Catamarca y San Luis muestran el mismo patrón de contracción comercial

La agenda

En Catamarca, entidades comerciales advirtieron por el incremento de locales cerrados en la provincia y su impacto laboral, un fenómeno que golpea tanto a comercios de calle céntrica como a pequeños emprendimientos de barrio, con despidos y suspensiones asociadas al cierre de persianas, según consignó el medio.

En paralelo, un relevamiento sobre la industria puntana mostró que, durante el segundo mandato de Claudio Poggi, San Luis tiene menos empresas per cápita que en períodos anteriores, un dato que contradice el relato de la provincia como polo industrial consolidado del interior. Dos jurisdicciones distintas, con trayectorias políticas distintas, exhiben la misma dirección: menos unidades productivas activas por habitante y menos locales comerciales abiertos. Esa coincidencia, más que cualquier titular aislado, es el hecho que amerita ser leído con el instrumental correcto.

El análisis liberal

El cierre de un local comercial o el no nacimiento de una empresa no es un evento aleatorio: es la resolución de un cálculo que cada empresario hace todos los días entre el ingreso esperado y el costo de seguir operando. Mises explica en La acción humana (1949, cap. XV) que la empresarialidad consiste precisamente en anticipar si una combinación de factores productivos generará un excedente sobre su costo; cuando ese excedente desaparece de forma sostenida, la firma no tiene opción racional distinta a cerrar o no nacer. El dato catamarqueño y el puntano, leídos juntos, describen dos variantes del mismo proceso: el costo de operar —impositivo, regulatorio, financiero— empezó a superar sistemáticamente al beneficio esperado de seguir abierto.

Ese costo no es visible en un solo número, y ahí es donde el análisis debe cuidarse de no inventar lo que las fuentes no dan. Lo que sí permite el corpus es nombrar el mecanismo: Hayek, en El uso del conocimiento en la sociedad (1945), señala que el sistema de precios transmite información dispersa sobre escasez real sin que nadie necesite conocer la causa original. Cuando el costo de un insumo, de un metro cuadrado alquilado o de una hora de trabajo formal sube por imposición estatal —y no por escasez genuina del recurso—, la señal se distorsiona: el comerciante o el industrial no está leyendo “el mercado me dice que no soy rentable”, sino “el fisco provincial o el municipio me dice que no soy rentable”. Son señales distintas y merecen tratamientos distintos, pero el cierre de persiana es idéntico en ambos casos.

La estructura tributaria subnacional argentina —Ingresos Brutos acumulativo en cada etapa de la cadena, tasas municipales por habilitación y funcionamiento— es, en términos de Buchanan, un ejercicio del poder de gravar que no pondera el costo marginal sobre la decisión de abrir o cerrar un negocio (Buchanan, El poder de gravar, 1980). No hace falta que la alícuota suba de un año a otro para que el efecto se acumule: basta con que la base de ingresos del comercio caiga —por menor consumo real disponible— para que una carga fiscal que antes era tolerable se vuelva asfixiante sobre un margen cada vez más angosto.

Desde la perspectiva de Public Choice, la pregunta relevante no es por qué sube el costo de operar sino por qué ningún gobierno provincial lo revierte a tiempo. Buchanan y Tullock, en El cálculo del consenso (1962), muestran que las decisiones fiscales subnacionales responden a coaliciones de interés concentradas —empleo público, proveedores del Estado provincial, sectores protegidos por regímenes especiales— cuyo costo de organización es bajo frente al de los comerciantes y pequeños industriales dispersos que pagan la cuenta. Estos últimos no tienen ni el incentivo ni la estructura para presionar por una reforma tributaria o regulatoria: cada uno cierra su persiana en silencio, mientras el beneficiario concentrado de la estructura fiscal vigente sí tiene motivos y medios para sostenerla. Esa asimetría explica por qué el ajuste termina cayendo sobre la cantidad de unidades productivas y no sobre el diseño institucional que las asfixia.

Quién gana y quién pierde

Pierden, en primer lugar, los comerciantes catamarqueños y los industriales puntanos que debieron cerrar o nunca llegaron a abrir: su cálculo empresarial, hecho con información distorsionada por una carga fiscal que no refleja escasez real, los expulsó de la actividad. Pierden también los trabajadores despedidos o suspendidos que menciona el relevamiento catamarqueño, cuya situación laboral es consecuencia directa —no coincidencia— del cierre de locales. Y pierde la sociedad en su conjunto, que ve reducida su oferta de bienes y servicios y su capacidad de generar empleo privado genuino.

Ganan, en cambio, las coaliciones de interés concentradas que identifica el marco de Public Choice: estructuras de empleo público, proveedores estatales y sectores con regímenes de excepción que no compiten por los mismos recursos fiscales que erosionan al comercio y la industria de base amplia. Mientras el costo de operar siga siendo fijado por decisiones políticas antes que por señales de escasez genuina, el patrón que hoy exhiben Catamarca y San Luis seguirá repitiéndose, con nombres de provincia intercambiables.