Argentina exhibe el peor balance regional del ranking QS pese al top 10 de la UBA

La agenda

El ranking QS 2026, uno de los indicadores académicos internacionales más consultados para medir calidad y competitividad universitaria, confirmó que la UBA se mantiene en el top 10 regional, sosteniendo una posición de referencia entre las instituciones de educación superior de América Latina. La universidad pública porteña, con más de un siglo de prestigio acumulado, logra retener ese lugar pese al contexto adverso que atraviesa el conjunto del sistema universitario nacional.

Sin embargo, el dato que domina el informe no es la permanencia de la UBA en ese pelotón de elite, sino que Argentina obtuvo el balance más negativo de toda la región en la edición 2026 del ranking. Esto significa que, tomado en conjunto, el desempeño de las universidades argentinas —públicas y privadas— retrocedió en mayor medida que el de sus pares de Brasil, Chile, México o Colombia. El contraste entre una institución insignia que resiste y un sistema que, en su totalidad, pierde terreno frente a sus vecinos regionales es el núcleo del problema que esta columna aborda.

El análisis liberal

El primer error que conviene evitar es tratar al “sistema universitario argentino” como una entidad homogénea que sube o baja en bloque. Gary Becker, en Human Capital (1964), insiste en que el capital humano no reside en los edificios, los rectorados ni los presupuestos agregados: reside en las destrezas, el conocimiento y la productividad acumulada por cada individuo que atraviesa esas aulas. Que la UBA sostenga su posición mientras el promedio nacional cae sugiere que el fenómeno no es parejo: hay núcleos de excelencia que sobreviven por inercia reputacional y redes de investigación consolidadas, y un entorno institucional más amplio que no logra traducir recursos en calidad medible.

Esa distinción importa porque el financiamiento universitario argentino se organiza, de manera casi monopólica, del lado de la oferta: el Estado sostiene la estructura —edificios, nombramientos, cátedras vitalicias, gremios docentes— antes que la demanda soberana del estudiante. Una tradición central del pensamiento liberal en economía de la educación advierte que cuando el financiamiento se dirige al productor del servicio educativo en lugar de al usuario, el sistema pierde la señal de calidad que normalmente impone la elección informada del consumidor. En la universidad pública argentina, gratuita y de ingreso irrestricto en la enorme mayoría de los casos, no existe un mecanismo de precios que discipline la oferta: ni el estudiante paga por lo que recibe, ni la institución compite por atraerlo con mejor servicio, porque el financiamiento llega igual, determinado por la negociación política y no por el desempeño.

Esta ausencia de competencia interna es exactamente el punto que desarrolla Thomas Sowell en Knowledge and Decisions (1980): los sistemas centralizados, al carecer de mecanismos descentralizados de retroalimentación, acumulan decisiones que nadie corrige a tiempo porque nadie paga el costo directo del error. Una universidad que no compite por matrícula, por arancel ni por reputación medible en el mercado laboral no tiene por qué mejorar su posición relativa frente a instituciones de otros países que sí enfrentan esas presiones, aunque sea de manera parcial.

Robert Lucas, en On the Mechanics of Economic Development (1988), ubica al capital humano y sus externalidades como el motor central del crecimiento de largo plazo: el stock de conocimiento que una sociedad acumula no es un gasto corriente del Estado, es una inversión cuyo rendimiento se mide en productividad futura. Que el conjunto del sistema retroceda en un ranking internacional no es un dato estético para funcionarios de protocolo: es una señal de que el stock de capital humano que Argentina produce, en relación con sus vecinos, se deteriora o al menos crece más lento que el de Brasil, Chile o México.

Desde la óptica de James Buchanan (El cálculo del consenso, 1962, cap. 10), conviene además mirar los incentivos de quienes gestionan ese sistema desde adentro. Una estructura universitaria pública, financiada por imposición fiscal general y gobernada por coaliciones de claustros, gremios docentes y cogobierno estudiantil, tiende a privilegiar la estabilidad de esos actores concentrados por sobre la calidad difusa que recibe el conjunto de la sociedad. Nadie dentro de ese esquema paga un costo personal inmediato por el retroceso relativo del sistema en un ranking internacional; por eso la corrección, si llega, llega tarde y débil.

Corresponde ahora exponer la lectura rival en su versión más sólida: la explicación estatista sostiene que el retroceso argentino es consecuencia directa del recorte presupuestario del gobierno actual, y que el deterioro de salarios docentes y la falta de inversión en investigación explican el desempeño comparativamente peor frente a países que sí sostuvieron o aumentaron el gasto universitario. Esta lectura tiene un punto real: los recursos importan, y un ajuste abrupto sin reforma estructural puede deteriorar capacidades instaladas sin mejorar los incentivos de fondo. Pero esta explicación falla en un punto decisivo: no da cuenta de por qué el sistema argentino ya exhibía rigideces de ingreso irrestricto, ausencia de arancelamiento y falta de competencia por calidad desde mucho antes del ciclo de ajuste actual. Recortar presupuesto a una estructura de incentivos ya distorsionada no la corrige ni mejora: simplemente la empobrece sin tocar la causa de fondo. El gobierno que ajusta sin desmonopolizar la oferta ni empoderar la demanda del estudiante comete el mismo error de diagnóstico que el gobierno que aumenta el gasto sin exigir ninguna métrica de resultado.

Quién gana y quién pierde

Gana, en el corto plazo, la UBA como marca reputacional: su posición de referencia regional le permite seguir capturando estudiantes de elite, financiamiento de investigación internacional y prestigio diplomático, aun cuando el sistema en su conjunto pierda terreno frente a sus pares latinoamericanos. Pierde el resto del sistema universitario argentino, que no logra apoyarse en ese mismo prestigio para revertir su posición relativa. Y pierde, sobre todo, el estudiante promedio, que no cuenta con ninguna señal de mercado ni mecanismo de elección informada que le permita distinguir entre una institución que mejora y otra que simplemente administra su inercia reputacional.