El Gobierno redefine el rol del Estado en privatizaciones y subsidios
Un decreto recorta un beneficio de promoción no industrial, otro designa interventor en ENACOM y avanza la mayor privatización del mandato. Qué dice el corpus liberal sobre esta secuencia
La agenda
El Boletín Oficial publicó el Decreto 1146/2026, que dispone el decaimiento parcial de un beneficio otorgado dentro de un régimen de promoción no industrial. El texto oficial no especifica montos ni el universo de beneficiarios alcanzados: el documento se limita a declarar la pérdida parcial del privilegio fiscal respecto de la situación previa.
El mismo día, el Boletín Oficial publicó el Decreto 1149/2026, que designa un interventor en el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), el organismo que regula telecomunicaciones, radiodifusión y servicios postales. El decreto no detalla, en su texto público, el plazo de la intervención ni las atribuciones específicas que se le asignan al funcionario designado por fuera de la estructura ordinaria del ente.
En paralelo, Cronista informó que la mayor privatización del gobierno de Milei se encamina a definir a su futuro dueño, aunque el artículo aclara que las cifras de la operación —el valor de la transacción y los términos de la cesión de control— todavía no se conocen públicamente. Los tres hechos coinciden en una misma semana y afectan tres planos distintos del aparato estatal: el régimen de incentivos fiscales, la estructura regulatoria y la propiedad de activos productivos.
El análisis liberal
El corpus liberal sostiene que la intervención estatal en la economía tiende a distorsionar los incentivos cuando el Estado actúa simultáneamente como regulador, como promotor sectorial y como propietario de activos productivos. Desde esa perspectiva, el recorte de un beneficio de promoción no industrial puede leerse como un paso hacia la neutralidad fiscal, en la medida en que reduce privilegios diferenciales entre sectores sin que el texto oficial aclare, sin embargo, si ese recorte responde a un criterio general de simplificación tributaria o a una decisión puntual y acotada.
La designación de un interventor en un organismo regulador plantea, en cambio, una tensión distinta: la literatura liberal clásica advierte sobre los riesgos de la discrecionalidad cuando la conducción de un ente de control queda por fuera de sus mecanismos institucionales ordinarios, independientemente del signo político del gobierno de turno. La ausencia de precisiones sobre plazo y atribuciones en el decreto no permite, por ahora, evaluar si esta intervención refuerza o debilita la previsibilidad regulatoria del sector de telecomunicaciones.
Respecto de la privatización en curso, el argumento liberal tradicional defiende el traspaso de activos productivos del Estado a manos privadas como vía para mejorar la eficiencia asignativa, siempre que el proceso sea transparente en sus condiciones y en la determinación del valor de transferencia. La falta de información pública sobre las cifras de la operación —señalada por la propia nota periodística citada— es precisamente el punto que ese cuerpo de ideas identifica como riesgo: una privatización mal explicada puede generar tanto desconfianza ciudadana como cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso, aun cuando el principio de fondo sea compartido por ese marco teórico.
Quién gana y quién pierde
Entre los beneficiarios potenciales de esta secuencia se cuentan los actores privados interesados en adquirir el activo en proceso de privatización, en la medida en que avance la definición de su futuro dueño, y aquellos sectores que puedan reacomodarse frente a un esquema de promoción fiscal con beneficios recortados. Entre los posibles perjudicados figuran los beneficiarios actuales del régimen de promoción no industrial afectado por el decreto, que ven reducido un privilegio sin que se explicite el alcance exacto de la pérdida, y los actores del sector de telecomunicaciones que operan bajo la órbita de ENACOM, para quienes la intervención introduce un período de incertidumbre regulatoria hasta que se clarifiquen el plazo y las atribuciones del funcionario designado. En ambos casos, la falta de precisiones oficiales sobre montos, plazos y cifras es la que determina, en última instancia, qué actores terminan beneficiados y cuáles perjudicados por esta secuencia de decisiones.
Los hechos, cifras y citas bibliográficas de esta columna fueron auditados afirmación por afirmación contra sus fuentes primarias declaradas en el texto, bajo supervisión y dirección editorial humana.