Milei enfrenta fricciones con gobernadores y diputados propios antes de 2027

La agenda

El Gobierno nacional atraviesa un cruce de tensiones simultáneas con dos actores que resultan imprescindibles para cualquier proyección hacia 2027: los gobernadores provinciales y los propios diputados y dirigentes libertarios que integran su espacio. Según reconstruyó Ámbito, las diferencias no se limitan a un reclamo puntual sino que atraviesan la relación entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales respecto del reparto de recursos y la construcción de alianzas electorales, al tiempo que conviven con fricciones internas dentro del bloque libertario en el Congreso.

La nota describe un escenario en el que el armado político de cara a la próxima elección presidencial se complica por la superposición de reclamos: gobernadores que buscan garantías sobre fondos y autonomía de gestión, y una “tropa propia” que disputa espacios de poder y lugares en las listas, según el mismo relevamiento de Ámbito. El resultado, señala la fuente, es un Gobierno que negocia en simultáneo en dos frentes —el federal y el partidario interno— sin una estructura orgánica que absorba esos costos de coordinación, justo cuando la oposición intenta capitalizar cualquier signo de fragmentación oficialista.

El análisis liberal

El fenómeno que describe la agenda tiene nombre técnico en la tradición de la elección pública: es un problema de costos de transacción política. Buchanan y Tullock, en El cálculo del consenso (1962, cap. 10), explican que toda decisión colectiva requiere armar una coalición cuyo tamaño determina el costo de negociación: cuantos más actores con poder de veto —gobernadores con bancas propias, bloques legislativos fragmentados—, más alto el costo de alcanzar cualquier acuerdo estable. Un gobierno que llegó al poder sin estructura partidaria territorial propia paga ese costo de manera más aguda que uno asentado en un partido tradicional, porque carece de los mecanismos de disciplina interna —cargos, obra pública, intendencias— que normalmente bajan el costo de la negociación.

Ese mismo marco explica la lógica de los gobernadores. No es una anomalía moral que un mandatario provincial condicione su apoyo legislativo a la discusión de recursos: es la conducta esperable de un actor racional que administra un presupuesto cuya principal fuente de ingresos no la recauda él mismo. Buchanan y Wagner, en Democracia en déficit (1977), muestran que cuando el vínculo entre quien gasta y quien paga el costo tributario se diluye —como ocurre en cualquier esquema de transferencias desde la administración central hacia las provincias—, el incentivo de cada gobernador es maximizar la transferencia recibida y minimizar el costo político de reclamarla. El conflicto entre Nación y provincias no es, entonces, un choque de personalidades: es el resultado previsible de una arquitectura fiscal donde el que gasta no es, en los márgenes, el que recauda.

La tensión con la “tropa propia” agrega una segunda capa, más cercana al análisis de la búsqueda de rentas que describe Tullock en Los costos de bienestar de aranceles, monopolios y robo (1967): cuando el acceso a una lista legislativa o a un cargo depende de la cercanía con la conducción y no de reglas partidarias estables y conocidas de antemano, los dirigentes invierten recursos en disputar esa cercanía en lugar de construir territorio o votos genuinos. Ese desgaste interno no se ve en una encuesta de imagen, pero consume la misma energía política que debería destinarse a sostener la agenda legislativa.

Desde una lectura austriaca, el ángulo es distinto pero complementario. Hayek, en El uso del conocimiento en la sociedad (1945), argumenta que el conocimiento sobre circunstancias particulares de tiempo y lugar está disperso y es inaccesible para cualquier centro único de decisión. Aplicado a la política federal, esto implica que los gobernadores no son solo actores con apetito fiscal: también poseen información sobre sus territorios —qué funciona, qué genera rechazo, qué sostiene una elección— que la conducción nacional no tiene y no puede replicar por decreto. Un armado que intenta imponerse desde arriba sin incorporar esa información local tropieza no solo con resistencia de intereses, sino con un déficit genuino de conocimiento. Alberdi, en Bases y puntos de partida (1852), ya advertía sobre esta tensión estructural del diseño institucional argentino: un sistema federal mal balanceado entre autonomía provincial y autoridad central produce fricciones recurrentes que no se resuelven con un liderazgo más enérgico, sino con reglas de juego más claras y estables entre ambos niveles.

Conviene enumerar las lecturas rivales antes de quedarse con una. La primera atribuye la tensión a un estilo de conducción personal, a una supuesta incapacidad de Milei para “tejer” acuerdos políticos. La segunda la explica como un problema de outsider sin partido, que llegó al poder sin la estructura territorial que amortigua estos costos en cualquier fuerza tradicional. La tercera —la que sostengo aquí— integra ambas sin reducir el conflicto a una cuestión de personalidades: el costo de coordinación es estructural y previsible dado el diseño institucional, pero la ausencia de un partido con reglas internas estables lo agrava. No se trata de elegir entre explicación personal o institucional, sino de reconocer que la segunda potencia a la primera. Un liderazgo más hábil para negociar podría amortiguar el costo, pero no eliminarlo, porque el problema de fondo —la multiplicidad de actores con poder de veto y la falta de mecanismos partidarios de disciplina— persiste más allá de quién ocupe la Casa Rosada.

Quién gana y quién pierde

En este esquema, los gobernadores con mayor capacidad de bloqueo legislativo o electoral son quienes más ganan en el corto plazo: su posición de veto les permite negociar recursos y autonomía de gestión sin asumir el costo político de romper abiertamente con el Ejecutivo. Pierden, en cambio, los sectores del propio espacio libertario que carecen de peso territorial propio y dependen exclusivamente de la cercanía con la conducción nacional para sostener su lugar en listas o cargos: cuando las reglas internas no están claras, son los dirigentes sin bases propias los que quedan más expuestos a cualquier reacomodo. El Gobierno nacional, por su parte, pierde margen de maniobra en ambos frentes simultáneamente, lo que erosiona su capacidad de sostener una agenda legislativa propia de cara a 2027. Y la oposición, sin necesidad de proponer una alternativa propia, se beneficia de cada episodio de fricción interna que pueda exhibir como evidencia de fragmentación oficialista.