La represión en el Congreso no resuelve el conflicto de fondo por el financiamiento

La agenda

La Marcha Federal Universitaria terminó con la policía avanzando sobre los manifestantes frente al Congreso, según la cobertura minuto a minuto de Página 12 y de Minuto Uno. La movilización reunió a estudiantes, docentes y gremios universitarios que reclaman por el estado del financiamiento del sistema de educación superior, en un contexto de tensión creciente entre el sector universitario y el Poder Ejecutivo.

En paralelo, la Justicia suspendió, por el momento, las multas que pesaban sobre el Gobierno nacional por incumplimientos en el financiamiento universitario, de acuerdo con lo informado por Ámbito. La medida judicial no cierra el litigio de fondo: posterga la ejecución de una sanción pecuniaria mientras continúa la discusión sobre si el Estado nacional cumplió o no con los compromisos presupuestarios que la ley universitaria le impone. El resultado es un sistema que protesta en la calle y litiga en los tribunales, pero que no discute el mecanismo que genera el conflicto cada año.

El análisis liberal

El conflicto universitario argentino se repite con una regularidad que debería llamar la atención: cada ciclo lectivo, el mismo pleito entre rectorados, gremios docentes y el Tesoro nacional por una partida presupuestaria que nunca alcanza. Esa repetición no es casualidad ni mala fe de una u otra gestión; es la consecuencia lógica de un diseño institucional donde la totalidad del financiamiento de la oferta educativa superior depende de una negociación política centralizada, ajena a cualquier señal de precio o de demanda real. Hayek, en El uso del conocimiento en la sociedad (1945), explica que ningún organismo central puede procesar la información dispersa que señala dónde debe destinarse el capital: ese conocimiento está fragmentado en millones de decisiones individuales de estudiantes, familias y empleadores. El presupuesto universitario, fijado por ley y disputado en el Congreso, reemplaza ese proceso descentralizado por una pulseada de poder entre facciones.

El financiamiento vigente subsidia la oferta —el edificio, la planta docente, el aparato rectoral y gremial— y no la demanda, es decir, al estudiante concreto que decide, con su tiempo y su esfuerzo, si una carrera le conviene o no. Gary Becker, en Human Capital (1964), define la educación superior como una inversión que el individuo realiza esperando un retorno futuro en productividad e ingresos. Cuando el financiamiento se dirige a la estructura y no a la persona, se pierde la disciplina que ejercería un estudiante que paga, total o parcialmente, el costo real de su formación: no hay incentivo para que la oferta universitaria rinda cuentas sobre deserción, duración de las carreras o empleabilidad de sus egresados, porque el ingreso de la institución no depende de la satisfacción del usuario sino de la pulseada presupuestaria anual.

Ese mecanismo de pulseada es, exactamente, lo que describe la escuela de la elección pública: rectores, gremios y funcionarios actúan como grupos de interés que compiten por una masa fija de recursos, no como administradores que responden ante quienes reciben el servicio. Cada actor maximiza su propia posición dentro de la negociación presupuestaria, y el resultado agregado —marchas, litigios, suspensiones judiciales de sanciones— es el síntoma visible de una estructura de incentivos que nunca se discute en el recinto ni en la calle. Mientras el debate público se concentre en el monto de la partida y no en el mecanismo que la define, el conflicto seguirá reapareciendo con cada ciclo lectivo, independientemente de qué gobierno esté de turno.

Quién gana y quién pierde

Ganan, en el corto plazo, los actores con mayor capacidad de movilización y de litigio dentro del esquema actual: los gremios docentes y los rectorados con más peso institucional, que logran instalar su reclamo en la agenda pública y judicializar el conflicto a su favor. También gana el Poder Ejecutivo de turno en términos políticos, en tanto puede dilatar la ejecución de sanciones y administrar el ritmo del conflicto sin resolver su causa estructural.

Pierde, en cambio, el estudiante que no tiene voz organizada en esa pulseada: quien ve prolongarse su carrera, interrumpirse el dictado de clases o degradarse la infraestructura, sin que ninguna de las partes en disputa responda directamente ante él por esos resultados. Pierde también la sociedad en su conjunto, que financia un sistema cuya rendición de cuentas depende de la correlación de fuerzas política y no del valor efectivo que genera para quienes transitan por sus aulas.