Presupuesto 2027 — aritmética imposible y riesgo de crisis federal

La agenda

El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional desató una crisis interna en el espacio libertario y abrió un frente de conflicto con los gobernadores que el oficialismo necesita para conseguir los votos en el Congreso. Según la cobertura de Ámbito, las diferencias sobre el esquema de proyecciones macroeconómicas y la distribución de recursos entre Nación y provincias llevaron a que desde la Casa Rosada pidieran bajar el tono público y discutir las diferencias puertas adentro, evidenciando que la unidad del bloque no está garantizada.

El caso más emblemático de la resistencia provincial es el del gobernador cordobés Martín Llaryora, quien rechazó de plano los recortes en transferencias para discapacidad y marcó un límite político al avance del ajuste nacional sobre partidas provinciales. El diario Cronista consignó que Llaryora declaró inaceptable la propuesta nacional de reducir los fondos destinados a políticas de discapacidad, amenazando con vetar cualquier proyecto que contenga ese recorte y advirtiendo que negociará en bloque con otros mandatarios provinciales para defender sus presupuestos sectoriales.

Simultáneamente, el economista José Luis Artana cuestionó públicamente las proyecciones oficiales de inflación y crecimiento para 2027, calificándolas como “un poco optimistas”. Artana señaló que el Gobierno proyecta una inflación anual del 18,3% y un crecimiento del PBI del nivel de referencia, cifras que según su lectura no se condicen con la dinámica observada en el sector privado ni con los costos de la política monetaria restrictiva que el propio Ejecutivo sostiene como ancla del programa. El presupuesto, por lo tanto, enfrenta simultáneamente resistencia política en el Congreso y escepticismo técnico en el sector analítico.

El análisis liberal

Un presupuesto público es, antes que nada, un contrato político que promete gastar recursos que aún no se extrajeron de la sociedad. Buchanan y Wagner en Democracia en déficit (1977, cap. 2) explican que los gobiernos democráticos enfrentan incentivos asimétricos: los beneficios del gasto se concentran en grupos de presión identificables que votan y hacen lobby, mientras que el costo se diluye en forma de impuestos futuros, inflación o deuda sobre contribuyentes dispersos que no se organizan. La ilusión fiscal —la creencia de que el gasto público “sale de otro lado”— permite a los políticos prometer más de lo que pueden cobrar, generando sistemáticamente déficits estructurales.

El Presupuesto 2027 exhibe precisamente esa lógica. Las proyecciones oficiales de inflación y crecimiento son, como señaló Artana, optimistas hasta el punto de la irrealidad. Hayek en Precios y producción (1931, cap. 1 y 2) muestra que una economía no puede crecer sostenidamente por encima de su tasa natural sin inyecciones monetarias que distorsionen la estructura intertemporal del capital. Si el Gobierno proyecta expansión del cinco por ciento mientras mantiene una política monetaria contractiva, o bien la proyección es falsa, o bien planea relajar el ancla monetaria en 2027 para validar el gasto programado. En ambos casos, el presupuesto está mintiendo: promete más de lo que el sistema productivo puede entregar sin inflación.

La resistencia de Llaryora sobre discapacidad no es un detalle sectorial; es la muestra de que el federalismo fiscal argentino funciona bajo la lógica de la búsqueda de rentas que Tullock identificó en Los costos de bienestar de aranceles, monopolios y robo (1967). Los gobernadores no son gerentes de jurisdicciones autónomas; son operadores políticos que maximizan transferencias de Nación a cambio de votos en el Congreso. El recorte de partidas provinciales no es técnicamente imposible, pero es políticamente costoso: cada peso que Nación deja de transferir a las provincias es un peso que los gobernadores dejan de distribuir discrecionalmente, debilitando su base clientelar. La negociación del Presupuesto no es sobre aritmética fiscal; es sobre cuánto poder de cooptación política pierde cada actor.

La crisis interna libertaria, por su parte, revela algo más profundo que diferencias tácticas. Rothbard en Anatomía del Estado (1974, cap. 5) advierte que las coaliciones ideológicas que ascienden al poder enfrentan de inmediato la tentación de usar los instrumentos estatales que prometieron desmantelar. Si la facción libertaria no consigue los votos para aprobar el presupuesto sin concesiones a provincias y sin romper el techo fiscal, tiene dos opciones: o abandona el equilibrio fiscal y negocia con gasto, o pierde la votación y queda atrapada en una parálisis legislativa que impide ejecutar cualquier política. Ambas alternativas traicionan la promesa de ajuste estructural: la primera porque valida el gasto negociado, la segunda porque paraliza la ejecución y deja intactas las estructuras de privilegio provinciales.

Mises en La acción humana (1949, cap. XXVI, sec. 5) sostiene que el cálculo económico racional solo es posible cuando los precios reflejan preferencias genuinas de quienes pagan de su bolsillo. Un presupuesto estatal, financiado con extracción coactiva, no tiene ese límite: no hay precio de mercado para el gasto público, solo negociación política. Cada partida se asigna no según su productividad social sino según el poder de lobby del sector que la reclama. El presupuesto optimista de 2027 no es un error técnico; es el resultado natural de un sistema que carece de disciplina de mercado y reemplaza el cálculo económico con el regateo legislativo.

Ahora bien, las lecturas rivales del hecho merecen enumerarse. Una interpretación keynesiana diría que el Gobierno debe sostener el gasto para no abortar la recuperación incipiente, y que recortar transferencias provinciales en sectores sensibles como discapacidad genera contracción de demanda agregada. Otra lectura, más pragmática, argumentaría que todo gobierno debe negociar con las provincias para aprobar leyes, y que renunciar a esa negociación es renunciar a gobernar.

Descarto la lectura keynesiana porque asume que el problema argentino es de demanda insuficiente, cuando en realidad es de mala asignación acumulada: el país no necesita más gasto público para activar capacidad ociosa; necesita liberar recursos mal asignados por décadas de intervencionismo. Descarto la lectura pragmática porque confunde medios con fines: el objetivo no es “aprobar un presupuesto”, sino desmantelar el sistema de privilegios que hace necesaria la negociación clientelar. Ceder en el contenido del ajuste para conseguir los votos es perder la guerra mientras se gana una votación.

Quién gana y quién pierde

Ganan, en el corto plazo, los gobernadores que logran frenar recortes en transferencias discrecionales. Llaryora y sus pares consolidan poder territorial al mostrarse como defensores de partidas provinciales frente al ajuste nacional, fortaleciendo su base política local a costa del equilibrio fiscal agregado.

Ganan, también en el corto plazo, las facciones internas del oficialismo que extraen concesiones a cambio de votos, asegurando continuidad en el bloque a cambio de disciplina presupuestaria diluida.

Pierden los contribuyentes que financiarán el déficit implícito si las proyecciones optimistas no se cumplen: pagarán vía inflación residual, emisión encubierta o impuestos futuros el costo del gasto prometido sin respaldo productivo real. Pierde el conjunto del sistema productivo por la prolongación de la incertidumbre fiscal: mientras el presupuesto siga siendo una negociación política y no un reflejo de recursos genuinos, ninguna inversión de largo plazo tiene base sólida para calcularse.

Y pierde, críticamente, el propio programa de estabilización macroeconómica que el Gobierno dice defender. Si el ajuste fiscal depende de votos provinciales que solo se consiguen cediendo gasto, la meta de déficit cero es una ilusión contable que se desvanece en el Congreso. El FMI evaluará no las promesas del Presupuesto sino la capacidad política real de ejecutarlo sin desvíos, y esa capacidad está, hoy, seriamente en duda.