Pobreza al 31% y el límite fiscal de las promesas de mejora

La agenda

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publica hoy el índice de pobreza correspondiente al tercer trimestre de 2026, y las proyecciones anticipan que la cifra se ubicaría cerca del 31%, según adelantó Minuto Uno. La medición confirmaría un nuevo incremento respecto de trimestres anteriores, consolidando una tendencia ascendente en los niveles de vulnerabilidad social que atraviesa el país.

Pese al dato en alza, fuentes gubernamentales manifestaron a Ámbito que esperan una mejora hacia el cierre del año, argumentando que la estabilización macroeconómica y la recuperación gradual de salarios reales en los últimos meses se trasladarían a los indicadores sociales en el cuarto trimestre. La administración sostiene que las políticas de equilibrio fiscal implementadas desde diciembre de 2023 están sentando las bases para un crecimiento sostenible que, con el tiempo, revertiría los niveles actuales de pobreza.

La contradicción entre el dato reportado y la proyección oficial plantea una pregunta central para el análisis económico: ¿puede el Estado revertir con programas asistenciales un aumento de pobreza que está enraizado en la contracción de la actividad económica y el ajuste del gasto público? O, en términos más estructurales: ¿es la pobreza un problema que el gobierno resuelve gastando más, o es la consecuencia visible de haber gastado mal durante años?

El análisis liberal

Un aumento en el índice de pobreza refleja, en primer lugar, que la línea de ingresos monetarios de una proporción creciente de hogares cayó por debajo del umbral de referencia que define la canasta básica total. Esa caída puede deberse a desempleo, subempleo, pérdida de poder adquisitivo salarial o colapso de transferencias estatales. Lo que la cifra no dice es si esos hogares empobrecidos lo están por primera vez o si ya vivían de ingresos artificialmente sostenidos por subsidios que el fisco no podía financiar sin destruir el sistema monetario.

Mises en La acción humana (1949, cap. XVII, sec. 9) establece que la expansión monetaria para financiar gasto público por encima de la recaudación genuina no crea riqueza: la redistribuye forzosamente desde los tenedores de saldos monetarios hacia los beneficiarios del gasto. Cuando esa expansión se detiene —porque la inflación hace insostenible continuar o porque el acceso al crédito se agotó—, los ingresos nominales que dependían de esa expansión se derrumban, y la pobreza medida en términos monetarios sube. Pero esa suba no es el efecto del ajuste: es la revelación de que el ingreso previo era ficticio, sostenido por un mecanismo que estaba destruyendo el ahorro y la inversión del sector privado.

Hayek en Precios y producción (1931) explica que la expansión crediticia artificial genera una estructura de producción insostenible, en la que factores —trabajo incluido— se asignan a actividades que no responden a preferencias reales de consumo e inversión, sino a señales distorsionadas por el dinero fácil. Cuando el crédito se contrae, esa mala asignación se revierte: empleos que parecían productivos desaparecen, y salarios que parecían sostenibles caen. El ajuste es doloroso, pero no es opcional: la alternativa es seguir destruyendo capital hasta que el sistema colapse por completo.

Buchanan y Wagner en Democracia en déficit (1977, cap. 2) muestran que el Estado enfrenta un sesgo sistemático hacia el gasto sin cobertura fiscal: los beneficios de programas asistenciales son visibles y concentrados, mientras que los costos —inflación, deuda pública, destrucción de capacidad productiva— están dispersos y diferidos en el tiempo. Los políticos cosechan rédito inmediato del gasto; las consecuencias las paga otra administración. Por eso la promesa gubernamental de mejora hacia fin de año debe leerse con cautela: ¿qué margen fiscal real tiene el Estado para asistir a ese umbral creciente de pobreza sin reiniciar el ciclo de emisión y endeudamiento que condujo al problema actual?

Bastiat en Lo que se ve y lo que no se ve (1850) advierte contra la ilusión fiscal: vemos al beneficiario del subsidio estatal que puede comprar la canasta básica; no vemos al trabajador del sector privado cuyo salario real se licuó porque el gasto público desplazó inversión, ni al emprendimiento que no arrancó porque el capital se desvió a financiar transferencias. La pobreza monetaria que mide el INDEC es un síntoma; la causa es la destrucción de capacidad productiva acumulada durante años de gasto público financiado con emisión, endeudamiento y expoliación tributaria.

La lectura rival más recurrente sostiene que el ajuste fiscal fue “demasiado rápido” y que la pobreza habría subido menos si el Estado hubiera mantenido los subsidios y las transferencias. Esa lectura asume que el Estado tenía margen para seguir financiando esos programas sin colapsar el sistema monetario, lo cual contradice el dato de inflación acumulada y prima de riesgo país que el gobierno anterior enfrentó en sus últimos meses. Otra lectura argumenta que el aumento de pobreza es transitorio y que la estabilización macroeconómica permitirá una recuperación genuina. Esa segunda lectura es compatible con la interpretación liberal, pero requiere cumplir una condición que el gobierno aún no demostró: que el equilibrio fiscal sea genuino y sostenible, no un paréntesis antes de volver al gasto desfinanciado.

Descarto la primera lectura porque ignora la restricción presupuestaria intertemporal: un Estado que gasta más de lo que recauda sin acceso a crédito voluntario solo puede financiarse con emisión, y la emisión destruye el poder adquisitivo de los salarios que pretende sostener. La alternativa no era ajustar más despacio; era colapsar más tarde. Descarto parcialmente la segunda lectura porque la mejora proyectada hacia fin de año depende de que el sector privado recupere capacidad de generar empleo e ingresos genuinos, y eso requiere tiempo, ahorro acumulado y ausencia de nuevas intervenciones que distorsionen la asignación de recursos. No es automático ni está garantizado.

Quién gana y quién pierde

Ganan, en términos políticos inmediatos, quienes sostienen que el ajuste fiscal fue innecesario o mal calibrado: el dato de pobreza al alza les da un argumento estadístico visible y moralmente potente. Ganan también los lobbies sindicales y sectoriales que presionan por la recomposición de transferencias estatales, pues el número alto justifica sus reclamos ante la opinión pública.

Pierden los hogares que efectivamente cayeron bajo la línea de pobreza, cuyo ingreso real se contrajo por la combinación de inflación acumulada, desempleo y pérdida de subsidios. Pierden también los contribuyentes del sector privado formal, que enfrentan una presión tributaria sostenida para financiar cualquier expansión asistencial que el gobierno intente implementar hacia el cierre del año. Y pierde el conjunto del sistema productivo si el dato de pobreza en alza se instrumentaliza para justificar un retorno al gasto desfinanciado: eso reiniciaría el ciclo de distorsión, mal inversión y destrucción de capital que condujo a la crisis actual.

El umbral elevado de vulnerabilidad social es un costo real y medible del ajuste, pero también es la consecuencia inevitable de haber sostenido durante años una estructura de gasto público que no generaba riqueza sino que la redistribuía forzosamente mientras destruía las bases productivas del sistema. La promesa gubernamental de mejora hacia fin de año solo será creíble si el equilibrio fiscal se sostiene sin recurrir a emisión ni endeudamiento compulsivo, y si el sector privado recupera margen para invertir y contratar. Eso toma tiempo, y el tiempo es el recurso más escaso en una democracia con ciclo electoral corto y presión redistributiva permanente.