Milei ante la ONU reclama Malvinas y rechaza regulación de IA

La agenda

El presidente Javier Milei disertará ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, donde presentará un discurso centrado en tres ejes: la reivindicación de soberanía sobre las Islas Malvinas, una crítica al funcionamiento de los organismos multilaterales y un pedido explícito para que no se regule la inteligencia artificial, según confirmaron fuentes de la Casa Rosada. La presentación se inscribe en la estrategia de política exterior del gobierno, que busca posicionar a Argentina como un actor crítico de la agenda globalista y defensor de la libertad económica en sectores tecnológicos emergentes.

El discurso incluirá un cuestionamiento al rol de Naciones Unidas y otros organismos internacionales, criticando su expansión normativa y su alejamiento de los principios fundacionales. En materia tecnológica, el mandatario argumentará que la regulación de IA desde organismos supranacionales representa una amenaza a la innovación y al desarrollo de mercados competitivos, replicando la postura libertaria que mantiene en política económica doméstica. La presentación tendrá lugar durante la semana de alto nivel de la Asamblea, espacio tradicionalmente utilizado por los mandatarios para definir posiciones en temas de agenda internacional.

El análisis liberal

La crítica de Milei a los organismos multilaterales se inscribe en una tradición liberal que arranca en Hayek y se consolida en public choice. Hayek en El uso del conocimiento en la sociedad (1945) establece que el problema económico fundamental es la dispersión del conocimiento: ninguna autoridad central puede reunir la información necesaria para coordinar eficientemente decisiones que dependen de circunstancias locales, temporales y particulares. Esa lógica, originalmente aplicada a la planificación económica doméstica, se agrava exponencialmente cuando la autoridad regulatoria se aleja del territorio donde operan los agentes que pretende gobernar.

Buchanan y Tullock en El cálculo del consenso (1962, cap. 11) muestran que las decisiones colectivas generan costos de dos tipos: costos de decisión y costos externos. A medida que el ámbito de decisión se amplía —de local a nacional, de nacional a supranacional— los costos de decisión crecen geométricamente mientras la capacidad de salida del individuo disconforme se reduce hasta anularse. Un contribuyente argentino puede disciplinar al intendente municipal con el voto o la mudanza; no puede disciplinar al burócrata de Ginebra que redacta el borrador de un tratado sobre IA. La distancia entre regulador y regulado no solo erosiona la información disponible para la norma; también destruye el mecanismo de rendición de cuentas.

Rothbard en Poder y mercado (1970, cap. 3) distingue entre restricciones autárquicas —impuestas por el propio gobierno a su población— y restricciones interventivas supranacionales, donde un tercer actor (el organismo multilateral) media entre gobierno y ciudadano. La segunda modalidad añade una capa de opacidad burocrática que debilita aún más el control democrático. Cuando Argentina firma un protocolo de la ONU sobre regulación tecnológica, el ciudadano que paga el costo de la restricción no puede siquiera identificar al funcionario que la redactó, ni acceder al expediente de lobby que precedió la norma, ni votar en contra del redactor. El moral hazard del regulador supranacional es estructural: cosecha prestigio entre pares sin asumir costos políticos locales.

En materia de inteligencia artificial, la posición de Milei replica el argumento clásico contra la regulación anticipada de tecnologías emergentes. Knight en Riesgo, incertidumbre y beneficio (1921, Parte III, cap. VII) diferencia riesgo —eventos cuya distribución de probabilidad es conocida— de incertidumbre genuina —eventos sin precedente, cuyas consecuencias no pueden modelarse estadísticamente—. La IA está en la segunda categoría: no sabemos qué usos, modelos de negocio o riesgos dominará el sector en cinco años. Regular bajo incertidumbre genuina significa congelar el experimento de mercado justo cuando más información necesitamos generar. Mises en La acción humana (1949, cap. XV, sec. 8) advierte que la intervención estatal en mercados dinámicos no “corrige fallas” sino que sustituye el ensayo y error del emprendedor —que arriesga su capital— por el ensayo y error del burócrata, que arriesga capital ajeno sin asumir pérdidas.

El reclamo por Malvinas, en tanto, responde a una lógica distinta: la reivindicación de soberanía territorial no admite transacción de mercado y pertenece al ámbito irreductible del Estado westfaliano. Smith en La riqueza de las naciones (1776, Libro V, cap. 1) reconoce como función legítima del soberano la defensa contra invasión exterior y la administración de justicia; el reclamo territorial cae en ese perímetro mínimo. La tensión aparece cuando el mismo discurso critica a la ONU como instancia regulatoria pero la usa como tribuna de reclamo soberano: eso delata la ambigüedad del organismo, que oscila entre foro diplomático (útil para legitimidad internacional) y productor de regulación supranacional (dañino para la libertad económica).

Las lecturas rivales del discurso merecen enumerarse. Una interpretación internacionalista diría que la cooperación multilateral es indispensable para bienes públicos globales como la seguridad climática o la contención de riesgos tecnológicos sistémicos. Otra lectura argumentaría que la regulación temprana de IA es precautoria: mejor prevenir abusos de monopolios tecnológicos que esperar a que sea tarde. Descarto la lectura internacionalista porque confunde el beneficio de un foro de diálogo —que nadie cuestiona— con la legitimidad de ese foro para imponer regulaciones vinculantes sin consentimiento explícito de los ciudadanos afectados. Descarto la lectura precautoria porque invierte la carga de la prueba: en un mercado libre, quien alega daño debe demostrarlo; bajo el principio precautorio estatista, quien innova debe demostrar ausencia de daño futuro, estándar imposible bajo incertidumbre genuina y que paraliza la experimentación empresarial.

Stigler en La teoría de la regulación económica (1971) mostró que la regulación suele ser capturada por los incumbentes del sector regulado, que usan la norma para cerrar el mercado a competidores. En IA, los actores con más recursos para influir en Ginebra o Bruselas son precisamente las big tech que ya dominan el sector: Google, Microsoft, Meta. Una regulación supranacional “contra los abusos de la IA” terminará siendo una regulación redactada por quienes más tienen que ganar con barreras de entrada altas para startups y competidores emergentes. El discurso de Milei, en ese sentido, no defiende a las corporaciones tecnológicas sino el derecho de cualquier emprendedor a competir sin pedir permiso previo a un comité de Ginebra.

Quién gana y quién pierde

Ganan, en el corto plazo, los sectores tecnológicos que operan o planean operar en Argentina sin marco regulatorio anticipado que encarezca la experimentación. Ganan los Estados que ven en la posición argentina un precedente para resistir la expansión normativa de organismos multilaterales en áreas donde la legitimidad democrática del regulador es cuestionable. Y gana la propia administración Milei en términos de coherencia ideológica: el discurso confirma una línea libertaria que no hace concesiones al consenso progresista de Davos, Bruselas o la propia ONU.

Pierden los funcionarios de organismos multilaterales cuya autoridad regulatoria se ve cuestionada públicamente desde un estrado de alto perfil. Pierden los lobbistas de incumbentes tecnológicos que buscaban usar la regulación supranacional como barrera de entrada contra competidores de países periféricos. Y pierden los sectores de la política exterior argentina tradicional, acostumbrados a un discurso diplomático de bajo perfil y alta convergencia con las agendas globales, que ahora ven al país posicionado en el ala disidente del sistema multilateral, con los costos reputacionales que eso implica en ciertos foros pero con los beneficios de señalización ideológica que el gobierno busca consolidar.