Los chats de ANDIS muestran el precio real del monopolio asistencial

La agenda

La causa judicial conocida como ANDIS incorporó chats que, según Infobae, documentan pedidos de coimas vinculados a la administración de fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad. Entre los mensajes difundidos aparece la frase “todo lo que tenga papá”, citada por Infobae como una de las expresiones que exhiben la lógica de reparto discrecional que habría operado dentro del organismo.

El material judicial expone, de acuerdo a la misma cobertura de Infobae, un entramado de comunicaciones entre funcionarios y terceros vinculados a la gestión de contrataciones y prestaciones destinadas a personas con discapacidad. El caso no es menor por su tamaño fiscal declarado sino por su naturaleza: el organismo bajo sospecha administra el acceso a un derecho —pensiones, prestaciones, provisión de insumos— que depende, en su totalidad, de la decisión de un aparato estatal sin competencia ni alternativa de salida para el beneficiario.

El análisis liberal

El punto de partida no es moral, es estructural. Rothbard, en Anatomía del Estado (1974), distingue entre “medios económicos” —producción e intercambio voluntario— y “medios políticos” —apropiación forzosa mediada por el aparato estatal. Cuando una agencia pública concentra la potestad exclusiva de decidir quién cobra, quién provee y a qué precio se compra un insumo destinado a un colectivo vulnerable, esa agencia no es un mero canal administrativo neutral: es, en los términos de Rothbard, el “canal legal y sistemático” a través del cual medios políticos y económicos se entrelazan. Los chats no son una anomalía dentro de ese diseño; son su consecuencia esperable: allí donde no existe mercado ni competencia, la asignación queda librada al criterio de quien controla la ventanilla, y ese criterio tiene un precio.

Quién gana y quién pierde

Pierden, en primer término, las personas con discapacidad que dependen de la agencia para acceder a pensiones, prestaciones e insumos: cualquier peso desviado hacia el circuito de comisiones es un peso que no llega a su destino declarado. Pierde también el contribuyente, que financia un sistema cuya opacidad impide verificar si el fondo público cumple su función redistributiva o alimenta una red de intermediación. Gana, en cambio, quien logra insertarse en el punto de decisión discrecional: el funcionario o el proveedor que negocia por fuera de cualquier mecanismo de mercado o de competencia abierta. El caso ANDIS no revela una falla puntual de gestión sino el resultado esperable de un diseño institucional que concentra en pocas manos la decisión sobre un bien que debería estar sujeto a reglas transparentes y verificables, no a la discrecionalidad de quien controla el organismo.