Casi 60.000 empresas en mora exhiben el costo real del ajuste fiscal
Dato de agosto: casi 2.000 firmas nuevas en default de pago mientras las provincias presionan por coparticipación. El cálculo de incentivos detrás de ambos frentes
La agenda
El sistema financiero argentino acumula un dato que no admite relectura optimista: casi 2.000 empresas cayeron en mora durante agosto, llevando el total de firmas con dificultades de pago a casi 59.982, según el relevamiento publicado por Ámbito. El número no es un pico aislado: describe una tendencia de deterioro sostenido en la capacidad de pago del sector privado, con empresas que entran en cesación de pagos de manera escalonada, mes tras mes, sin que se observe todavía una reversión de la curva.
En paralelo, el otro frente de la agenda económica pasa por el reclamo de las provincias por una mayor porción de la coparticipación federal. Ambos temas, aunque de naturaleza distinta, comparten un mismo trasfondo: la discusión sobre quién absorbe el costo del ajuste fiscal y bajo qué reglas se reparte lo que queda del esfuerzo recaudatorio.
El análisis liberal
Desde una lectura liberal, el deterioro en la capacidad de pago de las empresas no puede leerse de manera aislada del contexto de tasas de interés elevadas y de una demanda interna debilitada. Cuando el costo del crédito se mantiene alto como herramienta antiinflacionaria, el sector privado —particularmente las pymes con menor acceso a financiamiento en condiciones favorables— termina absorbiendo buena parte del ajuste en forma de mora y, eventualmente, de cierre de operaciones.
El reclamo provincial por coparticipación, por su parte, expone otra cara del mismo problema: un esquema fiscal federal que concentra decisiones de gasto en la Nación mientras las provincias dependen de transferencias cuya discrecionalidad genera incentivos perversos. Mientras no exista una reforma que alinee la responsabilidad de recaudar con la de gastar en cada nivel de gobierno, estas tensiones seguirán reapareciendo cíclicamente, independientemente del signo político de turno.
Lo que ambos frentes tienen en común es la ausencia de una discusión de fondo sobre el tamaño y la calidad del gasto público. Sin esa discusión, el ajuste se traslada hacia donde hay menos capacidad de resistencia: el sector privado más chico y las jurisdicciones con menor poder de negociación.
Quién gana y quién pierde
Pierden, en primer lugar, las pymes que no logran sostener su cadena de pagos y que, al caer en mora, ven restringido su acceso futuro al crédito en condiciones razonables. Pierde también el empleo privado que depende de esas firmas, expuesto a un ciclo de ajuste que se prolonga sin señales claras de reversión.
Ganan, en el corto plazo, quienes sostienen posiciones de liquidez y pueden capitalizar tasas de interés elevadas sin depender del financiamiento externo. En el plano fiscal, el Gobierno nacional retiene margen de maniobra al demorar una redefinición del esquema de coparticipación, mientras las provincias que dependen más de las transferencias automáticas quedan en una posición de mayor fragilidad para sostener sus propias cuentas.
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