La actividad cae en julio y el dilema vuelve — ajuste fiscal o incentivos estatales

La agenda

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de julio mostró un derrumbe que enciende alarmas de recesión y abre la discusión sobre incentivos económicos, según informó Ámbito. La contracción mensual refuerza la tendencia de contracción interanual que el sector privado viene registrando desde el inicio del ajuste fiscal. El dato llega en un contexto en que el consumo muestra cifras en rojo en casi todos los rubros durante agosto, con la excepción de un único sector que registró suba, según relevó Cronista.

El derrumbe de la actividad ocurre en simultáneo con la contracción del gasto público que el gobierno ejecuta desde diciembre. La caída en el consumo privado refleja el ajuste de expectativas de ingreso de los hogares y la reducción del crédito disponible para financiar compras. El debate político se encendió inmediatamente: sectores empresariales y de la oposición reclaman incentivos económicos y medidas de reactivación, mientras el gobierno sostiene que la profundización del ajuste es condición necesaria para la recuperación sostenible.

El análisis liberal

La caída de la actividad económica no es un dato aislado ni un accidente de la política fiscal. Es la consecuencia esperada de corregir un desequilibrio estructural que se financiaba con emisión monetaria y endeudamiento insostenible. Hayek en Precios y producción (1931, cap. IV) explica que toda expansión artificial del crédito genera una estructura de capital insostenible: se inician proyectos que solo son rentables mientras el Estado sigue inyectando recursos ajenos. Cuando el flujo de crédito artificial se detiene, esos proyectos deben ajustar o liquidarse. No hay reactivación genuina sin atravesar ese ajuste.

El reclamo de incentivos estatales para reactivar la economía confunde causa con efecto. Mises en La acción humana (1949, cap. XX, sec. 3) advierte que el ciclo económico no es producto de la insuficiencia de gasto agregado, sino de la mala asignación previa de capital inducida por señales monetarias falsas. La contracción actual revela qué parte de la actividad dependía del gasto público deficitario y no de demanda genuina respaldada por ahorro real. Subsidiar esa actividad con nuevos incentivos estatales no resuelve la mala asignación: la perpetúa y retrasa la reconversión necesaria hacia usos productivos que el mercado realmente valora.

Rothbard en Anatomía del Estado (1974) señala que el Estado no genera riqueza: la redistribuye mediante extracción forzosa. Todo incentivo fiscal implica detraer recursos de contribuyentes actuales o futuros para transferirlos a sectores seleccionados por criterio político. Bastiat en Lo que se ve y lo que no se ve (1850) descompone el mecanismo: vemos la fábrica que recibe el subsidio y contrata empleados; no vemos la inversión privada que no ocurrió porque el capital se desvió al incentivo estatal, ni los empleos que esa inversión habría generado en sectores elegidos por consumidores y no por burócratas.

El moral hazard de los incentivos es sistémico. Buchanan y Tullock en El cálculo del consenso (1962, cap. 6) muestran que las coaliciones de intereses concentrados capturan el proceso político para extraer privilegios a expensas de costos difusos. Si el patrón se consolida —cada contracción de actividad genera un nuevo paquete de incentivos— el sistema premia la ineficiencia: las empresas aprenden que la supervivencia no depende de satisfacer a consumidores sino de arrancar concesiones estatales. Eso debilita la disciplina de mercado y convierte al Tesoro en botín permanente.

Knight en Riesgo, incertidumbre y beneficio (1921, parte III, cap. VII) distingue el riesgo probabilizable, que se puede asegurar, de la incertidumbre genuina, que no. La contracción de consumo actual refleja incertidumbre genuina sobre ingresos futuros y estabilidad de precios relativos. Ningún incentivo estatal elimina esa incertidumbre: al contrario, la profundiza si el mercado interpreta el incentivo como señal de que el gobierno cederá a la presión política y abandonará el ajuste fiscal.

La caída del consumo privado que registra Cronista no es evidencia de que falta estímulo, sino de que los hogares están ajustando expectativas y recomponiendo balances. Friedman en El rol de la política monetaria (1968) explica que el consumo responde a ingreso permanente esperado, no a transferencias transitorias. Un incentivo puntual puede generar un rebote estadístico de corto plazo, pero no altera la trayectoria de largo plazo si el ajuste fiscal sigue pendiente y la estructura de capital sigue distorsionada.

Las lecturas rivales del hecho merecen enumerarse. Una interpretación keynesiana argumentaría que la contracción de demanda agregada justifica el estímulo fiscal para cerrar la brecha de producto. Otra lectura, desde el desarrollismo estructuralista, diría que el Estado debe orientar la inversión hacia sectores estratégicos para evitar la desindustrialización. Descarto la lectura keynesiana porque asume que el problema es de demanda insuficiente cuando el dato muestra mala asignación previa: no falta gasto, sobran proyectos que no pasan la prueba del mercado sin subsidio. Descarto la lectura estructuralista porque transfiere al burócrata la capacidad de identificar sectores estratégicos mejor que el sistema de precios, una variante del problema del cálculo socialista que Mises demostró insoluble en 1920.

Quién gana y quién pierde

Ganan, en el corto plazo, los sectores empresariales políticamente conectados que arrancan incentivos estatales y trasladan el costo del ajuste al resto. Ganan los dirigentes políticos que exhiben sensibilidad social al ofrecer paliativos sin asumir el costo de explicar por qué la corrección es inevitable. Ganan, en términos de narrativa, quienes pueden culpar al gobierno por la recesión sin rendir cuentas por el desequilibrio que la hizo necesaria.

Pierden los contribuyentes que financian los incentivos, actuales o futuros vía deuda. Pierden las empresas que reestructuraron a tiempo sin pedir rescate, porque compiten en desventaja con las subsidiadas. Pierde el conjunto del sistema productivo, porque cada incentivo estatal retrasa la reconversión genuina de capital y trabajo hacia usos más valorados por consumidores reales. Y pierde la credibilidad del ajuste fiscal mismo si el gobierno cede a la presión y revierte el rumbo antes de completar la corrección estructural que el desequilibrio demanda.