Pobreza al 32,3% — deterioro salarial, desempleo y el costo del ajuste

La agenda

El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que la pobreza en Argentina alcanzó el 32,3% en el primer semestre de 2026, afectando a cerca de 15,5 millones de personas. El incremento respecto del semestre anterior refleja un deterioro sostenido del ingreso real de los hogares, según el informe oficial publicado esta semana.

La medición oficial captura el porcentaje de población cuyos ingresos no cubren el valor de la Canasta Básica Total, que incluye alimentos, vestimenta, transporte, educación y vivienda. El dato marca un punto de inflexión en la trayectoria socioeconómica del país y genera debate entre especialistas sobre sus causas estructurales. Economistas consultados calificaron la cifra como “preocupante y dolorosa”, advirtiendo sobre el impacto concentrado en trabajadores informales y jubilados con ingresos fijos.

El análisis liberal

La pobreza medida por ingresos monetarios es el resultado observable de una cadena causal que comienza mucho antes. Mises en La acción humana (1949, cap. XVII, sec. 10) explica que la inflación no es un fenómeno monetario aislado sino la consecuencia directa de la expansión del crédito y del gasto público financiado con emisión. Cuando el Estado gasta más de lo que recauda, la diferencia se cubre imprimiendo dinero o colocando deuda interna que los bancos monetizan. Esa expansión artificial del medio de pago diluye el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones: el trabajador recibe nominalmente la misma cantidad de pesos, pero esos pesos compran cada vez menos unidades de la canasta básica.

La subida de la pobreza refleja entonces el ajuste retrasado de un desequilibrio previo. Hayek en Precios y producción (1931, lección III) muestra que la expansión crediticia artificial genera una estructura productiva insostenible: inversiones que parecen rentables cuando el crédito es barato pero que no pueden mantenerse cuando la inflación obliga a subir las tasas o a recortar el gasto. El ajuste posterior —el aumento del desempleo, la caída del salario real, el cierre de comercios— es la corrección inevitable de esa mala asignación previa. No es el ajuste el que causa la pobreza; es la expansión artificial la que sembró las semillas del empobrecimiento futuro.

Ahora bien, las explicaciones rivales del fenómeno merecen enumerarse antes de llegar a una conclusión. Una lectura keynesiana argumentaría que la pobreza aumentó porque cayó la demanda agregada y que la solución es expandir el gasto público para reactivar el consumo. Otra interpretación, de raíz estructuralista, atribuiría el deterioro a factores externos como la caída de los términos de intercambio o a rigideces institucionales heredadas. Una tercera posición, de corte populista, culparía directamente al programa de estabilización y reclamaría la vuelta a subsidios masivos y controles de precios.

Descarto la lectura keynesiana porque invierte la causalidad: no es la caída del consumo lo que generó la crisis, sino la inflación previa —producto del déficit— lo que destruyó el ingreso real y forzó la contracción. Inyectar más gasto financiado con emisión prolongaría el ciclo en vez de cerrarlo. Descarto la explicación estructuralista porque los términos de intercambio no explican por qué otros países de la región con shocks similares no registran niveles de pobreza equivalentes; la variable crítica es la política monetaria y fiscal doméstica. Y descarto la propuesta populista porque los controles de precios y los subsidios generalizados no aumentan la producción real de bienes: solo redistribuyen escasez y perpetúan el déficit que alimenta la inflación.

Rothbard en ¿Qué le ha hecho el gobierno a nuestro dinero? (1963, cap. 4) señala que la inflación es un impuesto regresivo: afecta primero y más duramente a quienes viven de ingresos fijos o perciben sus salarios con rezago respecto del aumento de precios. Los trabajadores formales con paritarias negocian ajustes semestrales que llegan tarde; los informales y los jubilados carecen de ese mecanismo y ven evaporarse su poder de compra sin compensación. El umbral de pobreza sube porque la canasta básica refleja el precio real de los bienes, mientras que los ingresos nominales corren por detrás.

Buchanan y Wagner en Democracia en déficit (1977, cap. 2) explican por qué los gobiernos tienden a posponer el ajuste fiscal: los beneficios del gasto se concentran en grupos visibles y ruidosos, mientras que los costos de la inflación y la crisis posterior se dispersan en el tiempo y entre millones de personas. El político que gasta hoy cosecha votos; el que ajusta mañana carga con la factura. Esa asimetría de incentivos explica por qué el déficit se acumula hasta que la crisis lo vuelve insostenible y obliga a un ajuste abrupto, con todo su costo social visible de golpe.

Hazlitt en La economía en una lección (1946, cap. VII) insiste en que toda política pública debe evaluarse no solo por sus efectos inmediatos sobre un grupo, sino por sus consecuencias de largo plazo sobre el conjunto. La asistencia social financiada con déficit puede aliviar la pobreza medida hoy, pero si perpetúa el desequilibrio fiscal que alimenta la inflación, terminará empobreciendo aún más a la misma población que pretendía ayudar. Lo que se ve es el subsidio que llega; lo que no se ve es la destrucción del ahorro, la fuga de inversiones y la pérdida de empleos formales que el déficit crónico provoca.

La corrección del desequilibrio monetario y fiscal requiere dos movimientos simultáneos: contener la expansión del gasto para cerrar el déficit y permitir que los precios relativos se ajusten libremente para que la estructura productiva converja hacia la demanda real. Mises en La teoría del dinero y del crédito (1912, parte III, cap. 8) advierte que posponer ese ajuste solo acumula distorsiones mayores: cuanto más tarde se corrija la expansión artificial, más violenta será la contracción posterior.

Quién gana y quién pierde

Ganan, si cabe hablar de ganadores en una crisis, quienes tienen activos dolarizados o indexados: propietarios de inmuebles en moneda dura, tenedores de bonos ajustables, empresas exportadoras que facturan en divisas. Su patrimonio resiste la licuación del peso. También ganan, en términos relativos, quienes lograron negociar paritarias vinculadas a la inflación en sectores concentrados con poder de lobby: sindicatos pronunciado del transporte, la energía o el sector público mantienen cierto margen de defensa.

Pierden los trabajadores informales sin mecanismo de ajuste salarial automático, los jubilados con haberes fijos que se actualizan con rezago, los pequeños comerciantes con inventarios en pesos que se licúan antes de venderlos, y los asalariados formales cuyas paritarias cierran varios puntos por debajo de la inflación acumulada. Pierden también los ahorristas que mantuvieron plazo fijo en pesos: vieron su capital derretirse en términos reales mientras las tasas nominales corrían por detrás del índice de precios.

Pierde, en última instancia, el conjunto del tejido productivo. La incertidumbre sobre la trayectoria futura del tipo de cambio y de la inflación paraliza decisiones de inversión de largo plazo. Las empresas postergan la compra de bienes de capital, reducen plantillas o migran a una lógica de supervivencia de corto plazo. Esa parálisis consolida el estancamiento: sin inversión nueva, no hay aumento de la productividad; sin productividad, no hay aumento sostenido del salario real; sin salario real creciente, la pobreza persiste aunque la inflación se estabilice.