El ajuste fiscal pendiente revela el límite político del superávit

La agenda

El Cronista planteó la pregunta que recorre el debate fiscal de estas semanas: cuánto ajuste adicional necesita el Gobierno para sostener la meta de superávit fiscal comprometida para 2026. La nota describe una brecha entre el nivel de gasto público proyectado y lo que exigiría cumplir el compromiso fiscal, y advierte que cerrar esa distancia demandará decisiones que hasta ahora el oficialismo evitó tomar de manera explícita.

El análisis liberal

Desde una perspectiva liberal, el superávit fiscal no es un fin en sí mismo sino la consecuencia lógica de un Estado que gasta dentro de sus posibilidades. El problema de fondo que expone la nota no es técnico sino político: cada partida de gasto tiene detrás un grupo de interés dispuesto a defenderla, y el ajuste pendiente choca inevitablemente con esos incentivos. La disciplina fiscal solo es sostenible en el tiempo si se apoya en una reforma estructural del gasto —menos discrecionalidad, menos privilegios sectoriales— y no en recortes de emergencia que se revierten apenas baja la presión de los mercados. La experiencia argentina muestra que los ajustes improvisados, sin cambios institucionales de fondo, tienden a diluirse en cuanto cede la urgencia.

Quién gana y quién pierde

Gana la credibilidad fiscal de mediano plazo si el Gobierno logra sostener la meta sin recurrir a maquillajes contables, porque eso reduce la incertidumbre para inversores y ahorristas. Pierden, en el corto plazo, los sectores y jurisdicciones que dependen de partidas de gasto discrecional y que verían recortada su capacidad de negociación política. También pierde la clase política en su conjunto si el ajuste se termina resolviendo con parches antes que con una reforma genuina del Estado, porque eso posterga el problema en lugar de resolverlo.