El balotaje brasileño expone el límite de la gobernabilidad por decreto

La agenda

Brasil define su presidencia en un balotaje entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, según consigna La Nación en su cobertura de la segunda vuelta. Ninguno de los dos finalistas logró la mayoría necesaria en primera vuelta para evitar el desempate, lo que instala a Brasil en un escenario de definición cerrada entre dos proyectos políticos con bases de apoyo distintas y, según el mismo medio, con un resultado todavía incierto al cierre de esta edición.

El desenlace no es un asunto doméstico brasileño. Ámbito reporta que una victoria de Flávio Bolsonaro tendría impacto directo sobre el tipo de cambio, el flujo exportador y el funcionamiento del Mercosur desde la óptica argentina. En paralelo, el mismo medio advierte sobre la delicada línea de la gobernabilidad que deberá sortear quien gane, dado que ninguno de los dos bloques cuenta con una mayoría legislativa cómoda. A esto se suma que, según Minuto Uno, los candidatos eliminados en primera vuelta están negociando a quién trasladar su respaldo, en lo que se configura como una ronda de acuerdos de último momento entre bloques heterogéneos.

El análisis liberal

El dato más relevante de esta elección no es quién gana, sino la estructura institucional con la que gobernará el ganador. Que ambos finalistas lleguen al balotaje sin mayoría propia en el Congreso no es un accidente coyuntural: es la traducción directa de un sistema de representación proporcional fragmentado, en el que —como describen Buchanan y Tullock en El cálculo del consenso (1962, cap. 10)— cualquier coalición de gobierno necesita comprar apoyos legislativos dispersos para poder legislar. La negociación de los candidatos eliminados que reporta Minuto Uno no es un gesto de madurez democrática: es el mercado político operando en su forma más cruda, donde el apoyo se intercambia por cargos, partidas presupuestarias o cuotas de poder regional. Esa lógica de intercambio político —ajena al mercado económico pero regida por los mismos incentivos de maximización de interés propio— es precisamente la que terminará condicionando cualquier agenda de reformas, sea cual sea el signo ideológico del ganador. Un presidente sin mayoría propia no gobierna por convicción sino por transacción permanente, y eso diluye tanto la capacidad de sostener políticas de apertura comercial como la de imponer controles o intervenciones de mayor alcance. La gobernabilidad por decreto, en ese marco, es un espejismo: incluso el uso de facultades extraordinarias requiere, tarde o temprano, el aval de un Congreso fragmentado que cobra cada voto.

Quién gana y quién pierde

Gana, en el corto plazo, cualquier bloque legislativo capaz de ubicarse como bisagra entre el oficialismo que resulte electo y una oposición igualmente fragmentada: esos actores concentrarán poder de veto desproporcionado a su caudal electoral real. Pierde el elector que votó por un proyecto definido, porque la implementación efectiva de ese proyecto dependerá de negociaciones posteriores ajenas a su voto. Para la Argentina, el impacto cambiario y comercial que señala Ámbito no se resuelve el día del balotaje sino en los meses siguientes, según qué tan rápido el ganador logre armar una coalición de gobierno estable. Hasta entonces, la incertidumbre regional seguirá pesando sobre el tipo de cambio y el comercio bilateral más que el resultado electoral en sí mismo.