año, mientras que los trabajadores por cuenta propia (monotributistas, autónomos y changas) representan el grueso del universo informal. Los jubilados activos —personas que cobran haber previsional y simultáneamente trabajan— constituyen el tercer componente del agregado, reflejando tanto insuficiencia del haber como incentivos tributarios perversos del sistema de seguridad social.

El fenómeno se concentra en sectores de baja productividad: construcción, comercio minorista, servicios domésticos y cuentapropismo de subsistencia. La proporción de empleo registrado formal cayó por debajo del 52% por primera vez desde la crisis de 2002, según el mismo informe del Observatorio Laboral.

El análisis liberal

El empleo desprotegido no es un accidente ni una anomalía transitoria: es la respuesta racional de empleadores y trabajadores ante una estructura de costos laborales que excede la productividad marginal efectiva de gran parte de la fuerza de trabajo. Mises en La acción humana (1949, cap. XXI, sec. 6) explica que el desempleo y la informalidad no son estados de la naturaleza, sino discrepancias entre el salario exigido —incluyendo cargas sociales obligatorias— y la productividad real del trabajador. Cuando el costo total de formalizar un empleado supera el valor que ese empleado agrega al proceso productivo, el empleador tiene tres opciones: no contratar, contratar informalmente o automatizar. Las dos primeras generan informalidad; la tercera, desempleo abierto. El umbral de referencia de empleo desprotegido es la medida empírica de esa brecha.

Ahora bien, el diagnóstico convencional atribuye la informalidad a “falta de fiscalización” o “empresarios inescrupulosos”. Esa lectura ignora los incentivos. Rothbard en Poder y mercado (1970, cap. 3) muestra que toda regulación estatal del mercado laboral —salarios mínimos, aportes patronales obligatorios, indemnizaciones por despido— eleva el precio del trabajo por encima del que fijaría el intercambio voluntario. El efecto predecible es destrucción de empleo formal en el margen: las firmas más pequeñas, los trabajadores menos calificados y las regiones más pobres quedan fuera del mercado legal. No es que el empresario sea malo; es que la cuenta no cierra.

El sistema previsional argentino cristaliza la distorsión. El aporte patronal total (incluyendo ART, obra social y contribuciones provinciales) alcanza el umbral de referencia del salario bruto en el régimen general y el umbral de referencia en sectores promovidos. Para un trabajador que gana el salario mínimo —hoy equivalente a las pautas previstas pesos mensuales— el costo total para el empleador supera los las pautas previstas pesos. Ese diferencial es pura transferencia forzosa hacia un sistema de reparto en quiebra técnica, donde el trabajador activo financia jubilaciones de beneficiarios que jamás aportaron en proporción al haber que cobran. Buchanan en Principios de deuda pública (1958, cap. 5) advierte que todo sistema de reparto es deuda implícita: promete beneficios futuros sin constituir activos reales, trasladando el costo a generaciones posteriores. Cuando el trabajador joven hace la cuenta y concluye que su aporte es confiscación sin contrapartida, elige salir del sistema. El monotributo o la changa no son evasión: son arbitraje racional ante un contrato leonino.

La presencia de jubilados activos en el universo de empleo desprotegido revela otro incentivo perverso. El haber jubilatorio promedio no alcanza para cubrir la canasta básica, forzando al beneficiario a mantenerse activo. Pero si ese jubilado formaliza su nueva actividad laboral, enfrenta doble imposición: paga el impuesto a las ganancias sobre su salario y pierde beneficios previsionales adicionales según la escala de ingresos combinados. El sistema castiga la productividad del adulto mayor y premia la informalidad. Hayek en Los fundamentos de la libertad (1960, cap. 19) señala que los sistemas de seguridad social obligatorios eliminan el incentivo individual al ahorro y a la previsión privada, creando dependencia del Estado y vulnerabilidad estructural cuando el Estado quiebra.

Las lecturas rivales del fenómeno merecen examen explícito. Una interpretación progresista atribuiría la informalidad a “precarización neoliberal” y exigiría más inspección laboral y sanciones más duras a empleadores informales. Otra lectura keynesiana diría que el problema es falta de demanda agregada y que la solución es gasto público expansivo para crear empleo formal. Descarto la primera porque confunde síntoma con causa: endurecer la fiscalización sin bajar el costo de formalización solo empuja más trabajadores al desempleo abierto o a la economía sumergida. Descarto la segunda porque ignora la restricción de recursos reales: el gasto público no crea riqueza, la redistribuye; y si el Estado contrata trabajadores de baja productividad a salarios superiores a su producto marginal, desvía capital de sectores productivos y acumula déficit fiscal que termina financiándose con inflación o más impuestos, realimentando el ciclo de informalidad.

La solución liberal pasa por desregular el mercado laboral, no por intensificar su control. Eliminar aportes patronales obligatorios, permitir contratos a término sin indemnización forzosa, derogar el salario mínimo y abrir el sistema previsional a capitalización individual voluntaria descomprime la brecha entre costo laboral y productividad. Eso no garantiza que todos tengan empleo formal, porque la productividad individual es un dato objetivo que no se decreta; pero sí garantiza que quien produce más de lo que cuesta pueda emplearse legalmente, y que el sistema de seguridad social refleje aportes reales en lugar de transferencias políticas.

Quién gana y quién pierde

Ganan, en el muy corto plazo, los trabajadores informales que evitan el costo confiscatorio del sistema previsional y mantienen su poder adquisitivo neto inmediato. Ganan los empleadores pequeños que operan en sectores de bajo margen, donde formalizar implicaría cerrar. Y ganan los sindicatos formales, que preservan su base de cotizantes cautivos en el sector registrado mientras el informal queda fuera de su órbita de negociación, consolidando el monopolio de representación sobre los trabajadores protegidos.

Pierden, en el mediano y largo plazo, los mismos trabajadores informales que hoy celebran evitar el descuento: cuando lleguen a la edad jubilatoria sin aportes suficientes, enfrentarán pobreza estructural o dependencia de una pensión mínima que el Estado no podrá financiar. Pierden los trabajadores formales, que siguen aportando al sistema de reparto para sostener un pasivo creciente de beneficiarios sin contraparte contributiva, viendo erosionado el valor real de sus futuros haberes. Pierden los contribuyentes generales, que financiarán vía impuestos el déficit previsional cuando la pirámide demográfica colapse definitivamente. Y pierde el conjunto del sistema productivo, que acumula capital humano subutilizado y atomizado en actividades de subsistencia en lugar de escalar hacia sectores de mayor valor agregado.

El costo fiscal implícito del umbral de referencia de empleo desprotegido no es el impuesto que hoy no se recauda —esos trabajadores no tienen capacidad contributiva genuina—, sino el pasivo previsional futuro que el Estado asumió sin constituir activos reales. Buchanan y Wagner en Democracia en déficit (1977, cap. 8) advierten que las promesas de transferencias futuras son deuda pública encubierta: el sistema político las vota porque el costo recae sobre administraciones posteriores, mientras el rédito electoral es inmediato. Cuando ese pasivo se haga líquido —y el umbral de referencia de informalidad garantiza que será masivo— la única salida será licuar haberes vía inflación, subir impuestos o quebrar formalmente el sistema. En los tres casos, paga el contribuyente que creyó en el contrato social.