El superávit de septiembre endurece la meta fiscal pactada con el FMI

La agenda

El Gobierno nacional confirmó un resultado fiscal superavitario correspondiente a septiembre, un dato que, lejos de aflojar la presión sobre las cuentas públicas, obliga al equipo económico a profundizar los recortes de gasto para sostener la meta comprometida con el Fondo Monetario Internacional, según informó Ámbito. El medio describe un escenario en el que el cumplimiento del objetivo fiscal pactado con el organismo exige sostener, mes a mes, el ritmo de reducción del gasto público conocido en la jerga política como “la motosierra”.

La nota de Ámbito ubica el resultado de septiembre dentro de una trayectoria de varios meses consecutivos de superávit, que el Gobierno exhibe como ancla de su programa económico y como condición de permanencia del acuerdo con el Fondo. La tensión que describe la agenda no es menor: sostener el equilibrio de las cuentas públicas en los meses siguientes requiere, según la misma fuente, continuar comprimiendo partidas de gasto en un contexto donde buena parte del ajuste ya fue ejecutado en los primeros tramos de la gestión, lo que deja menos margen para recortes adicionales sin tocar áreas sensibles como transferencias a provincias, jubilaciones o empleo público.

El análisis liberal

El hecho verificado —un superávit fiscal que exige sostenerse mediante nuevos recortes— no debe leerse como una anomalía del programa económico, sino como la consecuencia lógica de haber contraído un compromiso de resultado fiscal en un país con una estructura de gasto construida durante décadas de déficit sistemático. Buchanan y Wagner, en Democracia en déficit (1977), explican que el déficit público no es un accidente técnico sino el resultado esperable de los incentivos que enfrenta la clase política: gastar hoy y financiar con deuda o emisión es políticamente rentable, mientras que ajustar implica costos concentrados y visibles. Revertir ese patrón —pasar de déficit crónico a superávit sostenido— exige, necesariamente, deshacer compromisos de gasto que se acumularon bajo la lógica opuesta. La “motosierra” no es una elección estética del Gobierno: es el costo de reconstruir, partida por partida, lo que el proceso político había comprometido sin correlato de ingresos genuinos.

Desde la óptica de Public Choice, Buchanan y Tullock en El cálculo del consenso (1962, cap. 10) ya anticipaban que las decisiones de gasto colectivo tienden a beneficiar a coaliciones concentradas —sectores, provincias, gremios— mientras diluyen el costo entre el conjunto de los contribuyentes. El ajuste fiscal, cuando llega, invierte esa asimetría: ahora es el costo el que se concentra en los beneficiarios directos del gasto recortado, mientras el beneficio —estabilidad macroeconómica, menor riesgo de crisis de deuda— se reparte de forma difusa entre toda la sociedad. Esa asimetría explica por qué cada recorte adicional encuentra resistencia política creciente, aun cuando el resultado agregado —el superávit— sea, en términos macroeconómicos, una condición necesaria para cortar el financiamiento monetario del déficit.

Buchanan, en Principios de deuda pública (1958), agrega una capa relevante: la deuda pública no es gratis ni neutral en el tiempo; traslada el costo del gasto presente hacia contribuyentes futuros. El compromiso con el FMI, en ese sentido, puede leerse como un mecanismo externo que fuerza al Tesoro a internalizar hoy un costo que, de otro modo, el sistema político argentino tiende a postergar indefinidamente. Esa es, precisamente, la función disciplinadora que la literatura de Public Choice atribuye a las restricciones externas: compensan la falta de disciplina fiscal endógena de los procesos democráticos de corto plazo.

Hayek, en El uso del conocimiento en la sociedad (1945), permite entender además por qué este ajuste resulta doloroso y visible: el gasto público asignado por decisión política —y no por el sistema de precios— no responde a una jerarquía de prioridades revelada por quienes pagan los costos, sino a la capacidad de lobby de cada sector. Cuando ese gasto debe contraerse, no existe un mecanismo de mercado que distribuya la reducción según la utilidad marginal perdida; la distribución del recorte vuelve a ser, otra vez, una decisión política, con los mismos incentivos de captura que generaron el problema original.

Aquí conviene señalar una divergencia relevante entre la tradición austriaca y la escuela de Chicago. Para los austriacos —en la línea de Mises en La acción humana (1949, cap. XX)— el problema de fondo es la expansión artificial del gasto y del crédito financiada con emisión, que distorsiona la estructura de producción; el ajuste fiscal es condición necesaria para frenar esa distorsión, con independencia de su costo de corto plazo. La tradición de Chicago, más cercana a la regla monetaria friedmaniana (Friedman, El rol de la política monetaria, 1968), pondría el énfasis en que el objetivo central no es el superávit fiscal por sí mismo, sino evitar la dominancia fiscal sobre la política monetaria: un Banco Central no puede sostener una regla de estabilidad de precios si el fisco sigue demandando financiamiento. Ambas escuelas coinciden en la necesidad del ajuste, pero difieren en el énfasis: unos miran la estructura de producción, otros la restricción monetaria.

Las lecturas rivales del hecho merecen enumerarse antes de concluir. Una lectura sostiene que el ajuste fiscal en un contexto de actividad débil profundiza la recesión al retirar gasto agregado de la economía. Otra sostiene que el costo social del recorte —en jubilaciones, transferencias o empleo público— es moralmente inadmisible sin importar el resultado macroeconómico. Descarto la primera porque asume que el gasto público recortado tenía, en el margen, mayor productividad que el uso privado alternativo de esos mismos recursos, supuesto que la literatura de Public Choice citada arriba pone en duda: buena parte de ese gasto respondía a la lógica de coaliciones, no a la de eficiencia. Descarto la segunda porque traslada al momento del ajuste un costo que en realidad se generó en el momento de la expansión del gasto: el dolor del recorte es la factura tardía de un compromiso contraído sin respaldo genuino de ingresos.

Quién gana y quién pierde

Gana, en el mediano plazo, el conjunto de los tenedores de pesos y el sistema financ