Rechazo económico y ventaja electoral — la apuesta intertemporal de Milei

La agenda

Las encuestas de septiembre revelan una paradoja política: cada vez más gente siente que su situación económica empeoró con Milei, pero el oficialismo mantiene ventajas electorales decisivas de cara a 2027. Según los sondeos, la percepción de deterioro económico personal alcanza niveles máximos desde el inicio de la gestión, mientras que la intención de voto para las elecciones legislativas del año próximo coloca a La Libertad Avanza en posición competitiva frente a la oposición tradicional.

El contraste entre evaluación económica presente y proyección electoral futura plantea una pregunta central: ¿cómo sostiene el gobierno respaldo político mientras aplica medidas que generan rechazo inmediato? La respuesta tiene que ver con horizontes temporales, coaliciones de intereses y la aritmética del ajuste distribuido.

El análisis liberal

Buchanan y Wagner en Democracia en déficit (1977, cap. 2) explican que la política democrática moderna opera con un sesgo sistemático hacia el corto plazo: los beneficios concentrados y visibles ganan elecciones; los costos difusos y diferidos se empujan hacia el futuro. El endeudamiento público es la máxima expresión de ese sesgo: gasto hoy, pago mañana. Lo notable del caso Milei es que invierte la secuencia: concentra el dolor en el presente y promete los beneficios más adelante. Eso contradice la lógica electoral habitual y explica la tensión entre rechazo económico y ventaja electoral.

El mecanismo es el siguiente. Un ajuste fiscal genuino—entendido como reducción del gasto estatal financiado con emisión o deuda—redistribuye recursos desde quienes vivían directa o indirectamente del gasto público hacia el sector privado que financia impuestos y soporta la inflación. Esa redistribución genera ganadores y perdedores netos inmediatos. Mises en La acción humana (1949, cap. XVII, sec. 10) advierte que toda intervención monetaria altera la estructura de precios relativos y genera una redistribución no neutral de la riqueza: quienes reciben el dinero nuevo primero ganan poder adquisitivo a expensas de quienes lo reciben último. El ajuste invierte ese flujo: corta la emisión, frena la transferencia oculta vía inflación, y obliga a que los recursos se asignen por productividad y no por proximidad al gasto estatal.

Los perdedores inmediatos son visibles: empleados públicos que pierden poder adquisitivo real, contratistas del Estado cuyas licitaciones se cancelan, provincias que reciben menos transferencias discrecionales, sectores subsidiados que ven caer sus privilegios. Los ganadores inmediatos son difusos: contribuyentes que ya no pagan el impuesto inflacionario, ahorristas que recuperan el incentivo a diferir consumo, inversores que vuelven a calcular rentabilidades sin el riesgo de confiscación vía devaluación. Hayek en El uso del conocimiento en la sociedad (1945) señala que el sistema de precios coordina acciones descentralizadas sin que los agentes conozcan el cuadro completo. El ajuste devuelve señales de precios honestas, pero ese beneficio tarda en percibirse porque opera de forma dispersa.

Ahora bien, ¿por qué el rechazo económico no se traduce directamente en colapso electoral? Buchanan y Tullock en El cálculo del consenso (1962, cap. 10) introducen el concepto de coaliciones duraderas: un grupo político mantiene apoyo si logra que sus votantes crean que la alternativa es peor. El oficialismo construye su ventaja electoral no sobre la aprobación del plan económico presente, sino sobre la percepción de que la oposición carece de un plan alternativo creíble o que su plan implicaría volver al estado anterior de emisión y déficit descontrolado. En términos de teoría de juegos, el votante elige entre un ajuste doloroso hoy con promesa de estabilidad futura, o un alivio ficticio hoy con certeza de crisis mayor mañana.

El riesgo de esta estrategia es la fragilidad del respaldo intertemporal. Rothbard en Poder y mercado (1970, cap. 3) advierte que las coaliciones políticas son inestables cuando los beneficios prometidos tardan demasiado en materializarse. Si el ajuste se prolonga sin que aparezcan las mejoras económicas tangibles—caída sostenida de la inflación, recuperación del salario real, aumento del empleo privado—el electorado puede concluir que el costo ya se pagó pero el beneficio nunca llegará. En ese momento, la ventaja electoral se evapora.

Stigler en La teoría de la regulación económica (1971) muestra que los grupos de interés concentrados tienen ventajas organizativas sobre los beneficiarios difusos. Los perdedores inmediatos del ajuste—sindicatos públicos, gobernadores que perdieron caja discrecional, empresarios subsidiados—tienen incentivos claros para coordinar protesta y presión legislativa. Los ganadores difusos—ahorristas, consumidores que ya no pagan el impuesto inflacionario, inversores que vuelven a calcular sin riesgo expropiatorio—no perciben el beneficio como resultado directo del ajuste y no organizan respaldo activo. Esa asimetría genera ruido político: se escucha el reclamo de los perjudicados, no la gratitud silenciosa de los beneficiados.

Las lecturas rivales del hecho merecen enumerarse. Una interpretación progresista diría que el rechazo económico es legítimo porque el ajuste empobrece a las mayorías para beneficiar a los sectores concentrados. Otra lectura, más pragmática, argumentaría que la ventaja electoral refleja habilidad comunicacional del gobierno para sostener una narrativa de cambio estructural. Descarto la lectura progresista porque invierte la causalidad: el empobrecimiento previo al ajuste fue resultado del déficit financiado con emisión, no del ajuste mismo. El ajuste cierra el grifo del gasto parasitario; el empobrecimiento fue el costo acumulado de mantenerlo abierto durante décadas. Descarto la lectura comunicacional porque reduce el fenómeno a retórica: la ventaja electoral existe mientras la oposición no ofrezca un plan alternativo con costos explícitos, no porque el gobierno hable bonito.

Quién gana y quién pierde

Ganan, en el corto plazo, los sectores que dependen menos del gasto estatal: contribuyentes netos que ya no financian el déficit vía inflación, ahorristas que recuperan incentivo a diferir consumo, inversores que vuelven a calcular rentabilidades sin riesgo confiscatorio. Gana también el oficialismo en términos electorales inmediatos, aprovechando la debilidad de la oposición para sostener una coalición basada en la promesa de estabilidad futura.

Pierden los sectores que vivían directa o indirectamente del gasto estatal: empleados públicos cuyo salario real cae, contratistas cuyas licitaciones se cancelan, provincias que reciben menos transferencias, sectores subsidiados que pierden privilegios. Pierden también los ciudadanos cuya situación económica personal empeoró durante la transición y que aún no perciben los beneficios prometidos del ajuste. Y pierde la estabilidad política del propio gobierno si el horizonte temporal se extiende demasiado: Rothbard advierte que las coaliciones inestables colapsan cuando el costo pagado no se traduce en beneficio visible. Si el ajuste se prolonga sin mejoras tangibles—caída sostenida de inflación, recuperación salarial, aumento del empleo privado—la ventaja electoral se evapora y el rechazo económico se traduce en derrota política.

El dato crítico es el plazo: ¿cuánto tiempo puede sostener un gobierno respaldo electoral con rechazo económico? La respuesta depende de la velocidad con que aparezcan las señales de precio honestas que Hayek describe: inflación convergiendo a un dígito, inversión productiva reemplazando gasto estatal, salarios reales recuperándose sobre base de productividad y no de emisión. Si esas señales tardan más que el ciclo electoral, la apuesta intertemporal fracasa. Los contribuyentes que financian el ajuste y los votantes que lo toleran esperan una compensación visible, y la esperan pronto.