Cierra una láctea en Santa Fe y el ajuste recae sobre decenas de familias

La agenda

Una nueva fábrica láctea de Santa Fe cesó operaciones y dejará a 54 familias en la calle, según consignó El Destape. La nota la ubica dentro de un patrón de cierres sucesivos en la industria láctea santafesina, aunque la fuente no detalla nombre comercial, facturación ni el historial financiero previo de la planta, ni especifica si existieron pasivos laborales o litigios al momento del cese.

El artículo enmarca el hecho como parte de una crisis más amplia de la cadena productiva provincial, sin que la fuente consultada aporte series históricas de producción láctea regional, tipo de cambio real sectorial o comparativas de costos con otras provincias lecheras. Esa es toda la información verificada disponible al momento de esta columna: una planta que cierra, varias familias que pierden su fuente de ingreso, y la atribución editorial a una “crisis industrial” que el hecho puntual no permite, por sí solo, cuantificar en su alcance sectorial.

El análisis liberal

El cierre de una planta industrial es, antes que una tragedia narrada, una señal de precios. Hayek en El uso del conocimiento en la sociedad (1945) explica que el sistema de precios funciona como una red de telecomunicaciones: cuando los ingresos de una firma dejan de cubrir sus costos, el mercado está informando que esos factores de producción —capital, trabajo, tierra— valen más en otro destino. No hace falta que el planificador, el periodista o el gremialista conozcan la causa exacta —si fue el costo de la energía, el precio de la leche cruda, el tipo de cambio o la competencia de otra cuenca lechera—; el cierre mismo es la información.

Esa lectura no implica indiferencia ante el costo humano. Implica preguntar, antes de proponer un remedio, por qué la planta llegó a ese punto sin que nadie lo hubiera anticipado con tiempo suficiente para reconvertir activos y empleo. Mises en La acción humana (1949, cap. XXI, sec. 6) sostiene que el desempleo no es un estado natural sino el resultado de una discrepancia entre el costo laboral exigido y la productividad que el mercado está dispuesto a remunerar en ese sector y en ese momento. Si esa discrepancia se sostuvo en el tiempo —algo que la nota no permite verificar con series propias—, el cierre no es un evento súbito sino la liquidación tardía de una posición insostenible.

Aquí conviene distinguir, porque la industria láctea argentina arrastra una historia de intervención estatal que rara vez se menciona cuando se narra un cierre como “crisis industrial” sin causa. Retenciones a las exportaciones, brechas cambiarias que castigan al productor primario, y una estructura arancelaria que protege a ciertos eslabones de la cadena a costa de otros son intervenciones que distorsionan precios relativos mucho antes de que una fábrica puntual sienta el efecto. Rothbard en Poder y mercado (1970, cap. 4) es preciso en esto: todo privilegio o restricción estatal introduce una cuña entre el precio de mercado y el precio que habría prevalecido en ausencia de esa intervención, y esa cuña termina expulsando del mercado a los actores menos protegidos de la cadena, que casi nunca son los más grandes.

La tentación, ante un cierre así, es pedir asistencia estatal focalizada —créditos blandos, subsidios al empleo, compras públicas preferenciales— para la planta o el sector. Buchanan y Tullock en El cálculo del consenso (1962, cap. 10) muestran por qué ese pedido, aun con la mejor intención, termina mal: las decisiones colectivas de asistencia responden a la capacidad de organización de los afectados, no a un criterio objetivo de viabilidad económica. Rescatar esta planta con fondos públicos no repara la señal de precios que motivó el cierre; la posterga, y lo hace a costa de recursos que los contribuyentes —entre ellos trabajadores de sectores sin voz gremial comparable— habrían usado en otra cosa. Bastiat, en Lo que se ve y lo que no se ve (incluido en Ensayos de economía política), es el autor clásico de esa distinción: se ve a los trabajadores con el empleo sostenido artificialmente; no se ve el impuesto, el crédito desviado o la inversión que no se hizo en otra industria santafesina por ese mismo monto de recursos.

Hay una lectura rival que merece enunciarse en su mejor versión: la keynesiana sostendría que, en un contexto de ajuste macroeconómico nacional, la caída de demanda agregada explica el cierre, y que sostener el empleo con gasto público amortigua una recesión que de otro modo se retroalimenta. Es una hipótesis coherente, pero la nota de agenda no aporta el dato que la sustentaría —no hay cifra de caída de consumo lácteo regional, ni de ventas sectoriales— y, aun si existiera, no explica por qué esta planta específica cierra mientras otras de la misma cadena productiva sobreviven: si el problema fuera puramente de demanda agregada, el ajuste debería ser uniforme en el sector, no selectivo. La selectividad del cierre es consistente con un problema de estructura de costos propio de la firma, no con una recesión horizontal.

Austriacos y Chicago convergen en el diagnóstico de fondo —la intervención distorsiona precios relativos— pero divergen en el énfasis: la tradición austriaca (Hayek, Mises) pone el acento en la imposibilidad del cálculo económico centralizado para anticipar o corregir el desajuste; Chicago, en la tradición de Stigler (La teoría de la regulación económica, 1971), pondría el foco en si existió captura regulatoria sectorial —cupos, licencias sanitarias, barreras de entrada a otros competidores— que mantuvo artificialmente alto el costo de operar en esa cuenca láctea. Ninguna de las dos escuelas, en su versión rigurosa, recomendaría sostener con fondos públicos una planta cuyo mercado ya liquidó.

Quién gana y quién pierde

En el muy corto plazo, si prospera algún reclamo de asistencia estatal —que la nota no confirma que exista aún—, ganarían los trabajadores despedidos con un paliativo transitorio, y el municipio o gobierno provincial que capitaliza políticamente la rapidez de la respuesta.

Pierden, de forma difusa pero cierta, los contribuyentes santafesinos que financiarían cualquier rescate sin haber participado de las decisiones de inversión de la planta. Pierden también los productores lácteos y las industrias de la provincia que sí ajustaron a tiempo su estructura de costos sin pedir auxilio, porque un rescate selectivo premia a quien no se adaptó frente a quien sí lo hizo. Y pierde, en el horizonte más largo, la cadena productiva santafesina entera: cada vez que el cierre de una firma ineficiente se resuelve con fondos públicos en lugar de con liquidación y reasignación de activos, se retrasa la señal que debería guiar la próxima inversión láctea hacia donde el consumidor —no el subsidio— indica que es rentable producir.