Di Liscia asume Discapacidad y el Estado redefine beneficios vigentes

La agenda

El gobierno nacional designó a Pablo Di Liscia como nuevo Secretario de Discapacidad en reemplazo de Diego Vilches, quien dejó el cargo tras meses de tensiones internas por el rumbo de las políticas sociales del área. Di Liscia, abogado y dirigente político vinculado al oficialismo, asume en medio de un debate parlamentario sobre la sostenibilidad de los beneficios vigentes para personas con discapacidad.

Simultáneamente, La Libertad Avanza presentó ante bloques dialoguistas un dictamen que redefine qué prestaciones mantiene el Estado, recortando programas que considera redundantes o ineficientes. El texto preserva asignaciones monetarias directas como la pensión no contributiva por invalidez y los subsidios de transporte, pero elimina intermediarios estatales en la provisión de servicios de rehabilitación y ajusta criterios de acceso a certificados de discapacidad, según informaron fuentes parlamentarias al Cronista. El cambio de gestión coincide con la discusión del proyecto de ley que busca reformular el marco normativo del sector, generando resistencia en organizaciones sociales y sindicatos vinculados a centros de día y talleres protegidos financiados con fondos públicos.

El análisis liberal

La reorganización de una secretaría estatal es, en sí misma, un acto administrativo intrascendente para el análisis económico. Lo relevante no es quién ocupa el cargo sino qué conjunto de incentivos enfrenta esa persona al asumir, qué restricciones presupuestarias halla y qué mecanismos de rendición de cuentas operan sobre su gestión. Buchanan y Tullock en El cálculo del consenso (1962, cap. 10) muestran que los funcionarios públicos maximizan objetivos propios bajo restricciones políticas, no preferencias sociales abstractas. El designado hereda un presupuesto que otros definieron, una estructura burocrática consolidada y una coalición de grupos de interés que ejercen presión asimétrica sobre cada decisión.

El punto sustantivo es el recorte de programas anunciado en el dictamen parlamentario. Mises en La acción humana (1949, cap. XXVII) explica que toda intervención estatal distorsiona la estructura de precios relativos y altera la asignación de recursos. Cuando el Estado financia centros de día, talleres protegidos e intermediarios de rehabilitación con fondos confiscados al contribuyente, no está prestando un servicio neutro: está subsidiando proveedores específicos, desplazando alternativas privadas y creando incentivos para que esos proveedores capturen al regulador en lugar de competir por mejorar la calidad del servicio ofrecido.

Stigler en La teoría de la regulación económica (1971) formaliza el concepto de captura: las regulaciones terminan diseñadas para beneficiar a los regulados concentrados, no a los beneficiarios dispersos. En el caso de discapacidad, los talleres protegidos y centros de día operan bajo regulaciones que limitan la entrada de competidores y garantizan flujos de financiamiento estatal. Los usuarios de esos servicios carecen de poder de salida genuino porque el proveedor está fijado administrativamente, no elegido en un mercado. El resultado previsible es ineficiencia creciente, costos inflados y captura sindical del esquema.

La eliminación de intermediarios estatales y la redefinición de criterios de acceso apuntan a reducir esa captura, pero introducen un riesgo distinto. Hayek en El uso del conocimiento en la sociedad (1945) advierte que ningún planificador central puede conocer las circunstancias particulares de tiempo y lugar que determinan qué servicio necesita cada persona. El problema de discapacidad es un problema de conocimiento disperso: cada caso es distinto, cada familia enfrenta restricciones específicas y cada proveedor tiene información local sobre costos y disponibilidad. Centralizar las decisiones de acceso en un certificado estatal uniforme es desconocer esa dispersión, y el ajuste de criterios puede convertirse en un recorte administrativo arbitrario si no media un mecanismo de señalización de preferencias reales.

El mecanismo que el mercado ofrece para resolver ese problema es simple: transferir el ingreso directamente al beneficiario y permitirle elegir proveedor. La teoría económica demuestra que los subsidios en especie son siempre menos eficientes que las transferencias monetarias porque obligan al beneficiario a consumir lo que el burócrata decidió en su lugar. Si la pensión no contributiva se mantiene pero el beneficiario puede elegir entre centros de día privados, cooperativas autogestionadas o servicios domiciliarios de mercado, el proveedor ineficiente pierde clientes y el eficiente crece. El subsidio sigue siendo una transferencia coactiva del contribuyente al beneficiario, pero al menos la segunda etapa de esa cadena opera bajo competencia.

Ahora bien, la lectura rival merece explicitarse. Una interpretación progresista sostendría que la inclusión de personas con discapacidad requiere inversión estatal sostenida porque el mercado no provee servicios accesibles de forma espontánea. Esa lectura comete dos errores. Primero, confunde ausencia de oferta con ausencia de demanda efectiva. Si hay demanda real y solvente, el mercado responde: el problema no es que el mercado no provea, sino que los beneficiarios carecen de poder adquisitivo, lo cual se resuelve con transferencias monetarias, no con estructuras burocráticas. Segundo, asume que el Estado tiene mejor información que el mercado sobre qué servicios necesita cada persona, ignorando el argumento hayekiano sobre conocimiento disperso.

Otra lectura, asistencialista, argumentaría que las personas con discapacidad están en situación de vulnerabilidad y que el mercado las excluye sistemáticamente. Esa lectura es empíricamente falsa en la forma absoluta en que se presenta. Rothbard en Poder y mercado (1970, cap. 3) muestra que el empresario que discrimina contra un grupo productivo sacrifica beneficios y es castigado por el mercado: un competidor que no discrimine puede contratar trabajadores valiosos a menor costo y desplazarlo. La discriminación persistente solo es rentable bajo privilegios estatales que protejan al discriminador de la competencia.

Quién gana y quién pierde

Ganan, en el corto plazo, los proveedores privados y cooperativas que compiten por ofrecer servicios de rehabilitación, transporte adaptado y asistencia domiciliaria sin depender de contratos estatales fijos. Si el beneficiario puede elegir proveedor con el subsidio en mano, los que ofrecen mejor relación precio-calidad capturan demanda y expanden operaciones. Ganan también los contribuyentes que financiaban estructuras burocráticas intermedias sin capacidad de auditar su eficiencia, pues el recorte de programas redundantes reduce la carga fiscal potencial de mediano plazo.

Pierden los operadores de centros de día y talleres protegidos que sobrevivían exclusivamente de contratos con el Estado, sin someterse a la disciplina de satisfacer preferencias de usuarios libres de cambiar de proveedor. Esos operadores eran, en muchos casos, sindicatos del sector público disfrazados de organizaciones sociales, capturando rentas regulatorias. Pierden también los burócratas de la Secretaría cuyas posiciones dependían de administrar programas eliminados.

Pierde, en el largo plazo, el conjunto del sistema productivo si el ajuste no se traduce en reducción efectiva del gasto público y del déficit fiscal. Buchanan y Wagner en Democracia en déficit (1977, cap. 4) explican que los recortes nominales de programas no generan ahorro fiscal genuino si el gobierno mantiene déficit estructural, porque el déficit es deuda futura y la deuda es impuesto diferido. Si el ahorro del recorte se desvía a otra partida clientelar, el contribuyente sigue pagando la misma carga en valor presente.