El FMI aplaude el crecimiento de 2027 y exige recortar subsidios hoy

La agenda

El Fondo Monetario Internacional actualizó sus perspectivas sobre la economía argentina y dejó un mensaje con dos capas superpuestas. Por un lado, anticipó una “aceleración muy positiva de crecimiento económico para 2027”, ligada a una recuperación de la demanda interna que, según el propio organismo, tiene fecha estimada en ese mismo año. Por otro, revisó a la baja la proyección de crecimiento para 2026, al tiempo que advirtió sobre riesgos globales que podrían demorar esa trayectoria.

La condición que atraviesa ambos anuncios es fiscal. El FMI pidió a la Argentina recortar más subsidios energéticos como condición para sostener el programa, y habló explícitamente de la necesidad de “preservar avances” en materia de disciplina fiscal. El mensaje combina entonces una proyección optimista de mediano plazo con una exigencia de ajuste inmediato sobre una de las partidas de gasto más sensibles para el bolsillo de los hogares: la energía.

El análisis liberal

Conviene separar dos preguntas que la agenda mezcla pero que son distintas. La primera es epistemológica: ¿qué valor tiene una proyección de crecimiento a tres años en una economía que viene de atravesar shocks sucesivos? La segunda es de incentivos: ¿qué produce, en la estructura de precios y en la conducta de los actores, mantener subsidios energéticos mientras se promete una recuperación futura?

Sobre la primera pregunta, Knight en Riesgo, incertidumbre y beneficio (1921, Parte III, cap. VII) distingue entre riesgo —eventos probabilizables, con distribución conocida— e incertidumbre genuina, que no admite cálculo probabilístico porque no hay precedente suficiente. Una proyección de crecimiento para 2027 no es un lanzamiento de dados con probabilidades conocidas: depende de variables políticas, de la renovación de un programa con el propio organismo que la emite y de shocks externos que el FMI mismo reconoce como riesgo. Acá es donde austriacos y Chicago divergen de modo explícito. La tradición austriaca, heredera del problema del conocimiento disperso que plantea Hayek en El uso del conocimiento en la sociedad (1945), es estructuralmente escéptica de cualquier modelo agregado que pretenda anticipar el comportamiento de millones de decisiones descentralizadas con precisión numérica. Chicago, en cambio, no rechaza el ejercicio de modelización cuantitativa: Friedman, en su conferencia Nobel Inflación y desempleo (1976), defendió el uso de proyecciones basadas en reglas y variables monetarias observables, aunque también advirtió contra la ilusión de ajuste fino. Ninguna de las dos escuelas trataría la cifra de 2027 como una certeza; la diferencia es cuánto peso metodológico le asignan al ejercicio de proyectar.

Sobre la segunda pregunta —los subsidios—, el análisis es menos ambiguo. Mises, en La acción humana (1949, cap. XXX), explica que todo precio sostenido por debajo del nivel que equilibra oferta y demanda no elimina el costo real del bien: lo traslada. En el caso de la energía subsidiada, el costo no desaparece, se reparte entre contribuyentes actuales, deuda futura o emisión, y se oculta la señal que debería guiar tanto el consumo como la inversión en el sector. El consumidor que paga una tarifa artificialmente baja no tiene ningún incentivo para moderar el uso ni para que el sistema atraiga la inversión de capital que una tarifa de mercado convocaría.

Desde la economía política de los incentivos, Buchanan y Wagner en Democracia en déficit (1977) muestran que los subsidios energéticos rara vez se sostienen por un cálculo técnico de bienestar agregado: se sostienen porque recortarlos tiene un costo político concentrado e inmediato —la factura que sube— mientras que mantenerlos tiene un costo difuso y diferido, que paga el conjunto de contribuyentes o las generaciones futuras vía deuda. Eso explica por qué el organismo necesita pedir explícitamente el recorte en cada revisión: el incentivo político local empuja en sentido contrario, y esa tensión no se resuelve con una proyección de crecimiento más optimista para 2027, que no modifica la estructura de incentivos de quien gobierna hoy.

Hay además una dimensión de captura que conviene nombrar. Stigler, en La teoría de la regulación económica (1971), documenta que los esquemas de intervención sobre precios tienden a ser capturados por los grupos mejor organizados para defenderlos, no necesariamente por los más necesitados. En subsidios energéticos masivos, los sectores con mayor capacidad de consumo y de lobby suelen capturar una porción desproporcionada del beneficio nominal, mientras el discurso que sostiene la medida apela a la protección de los sectores vulnerables.

Las lecturas rivales merecen enumerarse antes de cerrar. Una primera lectura sostiene que el recorte de subsidios en medio de una recuperación incipiente de la demanda interna es procíclico y puede frenar la reactivación que el propio FMI proyecta. Una segunda lectura, cercana al discurso oficial, plantea que mantener parte del subsidio es necesario para “preservar avances” sociales mientras madura el ajuste fiscal. Descarto la primera porque confunde el síntoma con la causa: si la demanda interna depende de un precio artificial de la energía para sostenerse, no es una recuperación genuina sino una que requiere financiamiento continuo, exactamente el patrón que generó la necesidad del propio programa con el FMI. Descarto la segunda porque “preservar avances” es una frase del organismo, no una descripción neutra de la medida: lo que preserva, en términos de incentivos, es la demora en corregir una distorsión de precios que, tarde o temprano, alguien tiene que pagar.

Quién gana y quién pierde

Entre los beneficiarios inmediatos del statu quo aparecen los consumidores de mayor consumo energético, que capturan una porción desproporcionada del subsidio nominal aunque el discurso oficial lo presente como protección a los sectores vulnerables. También gana, en el corto plazo, cualquier gestión que evite el costo político concentrado de una tarifa que sube de golpe, trasladando esa factura hacia adelante.

Entre los perjudicados se cuentan los contribuyentes futuros y los tenedores de la moneda local, que terminan financiando vía deuda o emisión el costo que la tarifa subsidiada no refleja hoy. También pierde el propio sector energético, privado de la señal de precios que debería atraer inversión de capital, y pierde la credibilidad del programa con el organismo, que debe insistir revisión tras revisión en el mismo pedido sin que la estructura de incentivos local cambie. En el medio queda la recuperación de la demanda interna que el FMI proyecta para 2027: una reactivación sostenida por precios artificiales no es la misma recuperación que una sostenida por fundamentos, y esa diferencia determinará si el organismo vuelve a pedir, dentro de un año, exactamente lo mismo que pide hoy.