Paro universitario de 72 horas expone el costo del monopolio de oferta

La agenda

Las universidades nacionales vuelven a parar. Según consignó Cronista, un nuevo paro nacional universitario de 72 horas suspenderá las clases desde este miércoles, en el marco del conflicto por el financiamiento del sistema universitario público. La medida se suma a una serie de protestas gremiales docentes y no docentes que, en lo que va del año, ya habían interrumpido reiteradamente la actividad académica en distintas casas de estudio del país.

El reclamo, tal como lo describe la nota, se enmarca en la confrontación entre los gremios universitarios y el gobierno nacional por la actualización de partidas presupuestarias y salarios del sector. Más allá del resultado puntual de la negociación paritaria, el hecho relevante para el análisis de capital humano no es la cifra de la oferta salarial —que no está verificada en esta nota y por lo tanto queda fuera de este análisis— sino la repetición del mecanismo: la suspensión completa de clases como herramienta de presión, con el estudiante como rehén de un conflicto entre dos partes de las que no es protagonista.

El análisis liberal

El capital humano, en la definición de Gary Becker (Human Capital, 1964), es la acumulación de destrezas, conocimiento y salud que un individuo incorpora a lo largo de su vida y que después le rinde en forma de mayor productividad y mayor ingreso futuro. Ese proceso de acumulación no es abstracto: ocurre en el aula, semana a semana, con un cronograma que el estudiante concreto —no “la universidad” como entidad colectiva— internaliza al planificar su año lectivo, sus horas de estudio y hasta su costo de oportunidad de trabajar menos para poder cursar. Cada suspensión de clases no es un dato neutro de calendario: es una pérdida real y no recuperable de horas de formación para miles de personas de carne y hueso que ya pagaron el costo de oportunidad de matricularse.

Ese punto es central y suele perderse en la cobertura del conflicto: el paro universitario no lo pagan “el Estado” ni “la gestión de turno” en primer término. Lo paga, en la moneda más cara que existe —el tiempo de formación irrepetible—, el alumno que cursa materias con correlatividades, el que necesita recibirse a tiempo para acceder a un mejor salario, el que compatibiliza la cursada con un trabajo informal. Robert Lucas, en On the Mechanics of Economic Development (1988), sostiene que la acumulación de capital humano es el motor de largo plazo del crecimiento económico de una sociedad, precisamente porque sus efectos se derraman más allá del individuo que estudia. Cada interrupción sistemática de ese proceso no solo golpea la trayectoria privada del estudiante: retrasa, en el agregado, la formación de la fuerza de trabajo calificada que el propio país necesita.

El conflicto también expone con crudeza la distinción entre financiar la oferta y financiar la demanda. El sistema universitario argentino financia casi exclusivamente la estructura de oferta: la planta docente, el edificio, la burocracia administrativa y los gremios que negocian en representación de esa estructura. El estudiante no es cliente con capacidad de elegir ni de presionar con su matrícula; es un destinatario pasivo de un servicio cuya continuidad depende de una negociación entre el sindicato y el Estado empleador. Thomas Sowell, en Knowledge and Decisions (1980), advierte que cuando las decisiones se concentran en instituciones que no enfrentan retroalimentación directa de quienes reciben el servicio, el costo de los errores —o de los conflictos— se difumina entre terceros que no participaron de la negociación. El estudiante universitario argentino es, en este esquema, el tercero que absorbe el costo de una pulseada en la que no tiene asiento en la mesa.

Desde la escuela de la elección pública, el patrón se explica sin necesidad de apelar a la mala fe de ninguna de las partes. Buchanan y Tullock, en El cálculo del consenso (1962, cap. 10), muestran que los grupos de interés concentrados —en este caso, los gremios docentes y no docentes, con capacidad de organización y de imponer un costo visible e inmediato mediante el paro— tienen una ventaja estructural sobre un colectivo disperso y con costos de coordinación altos, como es el conjunto de los estudiantes. El paro es, en ese sentido, un instrumento racional: concentra la presión sobre el financiador estatal precisamente porque el costo lo absorbe un tercero disperso, no el sindicato que lo declara.

La lectura rival, en su versión más sólida, sostiene que el paro es la única herramienta disponible frente a un desfinanciamiento real del sistema universitario, y que sin esa presión gremial la universidad pública perdería calidad docente y capacidad edilicia de forma silenciosa, sin que nadie lo note hasta que el deterioro sea irreversible. Es un argumento que merece tomarse en serio: la calidad de la oferta importa para el capital humano que se forma en ella. Pero esa lectura pasa por alto que el mecanismo elegido —la suspensión total de clases— no discrimina entre el costo que impone al Estado empleador y el costo que impone al estudiante, que no tiene ninguna vía de resarcimiento ni de exit real cuando el sistema es, en la práctica, un monopolio de oferta sin alternativa de financiamiento a la demanda. Bastiat, en Lo que se ve y lo que no se ve (1850), señalaría que lo que se ve es la presión gremial exitosa o fallida frente al ministerio; lo que no se ve es el estudiante que abandona la carrera por acumular demasiados atrasos, el que pierde la regularidad de una materia por faltar a la mesa de examen reprogramada, o el que simplemente egresa un año más tarde de lo previsto, con el consiguiente costo de oportunidad que jamás aparece en ningún comunicado gremial ni en ningún balance oficial.

Quién gana y quién pierde

Gana, en el corto plazo, la dirigencia gremial docente y no docente, que consolida su capacidad de presión frente al Estado empleador y mantiene vigente el reclamo salarial y presupuestario en la agenda pública. Gana también, en cierta medida, la gestión de turno si logra desviar el eje de la discusión hacia la responsabilidad del sindicato antes que hacia su propia política de financiamiento.

Pierde, de manera difusa pero concreta, el estudiante que ve interrumpida su cursada sin haber tenido voz en la negociación: el que retrasa su egreso, el que pierde la regularidad de una materia, el que debe reorganizar a las apuradas su tiempo de estudio y de trabajo. Pierde también, en el agregado y en el largo plazo, el propio sistema productivo del país, que ve postergada la incorporación de profesionales formados a un ritmo menor del que sus propias necesidades de desarrollo exigirían. Mientras el conflicto se resuelva exclusivamente en la mesa entre gremios y Estado, sin ningún mecanismo que dé voz o resarcimiento al estudiante, ese desbalance de incentivos seguirá reproduciéndose paro tras paro.