Corredor Andes-Atlántico — USD 7.000 millones sin garantía estatal ni expropiación futura

La agenda

El gobierno argentino y Estados Unidos anunciaron un acuerdo de inversión por USD 7.000 millones destinado al proyecto del Corredor Andes-Atlántico, que busca conectar Vaca Muerta y los yacimientos de litio del norte argentino con puertos del Atlántico mediante infraestructura ferroviaria, portuaria y energética. La iniciativa forma parte de una estrategia bilateral ampliada que incluye diez ejes de cooperación en sectores estratégicos como minería de minerales críticos, hidrocarburos no convencionales, logística de exportación y financiamiento de infraestructura.

El acuerdo prevé que el capital privado estadounidense, acompañado por garantías del Export-Import Bank de Estados Unidos y respaldos de organismos multilaterales, financie obras que el Estado argentino no ejecutará directamente. La inversión se concentrará en mejoras en el Ferrocarril Belgrano Cargas, ampliación de puertos como Bahía Blanca y Rosario, y desarrollo de infraestructura energética para sostener la extracción y exportación de gas y litio. Funcionarios de ambos gobiernos declararon que el objetivo es reducir la dependencia de Argentina de socios comerciales extra-hemisféricos y consolidar un flujo de exportación energética y minera hacia mercados occidentales.

El análisis liberal

El corredor Andes-Atlántico es una apuesta a que el Estado argentino mantendrá reglas estables durante el tiempo que el capital invertido tarde en recuperarse. Esa apuesta no es trivial: Argentina tiene un historial documentado de expropiaciones, controles de cambio, retenciones confiscatorias y rupturas unilaterales de contratos. Coase en El problema del costo social (1960) explica que la asignación eficiente de recursos ocurre cuando los derechos de propiedad están claramente definidos y protegidos; aquí, el inversor estadounidense está comprando la promesa de que esos derechos no se revocarán a mitad de camino. El precio de esa promesa es el riesgo país, y ese riesgo sigue siendo alto porque el historial pesa más que las declaraciones.

El mecanismo por el cual este acuerdo podría funcionar no es la generosidad estadounidense ni el compromiso argentino con el libre mercado, sino el alineamiento de intereses geopolíticos. Estados Unidos necesita minerales críticos y gas fuera de la órbita china; Argentina necesita divisas y financiamiento que no pase por el FMI. Stigler en La teoría de la regulación económica (1971) muestra que las regulaciones tienden a beneficiar a los grupos concentrados con capacidad de lobby; aquí, el grupo concentrado es el complejo industrial estadounidense vinculado a defensa, energía y tecnología, que presiona por asegurar cadenas de suministro alternativas a China. El interés argentino es secundario en esa ecuación: el acuerdo se sostiene mientras sirva a Washington, no mientras beneficie a Buenos Aires.

El riesgo principal no es técnico sino político: que un gobierno futuro declare el acuerdo “leonino”, imponga retenciones extraordinarias al litio o al gas, o nacionalice algún tramo de la cadena logística bajo el argumento de soberanía estratégica. Hayek en Los fundamentos de la libertad (1960, cap. 15) advierte que la planificación estatal de sectores enteros de la economía genera dependencia política de esos sectores respecto del gobierno, lo que a su vez otorga al gobierno poder de chantaje sobre el inversor. Si el Estado argentino conserva facultades regulatorias discrecionales sobre tarifas ferroviarias, cánones portuarios o precios de exportación, el inversor privado queda expuesto a captura ex post: el gobierno puede dejar que el privado invierta, esperar a que el activo esté construido y hundido, y luego ajustar las reglas para apropiarse de la renta. Eso no es paranoia; es lo que ocurrió con YPF, con las AFJP, con Aerolíneas, con el correo y con decenas de concesiones de servicios públicos.

Buchanan y Tullock en El cálculo del consenso (1962, cap. 6) explican que las decisiones colectivas tienden a maximizar el beneficio de coaliciones mayoritarias a costa de minorías dispersas. El inversor extranjero es, por definición, una minoría sin voto: no elige legisladores, no presiona en el Congreso, no controla gobernaciones. Su única protección es el tratado bilateral de inversiones y la amenaza creíble de que romper el acuerdo implica quedar fuera del mercado de capitales estadounidense. Esa amenaza es efectiva solo si Estados Unidos está dispuesto a ejecutarla, y eso depende de cuánto valore Washington el suministro de litio argentino en ese momento futuro. Si surge una alternativa más barata o políticamente más confiable, el respaldo estadounidense se evapora.

Ahora bien, las lecturas rivales del hecho merecen enumerarse. Una interpretación desarrollista diría que el acuerdo demuestra que el Estado puede atraer capital sin ceder soberanía, porque las obras quedan en territorio nacional. Otra lectura, nacionalista, sostendría que cualquier inversión extranjera de esta magnitud implica subordinación estratégica y que el país debería financiar la infraestructura con ahorro interno. Descarto la lectura desarrollista porque confunde propiedad formal con control real: si el Estado retiene la facultad de cambiar las reglas unilateralmente, el activo es del inversor solo mientras el Estado lo permita, no porque la ley lo proteja. Descarto la lectura nacionalista porque asume que existe un ahorro interno disponible y no cooptado por el gasto corriente: Argentina lleva décadas sin ahorro neto agregado; la inversión pública se financia con deuda o emisión, no con superávit fiscal genuino.

Mises en La acción humana (1949, cap. XV) señala que el capital no es un fondo homogéneo sino una estructura heterogénea de bienes de producción de distinto orden, y que esa estructura refleja planes intertemporales de empresarios que arriesgan recursos propios esperando recuperarlos con ganancia. Romper esa expectativa no solo destruye el capital ya invertido; también destruye la capacidad futura de atraer capital nuevo. El corredor Andes-Atlántico será viable en la medida en que el gobierno argentino resista la tentación de expropiar rentas una vez que el capital esté hundido. Esa resistencia no surge de convicciones ideológicas sino de instituciones que atan las manos del gobierno: tratados internacionales con cláusulas de arbitraje vinculante, garantías multilaterales que implican sanciones automáticas ante incumplimiento, y reglas fiscales que impidan al Congreso votar retenciones ad hoc cuando el precio internacional del litio suba.

Quién gana y quién pierde

Ganan, en el corto plazo, las provincias productoras —Neuquén, Salta, Jujuy, Catamarca— que recibirán regalías por la extracción de gas y litio sin haber financiado la infraestructura de exportación. Ganan las empresas estadounidenses que construirán y operarán tramos del corredor, capturando rentas garantizadas por el Export-Import Bank. Gana el gobierno nacional si logra mostrar inversión récord sin haber endeudado al Tesoro directamente, mejorando su narrativa de gestión ante el electorado.

Pierden los contribuyentes argentinos si el acuerdo termina subsidiando implícitamente al inversor mediante exenciones impositivas, tarifas reguladas por debajo del costo o garantías estatales de rentabilidad mínima que, en caso de activarse, recaen sobre el presupuesto. Pierden los sectores exportadores no vinculados al corredor —agro, industria manufacturera— si la infraestructura construida prioriza el flujo de hidrocarburos y minerales hacia puertos específicos en detrimento de la red logística general. Y pierde el conjunto de la economía si el próximo gobierno revoca el acuerdo, destruyendo reputación y cerrando el acceso futuro a financiamiento privado externo por una generación entera.