La crecida del Paraná expone el costo de décadas de infraestructura estatal deficiente

La agenda

El río Paraná superó los seis metros de altura a la altura de la Capital y ya provocó 222 evacuados en la provincia de Corrientes, según consignaron fuentes oficiales citadas en la cobertura periodística. La crecida obligó al desplazamiento de familias ribereñas y puso en alerta a las localidades que bordean el curso del río en el tramo medio.

El fenómeno no se circunscribe al territorio argentino. Del otro lado de la frontera, Ciudad del Este también registró inundaciones y evacuados atribuidos al fenómeno de El Niño, lo que confirma que la anomalía climática opera a escala regional y no como un evento aislado de una cuenca. En paralelo, muy lejos del litoral fluvial, la localidad neuquina de Añelo, epicentro de la actividad de Vaca Muerta, amaneció con calles convertidas en ríos de barro y vecinos desplazándose en canoas. Tres puntos del mapa, tres jurisdicciones distintas, un mismo patrón: la infraestructura pública de contención y drenaje llega tarde o no llega.

El análisis liberal

El agua que sube no es la noticia. El agua sube todos los años, en mayor o menor medida, porque el Paraná es un río de llanura con un régimen de crecidas conocido desde hace siglos. La noticia real es que, crecida tras crecida, las mismas poblaciones vuelven a evacuarse, las mismas defensas resultan insuficientes y el mismo ciclo de asistencia de emergencia se repite sin que el riesgo se internalice en ningún lado. Eso no es una fatalidad climática: es la consecuencia previsible de un sistema donde la gestión del riesgo hídrico está monopolizada por el Estado y desconectada de cualquier mecanismo de precios.

Hayek, en El uso del conocimiento en la sociedad (1945), explica que ningún planificador central puede reunir la información dispersa que hace falta para asignar correctamente un recurso, porque esa información —dónde construir, qué terreno drena mal, qué defensa aguanta una crecida decenal y cuál no— está fragmentada en miles de observaciones locales que solo el sistema de precios logra agregar con eficiencia. Cuando es el Estado el que decide de modo centralizado dónde se autoriza a construir, qué defensa se financia y a quién se indemniza después, esa información dispersa se pierde. El resultado es exactamente el que se observa en el litoral: barrios habitados en cotas de riesgo conocido, defensas que se mantienen con el ciclo político de las obras públicas y no con el ciclo hidrológico del río, y una sorpresa anual que no debería sorprender a nadie.

El mecanismo de mercado que falta acá es el seguro con prima ajustada al riesgo y la valuación de la propiedad en función de ese riesgo. En un esquema donde la tierra ribereña se compra, se vende y se asegura con información de riesgo real —no subsidiada—, el precio de vivir cerca de la barranca incorpora la probabilidad de la próxima crecida. Esa señal de precio es la que hoy no existe: el costo de habitar una zona inundable se difumina entre la obra pública estatal, los subsidios de reconstrucción y la asistencia de emergencia financiada con impuestos de todo el país, de modo que quien decide asentarse ahí no paga el costo pleno de su decisión. Bastiat, en Lo que se ve y lo que no se ve (1850), es el marco exacto para esta distorsión: se ve al evacuado recibiendo el colchón y la vianda del operativo oficial; no se ve al contribuyente de otra provincia que financia, una vez más, un rescate que se repite porque nunca se corrigió el incentivo de fondo.

Ese incentivo repetido tiene nombre en la literatura de elección pública. Buchanan y Tullock, en El cálculo del consenso (1962, cap. 10), muestran que las decisiones de gasto público responden a la lógica de beneficios concentrados y costos difusos: declarar la emergencia, anunciar el operativo de evacuación y prometer la reconstrucción es políticamente rentable en el corto plazo, mientras que invertir en que el riesgo se precie correctamente —lo que implicaría, entre otras cosas, dejar de subsidiar la relocalización en la misma cota inundable— no tiene el mismo rédito electoral inmediato. De ahí que el ciclo se repita idéntico: crecida, evacuación, asistencia, reconstrucción en el mismo lugar, próxima crecida.

Rothbard, en Anatomía del Estado (1974), agrega la pieza que falta: cuando el Estado monopoliza una función —en este caso, la gestión integral de las cuencas, las defensas costeras y el ordenamiento territorial ribereño— elimina la posibilidad de que mecanismos alternativos de provisión, financiados y operados con responsabilidad patrimonial directa, compitan por ofrecer mejor protección al menor costo. No hay forma de comparar si una defensa construida y mantenida por un consorcio de propietarios ribereños con interés directo en no perder su activo funcionaría mejor que la actual, porque esa alternativa está vedada por el diseño institucional vigente.

Conviene examinar la lectura rival antes de descartarla. Una posición extendida sostiene que el cambio climático y El Niño —como ilustra el caso de Ciudad del Este— vuelven estos eventos más frecuentes e intensos, y que por lo tanto se necesita más intervención estatal, no menos, para anticiparlos. El argumento climático sobre la frecuencia del fenómeno es plausible y no es materia de esta columna discutirlo. Pero de esa premisa no se sigue la conclusión de más intervención: si el fenómeno es más frecuente, el precio del riesgo debería ajustarse más rápido, no ocultarse más tiempo detrás de la promesa de rescate estatal. Cuanto más recurrente es el evento, más urgente es que la señal de precio llegue a quien decide dónde vivir y qué construir, en vez de quedar amortiguada una y otra vez por el mismo mecanismo de asistencia que perpetúa la exposición al riesgo.

Quién gana y quién pierde

Pierden, en primer lugar, los habitantes de las zonas ribereñas que confían en que la próxima crecida será contenida por una defensa pública que llega tarde o se financia según el calendario político antes que según el riesgo hidrológico real. Pierde también el contribuyente de otras provincias, que año tras año solventa operativos de emergencia y reconstrucciones que nunca corrigen el incentivo de fondo: se paga el rescate, pero no se paga la prevención.

Gana, en cambio, la dirigencia política local y provincial, que obtiene rédito inmediato y visible al anunciar la asistencia de emergencia, mientras el costo de no haber corregido el ordenamiento territorial ribereño queda diluido entre miles de contribuyentes y diferido hasta la próxima crecida. Gana también, en términos relativos, quien construyó o se asentó en cota inundable sabiendo que el costo pleno de esa decisión —vía seguro con prima de riesgo real o vía valuación de mercado de la propiedad— nunca le fue trasladado, porque el Estado absorbe sistemáticamente la diferencia.

El patrón de fondo es el mismo en Corrientes, en Ciudad del Este y en Añelo: mientras la gestión del riesgo hídrico siga monopolizada y desconectada de cualquier señal de precio, ganará siempre quien pueda politizar la emergencia y perderá siempre quien termine financiándola sin haber participado de la decisión original.