La CGT elige movilizar y no parar en defensa de la industria nacional

La agenda

La CGT descartó convocar a un paro general y en su lugar anunció que realizará una movilización el próximo 8 de octubre “en defensa de la industria”, según confirmó la central obrera tras una reunión de su cúpula dirigencial. La decisión llega en un contexto de tensión creciente entre el sindicalismo y las políticas económicas del gobierno, en momentos en que el Congreso avanza con discusiones presupuestarias de relevancia.

La cobertura de Ámbito precisa que la marcha se enmarca en la defensa de lo que la dirigencia sindical denomina “industria nacional”, un concepto que en el debate público argentino suele asociarse a la protección de sectores manufactureros frente a la competencia de bienes importados. La convocatoria evita, por ahora, la medida de fuerza más contundente —el paro general— y opta por una demostración de capacidad de movilización callejera, en un año donde la relación entre el gobierno y las centrales sindicales viene marcada por sucesivas rondas de negociación paritaria y desacuerdos sobre reformas laborales.

El análisis liberal

La consigna “defensa de la industria nacional” no es un dato neutro: es una etiqueta que encapsula una tesis económica específica, y esa tesis merece ser desagregada antes de ser evaluada. Lo que habitualmente se defiende bajo esa bandera no es la industria como actividad productiva en abstracto, sino un conjunto particular de firmas y sectores que compiten con bienes importados y que buscan preservar, mediante presión política, condiciones de protección arancelaria o regulatoria que el mercado libre no les otorgaría por sí solo. Smith ya había identificado el mecanismo en La riqueza de las naciones (1776, Libro IV): el lenguaje del “interés nacional” es, con extraña regularidad, el interés de un grupo de productores concentrados travestido de interés general.

El punto de partida correcto no es preguntar si “la industria” merece defensa —pregunta vacía, porque la industria no es un sujeto homogéneo— sino qué industria específica, con qué estructura de costos, reclama protección frente a qué competencia. Bastiat en Sofismas económicos desarrolló extensamente esta distinción: todo pedido de protección se presenta como defensa del empleo y la producción nacional, pero omite sistemáticamente el costo disperso que esa protección impone sobre el resto de la economía. Si la industria protegida no puede competir sin barreras arancelarias o regulatorias, la pregunta relevante es por qué: si es porque enfrenta cargas impositivas o normativas que no enfrentan sus competidores externos, el remedio liberal es eliminar esas cargas, no imponerle al consumidor un precio artificialmente alto sobre el bien importado.

Aquí conviene aplicar el análisis de incentivos de Public Choice. Buchanan y Tullock en El cálculo del consenso (1962, cap. 10) explican que los grupos de interés concentrados —en este caso, ciertas ramas industriales y sus sindicatos asociados— tienen incentivos mucho más pronunciado para organizarse y presionar políticamente que los consumidores dispersos, que pagan el costo de la protección de forma difusa y silenciosa a través de precios más altos. Tullock, en Los costos de bienestar de aranceles, monopolios y robo (1967), fue más allá: mostró que el costo social de la búsqueda de rentas no se limita a la transferencia de recursos del consumidor al productor protegido, sino que incluye los recursos reales —tiempo dirigencial, organización, movilización— que se gastan en la disputa política misma en lugar de en producción. Una movilización de esta escala es, en ese sentido, un costo de búsqueda de rentas que se contabiliza antes de que la política se defina.

Rothbard, en Poder y mercado (1970, cap. 4), agrega el elemento distributivo: todo privilegio proteccionista es, en esencia, una transferencia forzosa de riqueza desde el consumidor hacia el productor favorecido, mediada por el Estado. No hay protección de industria que no tenga como contracara un consumidor que paga más por un bien de igual o menor calidad que el que podría importar libremente. La consigna “defensa de la industria nacional” nunca menciona a ese consumidor, porque no está organizado ni presente en la mesa de negociación: es la ausencia estructural que Bastiat describía como “lo que no se ve”.

Es necesario, sin embargo, enumerar las lecturas rivales antes de descartar. Una primera lectura sostiene que la protección industrial preserva empleo formal en sectores estratégicos y evita una desindustrialización abrupta con costos sociales concentrados en regiones específicas. Una segunda lectura, más matizada, distingue entre protección permanente y una transición gradual que dé tiempo a la reconversión de capital. Descarto la primera porque confunde el empleo existente, visible y contado, con el empleo que la protección impide crear en sectores donde el capital liberado podría emplearse de forma más productiva —el error clásico de la ventana rota que describe Hazlitt en La economía en una lección (1946)—. Descarto la segunda no porque carezca de mérito teórico, sino porque la historia de “transiciones graduales” en la protección arancelaria argentina rara vez culmina en apertura: la protección temporal tiende a consolidarse como statu quo permanente, precisamente por los incentivos de Public Choice ya señalados.

Vale además una distinción entre escuelas. Los austriacos —Mises en La acción humana (1949, cap. XXX)— enfatizan que toda interferencia con la estructura de precios, incluida la arancelaria, impide el cálculo económico racional al distorsionar la señal de costos relativos. La tradición de Chicago, con Stigler en La teoría de la regulación económica (1971), pone el foco no en el mecanismo de precios sino en la “captura del regulador”: muestra empíricamente que las industrias reguladas o protegidas terminan escribiendo, de facto, la regulación que las protege. Ambas líneas convergen en el escepticismo hacia la protección, pero llegan por caminos distintos: una por el argumento del cálculo, la otra por el argumento del incentivo político. Es una diferencia de énfasis, no de conclusión.

Quién gana y quién pierde

Gana, en el corto plazo, la dirigencia sindical de la CGT, que consolida su relevancia política como interlocutor de peso frente al gobierno sin asumir el costo reputacional y económico de un paro general —una medida de mayor fricción y menor margen de maniobra posterior—. Ganan también los sectores industriales concretos que buscan preservar condiciones de protección arancelaria o cambiaria, en la medida en que la movilización logre trasladarse a presión legislativa efectiva sobre el paquete presupuestario en discusión.

Pierden, de manera difusa y silenciosa, los consumidores que pagarían precios más altos por bienes que podrían importarse en condiciones de competencia abierta, y los trabajadores de sectores no protegidos —comercio, servicios, exportación— cuyo poder adquisitivo se ve erosionado por el mismo mecanismo que sostiene el empleo en el sector protegido. Pierde también, en el mediano plazo, la productividad agregada de la economía: cada recurso dirigido a sostener una industria que no puede competir sin ayuda estatal es un recurso que no se destina a las actividades donde el capital y el trabajo argentino sí generan valor genuino, sin necesidad de marcha ni de arancel que los sostenga.